Activista asesinada había denunciado amenazas

Josefina Reyes Salazar, la activista de derechos humanos a quien asesinaron el domingo, ya había sido amenazada de muerte en varias ocasiones por desconocidos.

Desde entonces presentó denuncia de hechos ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República y en la Subprocuraduría de Justicia del Estado, zona norte, pero en ninguna de las dos instancias investigaron el caso.

Con Josefina Reyes, son siete los activistas y personas vinculadas a la defensa de los derechos constitucionales que matan en el estado de Chihuahua durante los últimos dos años, con pretexto de la guerra entre bandas de narcotraficantes.

Este martes en la mañana se llevaron a cabo las honras fúnebres de Reyes Salazar, a la que llevaron a enterrar en Guadalupe, Distrito Bravo, poblado del Valle de Juárez situado a 60 kilómetros al este de la ciudad.

Sus hermanos, cinco, dieron a conocer que toda la familia tuvo que abandonar su lugar natal donde tienen casas y trabajo, por las amenazas en su contra de presuntos integrantes del crimen organizado, actividad a la que ellos niegan pertenecer.

En el poblado donde fue la última morada de Josefina Reyes Salazar, ella fundó el Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez, que tenía presencia en la zona.

Los parientes de la activista recordaron que a principios de la semana pasada acudieron su hermana y Cipriana Jurado ante un Fiscal Militar en la Guarnición Militar de la Plaza en esta frontera, en donde trataron el caso de los expedientes por la muerte de Saúl Becerra y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga.

Los casos fueron documentados por Amnistía Internacional, en los que se implica al Ejército en nuevos informes de violaciones de derechos humanos.

Las mujeres fueron presionadas y acosadas para que abandonaran la defensa.

En vida, Reyes Salazar, de 54 años de edad, denunció que "el año pasado, el 21 de agosto a las 5 tarde, fue detenido por miembros del Ejército mexicano su hijo Miguel Ángel, de 26 años, además de otros jóvenes que también fueron detenidos mientras se encontraban lavando un automóvil".

Después de varios días, tres de ellos en huelga de hambre, el Ejército dejó libre a su hijo, pero en noviembre del 2009 lo arrestó presuntamente por ser narcotraficante y guardaespaldas de un pasador de drogas a los Estados Unidos, delitos que no le han demostrado en el expediente.