Acusan a Leyzaola de crear secuestro para acusar a federales

El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola, quien fue distinguido apenas hace un par de días por la Revista Quién, como uno de los 50 Hombres que Mueven a México, fue involucrado en un juicio penal por fabricar, alterar o simular elementos de prueba para incriminar a dos agentes de la Policía Federal Preventiva como presuntos secuestradores.

El hecho se dio a principios del mes de noviembre, los días dos y tres, cuando la señora María Elena Pedroza Olivas le confesó a su empleadora, la señora Claudia Ivonne García Montaño, que le había estado robando joyas por espacio de un año, siendo la última un reloj de la marca Cartier con valor de 15 mil dólares, el cual empeñó por $28 mil.

La afectada tomó a su empleada doméstica, y acompañada de dos hombres, uno de ellos de nombre Alberto Rosas, acudieron a las casas de empeño para recuperar las joyas, enterándose que el monto total de lo que había obtenido por las mismas era de 5 mdp.

Según se dio a conocer en un principio, la mujer afectada llevó a su empleada al hotel del cual es dueña, y la encerró en una habitación, siendo custodiada por los dos hombres que resultaron ser agentes federales, quienes llamaron al esposo de la María Elena Pedroza, de nombre Antonio Estrada, para exigirle que juntara la cantidad de 5 mdp que debía, para que pudiera ser ésta puesta en libertad.

El esposo dio aviso inmediato a las autoridades municipales, informándoles lo sucedido, y que incluso habían amenazado con privarla de la vida si no entregaba dicha cantidad de efectivo.

Y gracias a la intervención de los policías municipales se logró la detención de los hombres y de la dueña del hotel, así como la liberación de la mujer secuestrada el día tres de noviembre.

Fue el encargado del hotel quien al llegar los polimunicipales, les abrió las puertas de las habitaciones del lugar, hallando en la número 112 a María Elena Pedroza, quien dio a los agentes las características de los hombres que se encontraban custodiándola, procediendo a la detención de los mismos y de la dueña del hotel cuando descendían de un vehículo negro.

Al revisárseles, se les encontraron identificaciones de agentes activos de la Policía Federal, por lo que éstas les fueron aseguradas y se les detuvo.

Esto es lo que indica la versión que se dio en un principio, sin embargo, según declaraciones que obtuvo la Fiscalía al hacerse cargo del caso, se descubrió que no había sido de esta manera.

En primer lugar, el encargado del hotel mencionó que él vio a María Elena Pedroza el día dos de noviembre, y que la volvió a ver el día siguiente cuando los policías municipales entraron con ella al hotel luego de que le pidieran abrir las habitaciones del hotel para buscar a una víctima de secuestro, para que identificara a dos hombres que habían detenido ahí.

El hombre identificó a los dos detenidos como Alberto Rosas y Adrián, quienes tenían tres meses hospedados tres meses en el hotel, y a su jefa, la dueña del mismo, e indicó que los municipales golpearon a los tres detenidos y realizaron destrozos en el inmueble, llevándose incluso el dinero de la caja.

Posteriormente, refirió, regresaron los policías y mediante amenazas le hicieron firmar dos hojas en blanco, en las cuales plantearon una declaración que él reconoció como falsa al ser entrevistado por el agente del Ministerio Público.

El día siete de noviembre declararon María Elena Pedroza y su esposo, quienes tras ser informados de las penas en caso de falsear declaraciones, accedieron a decir la verdad.

La mujer quien fue presuntamente secuestrada por los agentes federales refirió que nunca fue privada de la libertad, sino que ella lo que quería es solucionar lo del robo de las joyas que cometió, y mencionó que cuando su esposo llegó con los policías municipales, ella le pidió que no hicieran nada, pero que fueron los mismos elementos quienes les dijeron lo que tenían que decir en su declaración.

Dijo que fueron ellos quienes le pidieron que no dijera nada del robo, que lo manejarían como secuestro, amenazándola con el hecho de que ella tenían su teléfono celular y su credencial de elector, para que así los perjudicados fueran los agentes federales y no ella.

Por su parte, el esposo de la mujer señaló que en efecto, había mentido al declarar que María Elena Pedroza había sido secuestrada, pero que lo habían sido los municipales quienes le exigieron seguirles la corriente con que era un secuestro.

La dueña del hotel, Claudia Ivonne García Montaño, mencionó que ella y su empleada anduvieron los días dos y tres de noviembre en las diversas casas de empeño rescatando las joyas que le faltaban, en compañía de dos agentes federales que estaban hospedados desde hacía tres meses en el hotel, luego de que su empleada le confesara el robo, y que incluso al ir a recoger papeletas de empeño a su domicilio halló ahí algunas de sus pertenencias.

Y tras informar de lo sucedido al esposo de María Elena y que este quedara de acuerdo en juntar con la familia algo de dinero para pagar la deuda del robo, ésta accedió a quedarse en el hotel de manera voluntaria.

El día siguiente, el tres, tras recorrer de nueva cuenta las casas de empeño, volvieron al hotel, donde ya estaban los municipales buscando a los presuntos secuestradores, y al bajarse del automóvil, fueron detenidos por éstos, golpeando los polimunicipales a los federales.

Posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal estación Aldama, donde los encerraron en un cuarto, hincados, y donde continuaron golpeándolos.

Al lugar llegó el Secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola, quien tras ordenarle a los federales que mantuvieran la mirada abajo, los golpeó, y al llegar con ella, la obligó a que lo viera, le preguntó si sabía quién era él, y la abofeteó, aventándole la cabeza contra la pared, y se rió.

Además, señaló que durante su estancia en esas instalaciones, los siguieron golpeando y robándoles sus pertenencias.

Por tal motivo, la Fiscalía General del Estado iniciara una investigación en contra de los policías municipales que intervinieron en el caso por los delitos de abuso de autoridades y uso ilegal de la fuerza pública.

Asimismo se iniciará una investigación por los delitos en el ámbito de la procuración de justicia, al desprenderse responsabilidad de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública por fabricar, alterar o simular elementos de prueba para incriminar a una persona.