Arma PRI frente nacional contra ’narcoescándalos’

México.- Dirigentes nacionales, gobernadores y legisladores federales del PRI acordaron ayer cerrar filas y exigir a las autoridades federales que no utilicen investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada o la corrupción para golpear al tricolor con fines electorales.

Durante una encerrona de más de tres horas en la sede nacional del tricolor, los mandatarios expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se repita el escenario del llamado "michoacanazo", donde la Procuraduría General de la República (PGR) aprehendió a funcionarios locales antes de las elecciones en esa entidad.

"Queremos que el Gobierno federal y todas las instancias de seguridad pública se comporten a la altura del tema que manejan. Nosotros creemos que es suicida y que es destructivo de un Estado democrático manipular los temas de la inseguridad con ánimos electorales", advirtió el vocero del PRI, David Penchyna.

"Creemos que ante los quemones que han ocurrido en ese tema, como el caso de Michoacán, ya hayan aprendido. Nos parece de la mayor relevancia, y así se dijo ahí (en la reunión), que la aplicación de la justicia, los procesos de persecución, los señalamientos de corrupción, de involucramiento de autoridades con la delincuencia organizada tienen que ser observados y aplicados estrictamente en apego a la ley, porque no deben de tener ni ritmos electorales ni manipulación normativa", añadió Penchyna.

Luego del encuentro privado, el vocero aseguró que la exigencia de los priístas es que se respete el marco legal.

Reveló que los gobernadores expresaron ante el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, su molestia por el manejo dado a la estrategia nacional de combate al narcotráfico.

Se quejaron incluso de que el Gobierno federal ni siquiera los toma en cuenta para decidir el despliegue de las fuerzas armadas federales en sus territorios.

Se lanzaron en contra de los criterios que aplica el Sistema Nacional de Seguridad Pública para evaluar a sus policías y mandos, ya sean estatales y municipales.

Penchyna anunció que el PRI exigirá una revisión y hasta el replanteamiento de las acciones de certificación.

"Hay preocupación porque muchos de los criterios de evaluación de los funcionarios, de los policías, los comandantes, son criterios de evaluación hechos unilateralmente que no tienen lógica y que no sabemos quién los va a evaluar a ellos. Así como se exigen la evaluación de funcionarios estatales y municipales, queremos saber si se están haciendo en todos los mandos federales", expuso el también diputado priísta.

Critican mandatarios reforma política

La reforma política, hoy congelada en la Cámara de Diputados, dividió de nuevo al tricolor.

Los gobernadores priístas criticaron ayer parte de las modificaciones constitucionales y legales aprobadas por el Senado, particularmente en materia presupuestal.

Durante una reunión con la dirigencia nacional del PRI y frente a los coordinadores parlamentarios, los gobernadores de manifestaron en contra de que su bancada en San Lázaro apruebe la llamada reconducción presupuestal y la facultad de otorgar al presidente de la República la facultad de veto sobre el gasto de cada año.

Luego de reconocer que la discusión de la reforma política es uno de los pendientes más complejos a negociar, el vocero de la dirigencia priísta, David Penchyna, explicó que varios mandatarios expresaron su preocupación sobre el contenido de la minuta que fue impulsada por Manlio Fabio Beltrones en el Senado.

"Se cuestionó mucho por parte de las entidades federativas la viabilidad de la reconducción presupuestal, que significa que el Presidente puede vetar el Presupuesto y entonces aplicaría el Presupuesto del año anterior.

"Varios Gobernadores manifestaron no estar a favor de esa reforma porque de por sí, ya con la facultad presupuestal que tienen nos hacen trampa con los presupuestos de cada año, pues darles la reconducción tal vez sería algo que nulificaría la posibilidad de que los recursos del presupuesto llegaran a las entidades y a los municipios", aseveró.

Según Penchyna, los priístas alcanzaron un acuerdo para avanzar en las reformas pendientes, pero no sólo las que le interesan al Presidente Felipe Calderón, sino las que también son prioridad de su partido.

Además, los priístas acordaron poner marcaje personal a los aspirantes presidenciales del PAN que realizan activismo en el país.

Las dirigencias estatales del PRI serán las responsables de documentar si los funcionarios, calificados como "de medio tiempo", violan el marco legal.