Avala Sagarpa subsidio a capo

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Alimentación y Pesca (Sagarpa) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que le “confirme formalmente” si Juan Reza Sánchez, Juanito, identificado por el gobierno federal como operador de La Familia Michoacana, es la misma persona que recibió apoyos de Procampo, incluso durante el presente año.

En un comunicado, la dependencia afirmó que mantiene una estrecha colaboración con la PGR y las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional para satisfacer sus requerimientos de información sobre los programas que se operan y beneficiarios sujetos a algún tipo de investigación judicial.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a revisar con “cuidado y dedicación” la relación de beneficiarios de programas sociales federales para evitar que representantes del crimen organizado accedan a ellos de manera impune.

El titular de la Segob, Francisco Blake Mora, dijo que “de ninguna manera el gobierno federal ni el Estado mexicano han planeado que estos programas sean para beneficiar” a quienes están al margen de la ley.

La declaración de Sagarpa contrasta con la publicación de EL UNIVERSAL, pues de acuerdo con el expediente PGR/SIEDO/DG/3075/2009, fue la misma dependencia, vía la Dirección de Control Presupuestal, la que entregó documentación a agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), acreditando que Juan Reza Juanito, recibió los beneficios del programa Apoyo de Procampo Tradicional, Registro Alterno y Capitaliza, en el ciclo-primavera verano 2009.

La PGR ofrece actualmente 5 millones de pesos de recompensa por Reza Sánchez, Juanito, a quien identifica como la mano derecha de Jesús Méndez Vargas, El Chango, máximo líder de La Familia Michoacana.

Sin confirmar liberación de recursos

La ficha criminal de la PGR sobre Juanito informa que este hombre está por cumplir 48 años y es originario del municipio de Apatzingán, y que su tarea principal dentro del cártel es organizar el lavado de dinero mediante grupos musicales, palenques, ferias y bailes.

Funcionarios de la dependencia indicaron que en el padrón del año 2010 el nombre de Reza Sánchez puede seguir vigente, debido a que la investigación que se sigue no ha concluido y por lo tanto no es posible darlo de baja.

Rechazaron además aclarar si eso implica que se hayan liberado los apoyos de ese programa en el año 2010.

Este diario pudo corroborar que Juan Reza Sánchez aparece también en el padrón del ciclo primavera-verano 2010, del mismo programa para Michoacán, en Parácuaro, con un apoyo de 37 mil 989 pesos para sembrar 30 hectáreas de grano de maíz.

La Sagarpa también informó que desde el año 2009 el organismo de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria canceló los apoyos a los propietarios de 18 predios que “fueron vinculados con actividades ilícitas”, sin embargo, establece que hasta que la PGR no confirme si se trata de la misma persona no se puede proceder en su contra, conforme a la ley.

Precisa la secretaría que “la entrega del apoyo se suspende y cancela cuando los beneficiarios incumplan con las reglas de operación o las regulaciones agrícolas, pecuarias, forestales o de uso de agua; se carezca de un documento en su Expediente Único; se solicite el apoyo sobre un predio en litigio; se impida la verificación del predio y cuando se siembren cultivos ilícitos, entre otras disposiciones jurídicas”.

Recuerda que Procampo surgió en 1993 como un mecanismo de transferencia de recursos en apoyo a la competitividad de los productores en un contexto de apertura comercial y actualmente tiene una cobertura de 2.7 millones de productores en el país con una superficie de aproximadamente 14 millones de hectáreas.

El 76.8% de las unidades de producción apoyadas tienen una superficie hasta de cinco hectáreas.

Dice que desde 2003, Agricultura hace públicos los nombres de todos los beneficiarios de sus programas, a través de su página electrónica, y envía al Congreso de la Unión, trimestralmente los informes respectivos, en cumplimiento de las disposiciones que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. “La información es pública por disposiciones legales y cumple con los criterios de transparencia y rendición de cuentas”.