Reformas contra candidatos del narco

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó reformas legales que sancionan a los candidatos y precandidatos a puestos de elección popular que reciban apoyo del narcotráfico.

También se aprobaron reformas para tipificar el narcoterrorismo con penas de 10 a 50 años de prisión.

Los dictámenes de ambas reformas serán presentados ante el Pleno de la Cámara baja para su discusión y aprobación en las últimas sesiones del periodo ordinario, que concluirá el 15 de diciembre.

En materia de narcoterrorismo, se aprobó una reforma al artículo 139 del Código Penal Federal que impondrá prisión de 10 a 50 años y hasta 2 mil días de multa al que realice actos contra personas, cosas o servicios públicos utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento.

Esto, con el fin de provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional, intimidar a la sociedad, así como difundir sus actividades o posturas ideológicas o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

El dictamen señala que tal reforma contra el narcoterrorismo es respuesta a acciones que la delincuencia organizada ha llevado a cabo, como el estallido de granadas en Morelia, la explosión de carros bomba en Ciudad Juárez o ataques a medios de comunicación en Nuevo León.

El diputado Arturo Zamora, autor de la iniciativa, destacó que esta reforma servirá para cerrar los espacios de impunidad en que opera la delincuencia organizada.

Respecto a la sanción a los narcocandidatos, la Comisión de Justicia aprobó también reformas al artículo 406 del Código Penal Federal para sancionar con uno a nueve años de prisión, y de 200 a 400 días de multa, a quienes se financien campañas políticas con fondos provenientes de actividades ilícitas.

"A quien obtenga o utilice a sabiendas y en su calidad de candidato o precandidato, por sí o por interpósita persona fondos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas para su campaña o precampaña electoral se le impondrán uno a nueve años de prisión, y de 200 a 400 días de multa", cita la reforma.

En materia electoral, se añade el concepto de precandidato dentro de las sanciones del 406 cuando los servidores públicos obliguen a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir votos a favor del aspirante.

Igualmente, a quienes condicionen la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato.

Similar pena se aplicará a quien destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, aeronaves, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político, de un candidato o precandidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado.

Finalmente, en el artículo 412 se estableció prisión de dos a nueve años al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas, aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios.

Agencia Reforma