Buscan apoyar a discapacitados en bancos

El Senado de la República turnó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público la iniciativa para reformar diversas disposiciones bancarias y de seguros, tendientes a evitar la discriminación que sufren alrededor de diez millones de usuarios de servicios financieros con discapacidades diferentes, que sufren por una “lista negra” de afectaciones como el VIH, diabetes y cáncer.

La iniciativa, que prevé cambios en las leyes de Instituciones de Crédito, Federal de Instituciones de Finanzas, General de Instituciones de Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Comisión Bancaria y de Valores y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, reafirma los derechos de personas con alguna discapacidad física para solicitar en igualdad de condiciones un seguro de gastos médicos o de vida.

Ante el pleno del Senado, el legislador panista Rafael Díaz Ochoa, aseguró que no se busca que estos negocios dejen de ser rentables, “simplemente lo que se quiere es que las personas con discapacidad sean consideradas para adquirir ese tipo de servicios, quedando en función de su capacidad económica el acceso definitivo al seguro, crédito o fianza”, explicó.

En las propuestas de reforma, apoyadas por los senadores del PAN, María Teresa Ortuño Gurza y Guillermo Tamborrel Suárez, se destacó que de los 10 millones de personas con discapacidad en México, cerca de 2.3 millones presentan una discapacidad severa.

Derivado de ello, la propuesta del blanquiazul plantea que se establezca en la Ley de Instituciones de Crédito la prohibición expresa para que en las operaciones que realicen las instituciones de crédito con motivo de la prestación de los servicios financieros y operaciones, no se supedite o nieguen tales servicios por cuestiones de discapacidad en los usuarios o solicitantes, sino, en su caso, por cuestiones relativas a la solvencia económica.

En tal sentido, se deberá garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso, en circunstancias de igualdad de condiciones, a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, tal como se ofertan al resto de las personas.

En cuanto a la Ley Federal de Instituciones de Finanzas se trata de establecer de forma expresa que las instituciones afianzadoras tengan prohibido supeditar o negar la prestación u otorgamiento de sus servicios a los solicitantes o usuarios que vivan con alguna discapacidad.

En la reforma planteada para la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, se plantea también evitar la prestación de servicios de seguros, a fin de evitar que tengan lugar situaciones que impliquen conductas discriminatorias, sobre todo en los temas calificados por las aseguradoras como “riesgo prohibido”, que regularmente rechaza afectaciones físicas de una “lista negra”: la arterioesclerosis, la apoplejía, la ceguera absoluta, el cáncer, la diabetes, la epilepsia, la neurastenia, las enfermedades medulares, cardiacas y cerebrales, la parálisis o la tuberculosis.

Para la Ley de la Comisión Bancaria y de Valores, los senadores del PAN sugieren modificar el primer párrafo del artículo cuarto la fracción IX de dicho legislación, a fin de cambiar el término actual de "procurar" -mismo que llega a ser subjetivo en su alcance-, para establecer el término de "garantizar" los servicios de la banca nacional a personas con discapacidad.

Con ello se logrará “garantizar” que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sea coadyuvante en la institucionalización de medidas tendientes a respetar el derecho de las personas a la no discriminación y en especial de las personas con discapacidad a poder ocuparse y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero.

Por lo que respecta a los cambios planteados en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de servicios Financieros, los legisladores plantean darle la facultad a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para intervenir particularmente dentro de los procedimientos de conciliación y arbitraje previstos en dicha ley.

“Aunado a lo anterior, lo que la Iniciativa pretende es que las instituciones financieras volteen a ver a ese sector de población, les presten servicios en las mismas circunstancias que al resto de las personas y que en ningún caso el vivir con una discapacidad implique la negación de un servicio o la adhesión a los contratos”, apuntó el senador Díaz Ochoa.