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Martes 27 de septiembre de 2011

Calderón entra al debate por tema del aborto

Somete a aprobación del Senado modificar los términos en que se firmó el Pacto de San José relativo a la protección de la vida


Somete a aprobación del Senado modificar los términos en que se firmó el Pacto de San José relativo a la protección de la vida

Distrito Federal ─El presidente Felipe Calderón recordó ayer, en medio del debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al aborto, la protección al derecho a la vida desde la concepción como potestad de los estados en sus legislaciones, acorde a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y a la cual México se adhirió en 1981.

Mediante un comunicado, la residencia oficial de Los Pinos informó que el mandatario sometió a la aprobación del Senado la decisión de retirar la Declaración Interpretativa formulada por México respecto del párrafo primero del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con lo cual México refrenda un compromiso con el derecho a la vida como un bien jurídicamente tutelado por el Derecho mexicano.

Sin mencionar la discusión en la Corte, el comunicado señala que “la Convención prevé que la ley protegerá, en general, el derecho a la vida a partir del momento de la concepción”.

Según Los Pinos, la legislación civil y penal ordinaria pueden preservar agravantes, atenuantes o excluyentes de responsabilidad respecto de los tipos penales con los que se tutele el derecho a la vida, con pleno respeto a la soberanía de los estados de la federación.

La Declaración Interpretativa, formulada por México al depositar el instrumento de adhesión el 24 de marzo de 1981, fue en el sentido de que dicha disposición no constituye obligación de legislar para proteger la vida desde la concepción, dejando claro que los estados conservan el derecho de prever excepciones en su legislación, como es el caso de excluyentes de responsabilidad en casos de aborto”.

Los Pinos precisó: “México ha asumido plenamente el reconocimiento de los derechos humanos contemplados en tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y entre ellos el derecho a la protección de la vida, que es un bien jurídicamente tutelado por nuestra legislación, tanto federal como local”.

Sostuvo que al retirar la Declaración Interpretativa, “México refrenda un compromiso con el derecho a la vida como un bien jurídicamente tutelado por el Derecho mexicano”.

El boletín emitido anoche recordó que con la reciente reforma a la Constitución, promulgada el 10 de junio de 2011, se reconocen los derechos humanos previstos en tratados internacionales de los que México es parte con el mismo nivel de protección que los contenidos en la Carta Magna.

Además, establece los principios de interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, “por lo que no tiene sentido mantener la Declaración Interpretativa”.

“Es importante destacar que la decisión del Ejecutivo federal debe ser aprobada por la Cámara de Senadores para proceder al retiro formal de la Declaración Interpretativa”, puntualizó.

Opinan PAN y Segob

El PAN se congratuló por la decisión del presidente Calderón de someter a la aprobación del Senado el retiro de la Declaración Interpretativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su líder, Gustavo Madero, saludó este hecho debido a que la aprobación del retiro de la Declaración, que en su caso haga la Cámara de Senadores, contribuirá a la defensa por parte del Estado mexicano de los derechos humanos, en especial del derecho a la vida.

Por su parte, Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, criticó el proyecto del ministro Fernando Franco González que pretende invalidar las reformas constitucionales de Baja California y San Luis Potosí para defender el derecho a la vida desde la concepción.

En un desplegado dirigido al pleno de ministros, a título personal y como servidor público, afirmó que dicha propuesta “hace malabares argumentativos para intentar concluir que los niños y niñas que se encuentran en el vientre de sus madres no son seres humanos”.

Sin contar con personalidad jurídica, el subsecretario aseguró que el principal problema del proyecto que propone el ministro “estriba en la contraposición absoluta de derechos”, y que en “el caso que nos ocupa, la salida que se propone se traduce en institucionalizar el ‘derecho’ para matar seres humanos”.

Dijo que le inquieta que se haga un análisis de la normatividad limitado y parcial.