Calderón niega fuero al narco

Una advertencia marcó el inicio del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el mensaje inaugural a cargo del presidente Felipe Calderón Hinojosa: No habrá fuero político que valga frente a los traidores que, desde las instituciones del Estado, ahora cobijan a los delincuentes.

En lo que fue la única intervención pública presidencial de la sesión, el mandatario federal definió que la infiltración del crimen organizado en instancias de gobierno es “el verdadero problema”.

Y se dirigió en un inicio al panista Marco Antonio Adame Castillo, gobernador de Morelos; al perredista Leonel Godoy Rangel, mandatario de Michoacán, y al priista Natividad González Parás, gobernador de Nuevo Léon, tres entidades donde se realizaron operativos militares de los últimos días.

“Sé que a todos nos preocupan los acontecimientos recientes. Las pesquisas llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República están corroborando la existencia de redes de cobertura y protección al crimen dentro de las propias instancias de gobierno, que ese es el verdadero problema”, planteó de entrada el Ejecutivo federal.

“Externo, tanto a los gobernadores como a los ciudadanos de estados como Morelos, Michoacán o Nuevo León que, al igual que ustedes, estaré pendiente de que se aplique la ley con justicia y sin distingos”, ofreció Calderón.

En Palacio Nacional, con los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el perredista Marcelo Ebrard Casaubon, admitió que existen divergencias entre la Federación y las entidades sobre los operativos a cargo de fuerzas armadas que derivaron en detenciones de funcionarios estatales y municipales.

“Más allá de las comprensibles diferencias de opinión, respecto de estas acciones, en lo que estoy seguro coincidimos es en la imperiosa necesidad de romper las redes de complicidad y cobertura que el crimen ha venido tejiendo en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, lo mismo en el orden federal que en el estatal o municipal, y sin distingo del origen político-partidista de los gobernantes”, describió.

Reconoció el Presidente que el alcance del poder corruptor de la delincuencia es un problema endémico que capturó ya a las instituciones básicas de la república, los órganos de seguridad y de procuración de justicia, a diversas instancias del gobierno, pero también a nivel municipal.

Y se describió dispuesto a atacar a estos “enemigos”, que consideró “una grave amenaza a la sociedad, un desafío directo a la sociedad”, que pone en juego el futuro de la democracia, sus instituciones representativas y la capacidad del país para alcanzar el desarrollo “por la vía de la legalidad.

“En esta lucha no hay lugar para titubeos, divisiones ni deslealtades; quien traicione desde el servicio público la confianza de la sociedad y decida servir a los criminales y no a los mexicanos, tiene que saber que no habrá fuero partidista o consideración política alguna que lo libre de la acción de la justicia”, alertó Calderón.

Lamentó que la complicidad entre servidores públicos y delincuentes sea resultado de la errática idea de que el problema del crimen organizado era un asunto manejable o inevitable, sin consecuencias para la vida cotidiana.

“Ahora estamos pagando los costos de años de permisividad y tolerancia ante la criminalidad. El arreglo tácito o en algunos casos explícitos entre instituciones de seguridad y delincuentes, fue acrecentando la impunidad, fruto ésta de la corrupción o del miedo o de ambos”, señaló el mandatario.

Habló de la necesidad de “perseverar en una estrategia coordinada”, y se refirió a la obligatoriedad de la misma, ahora establecida en la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La consideró “fundamental” para cerrarle espacios a la impunidad que “una mala entendida división de competencias pudo haber generado”.

Enumeró los avances alcanzados a diez meses de la firma del Acuerdo Por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad: cambios legislativos, la captura de 13 delincuentes peligrosos, la disminución de homicidios violentos en entidades donde se desplegaron fuerzas federales, el reforzamiento de “la ofensiva” contra el secuestro y la evaluación de “control de confianza” en 60% de los servidores públicos federales vinculados a la seguridad.

En cuanto a los pendientes, pidió a los gobernadores acelerar el paso en la depuración de las instituciones amenazadas por la complicidad, pues, dijo, el apoyo de las fuerzas armadas es subsidiario.