Chihuahua: ¿un territorio colapsado?

El senador Ramón Galindo Noriega lanzó una serie de críticas al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, por lo que llamó “una grave cadena de inacciones” en el caso Le Barón, que culminó con el trágico asesinato del líder de la comunidad mormona en aquella entidad, Benjamín Franklin Le Barón, y de su cuñado, Luis Carlos Whitman.

El legislador albiceleste aseguró que “hoy, los chihuahuenses no tienen más incentivos para creer en sus instituciones, pues clamar justicia ante las autoridades ha dejado de ser una vía confiable; por el contrario, hacerlo es una llamada segura a la muerte, pues no hay manera de saber si a quienes acudimos son amigos o enemigos”.

Es por ello, dijo, que “éste es un buen momento para que el Ejecutivo estatal lleve a cabo un ejercicio de autocrítica y decida si aún está en condiciones de encabezar el gobierno de Chihuahua”.

Añadió que las intervenciones de la Procuraduría General de la República, así como del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos “es una evidente demostración de que el gobernador Baeza ha perdido toda capacidad de llevar a cabo sus obligaciones constitucionales, particularmente aquellas que versan sobre ofrecer plena seguridad a sus gobernados”.

En este sentido, manifestó que, en las circunstancias actuales, “no resulta descabellada la idea de que tanto el gobierno federal como el local soliciten formalmente la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas en materia de seguridad, pues hay que reconocer que Chihuahua se aproxima a convertirse en un territorio colapsado”.

Galindo fue más allá al referir que “la erosión del tejido social en la entidad tiende a propiciar que se multipliquen los ajusticiamientos por propia mano, pues la falta de acceso a la justicia y a la seguridad potencia la búsqueda de ambos elementos a través de formas alternativas altamente peligrosas para la estabilidad del país, riesgo que debe ser considerado con seriedad para no provocar daños mayores”.

Por lo pronto, aseveró, “es menester que se refuercen los mecanismos de protección a los activistas que continúan recibiendo amenazas de muerte, así como acelerar las investigaciones de los homicidios de Le Barón y Whitman, con el propósito de castigar cuanto antes a los responsables”.