Noticias de Chihuahua, Chih., a Lunes 18 de noviembre de 2019

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Terminan carretera a Eloy Vallina

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Terminan carretera a Eloy Vallina

Con 80 millones de pesos, Gobierno del Estado concluyó la pavimentación de la carretera que une Anapra-San Jerónimo

Con un gasto de al menos 80 millones de pesos, el Gobierno del Estado concluyó la pavimentación del primer cuerpo lateral de la carretera que une Anapra con el predio de San Jerónimo, propiedad del chihuahuense Eloy Vallina.

De acuerdo con Luis Alonso Fernández Casillas, secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, la presente administración dejará listos los dos cuerpos laterales de la vialidad que, en un futuro, medirá 65 metros de ancho y contará en total con 10 carriles y sus respectivos camellones.

“Estamos construyendo los dos cuerpos laterales, pero es una vialidad que medirá 65 metros de ancho, que en un futuro va a tener 10 carriles, que va a tener camellón central, camellones laterales, banquetas, y lo que se hará ahora es construir los dos carriles extremos y dejar la reserva al centro para que, en un futuro, cuando se dé el desarrollo urbano, se construya la vialidad principal, la parte central”, dijo el funcionario.

La vialidad mide 10.7 kilómetros –corre paralela al muro que divide a México de Estados Unidos– y disminuyó a poco más de 10 minutos el tiempo de recorrido hacia esa zona, donde existe un cruce fronterizo entre Chihuahua y Nuevo México.

El ejercicio de dinero público en la obra, sin embargo, significa una inversión que durante todo el periodo de discusión previa a la aprobación del Plan Parcial San Jerónimo, se aseguró que se le cobraría al promotor de la urbanización de aquella zona, es decir, a Eloy Vallina.

Significa, también, una violación tanto al Plan Parcial San Jerónimo, aprobado en diciembre de 2005 y, además, a la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Chihuahua, los cuales obligan al promotor de los nuevos desarrollos que estén alejados de la mancha urbana a pagar con sus recursos las obras de conexión con la infraestructura existente.

En el Plan Parcial aprobado en diciembre de 2005, esta obligación quedó establecida en el apartado denominado Sustentabilidad, que indica que “en el aspecto económico, para lograr un desarrollo sustentable, en principio el desarrollador deberá cumplir con lo señalado por la Ley de Desarrollo Urbano, respecto a que cuando se pretenda desarrollar una zona alejada del área urbana, el Ayuntamiento sólo podrá autorizarlo cuando el propietario cumpla con la obligación de ejecutar por su cuenta todos los trabajos de liga de los distintos servicios urbanos e infraestructura primaria con los de la parte de la ciudad más próximos”.

La Ley de Desarrollo Urbano, por su parte, establece este deber en el artículo 116, el cual, además, fue citado en varias ocasiones por el anterior director de Desarrollo Urbano, Roberto Cháires, como “garantía” de que aprobar ese plan parcial promovido por particulares no implicaría gasto de recursos públicos.

“Cuando, de acuerdo con los Planes de Desarrollo Urbano, se considere conveniente la urbanización de un terreno alejado de la ciudad o de otro terreno ya urbanizado, el Ayuntamiento lo podrá autorizar siempre que el propietario cumpla con la obligación de ejecutar por su cuenta todos los trabajos de liga de los distintos servicios urbanos, e infraestructura primaria con los de la parte de la ciudad más próximos”, dice la ley.

Desde mayo, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Luis Felipe Terrazas, informó que los 80 millones invertidos este año correspondían sólo al 60 ó 70 por ciento del costo total de la obra, que podría llegar hasta los 110 millones de pesos. Esta semana, sin embargo, Fernández Casillas informó que el costo total de los dos cuerpos laterales no rebasarían los 90 millones.

El secretario Terrazas no respondió la solicitud de este medio para precisar el costo final de la obra. Tampoco la Corporación Inmobiliaria San Jerónimo –con sede en la capital del estado– regresó la llamada en la cual se les solicitó una entrevista para fijar un posicionamiento con respecto a la obra.

SÍ GENERÓ GASTO PÚBLICO

El ejercicio de recursos públicos en obras de beneficio para la urbanización del predio de Eloy Vallina –que en total mide 20 mil hectáreas– fue el centro de la discusión pública que se generó en 2005 antes de la aprobación del Plan Parcial San Jerónimo, que le autorizó al empresario el desarrollo de tres mil hectáreas.

Desde entonces, diversos sectores de la sociedad juarense expresaron su preocupación de que la expansión urbana en aquella zona –alejada más de 10 kilómetros de los actuales confines de la ciudad– mermaría aún más los recursos públicos, de por sí insuficientes ante los rezagos urbanos que padece esta frontera.

La misma preocupación fue incluso planteada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), que en octubre de 2005, un mes antes de la aprobación del Plan Parcial, envió a la Dirección de Desarrollo Urbano municipal un oficio que enfatizó la necesidad de garantizar “que no se comprometan recursos públicos de Juárez para operaciones inmobiliarias de interés particular”. En respuesta, el entonces titular de Desarrollo Urbano explicó que el Municipio no sólo no invertiría recursos públicos en San Jerónimo, sino que, a su vez, recibiría hasta 200 millones de pesos derivados de los impuestos que generaría la urbanización del predio.

“Asimismo, para evitar que los recursos destinados a Juárez sean derivados o aplicados para cubrir los servicios que el desarrollo de San Jerónimo demandará, los recursos que por pago de derechos recibirá el Municipio por el desarrollo de tres mil 500 hectáreas a lo largo de 10 años significan también una aportación importante”, dijo Roberto Cháires, entonces titular de la Dirección de Desarrollo Urbano.

“Para dar un ejemplo, sólo por derechos de urbanización los desarrolladores tendrían que pagar al Municipio aproximadamente 149 millones de pesos, y por licencias de construcción sólo de las viviendas, aproximadamente 49 millones”, agregó el funcionario en su oficio de respuesta al IMIP.

Al final, y como ordena la ley en la materia, en el Plan Parcial San Jerónimo aprobado por el Ayuntamiento quedó establecida la obligatoriedad de que todos los trabajos de conexión con la actual mancha urbana, como las vialidades, corrieran a cargo del desarrollador.

No obstante, se invirtieron recursos públicos en la construcción de la carretera. Desde principios de año, cuando fue cuestionado con respecto lo que marcaban esas normas y el gasto oficial ejercido, el gobernador José Reyes Baeza insistió en que no se estaba infringiendo ninguna normatividad con la inversión pública en esa obra.

“No estamos violando la ley; no hay ninguna ley que viole el Gobierno del Estado. El Plan Parcial San Jerónimo no le indica al Gobierno del Estado que no debe invertir, y es en beneficio de Juárez y de los juarenses”, dijo el mandatario.