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Miércoles 28 de julio de 2010

Con sentencia, sólo 15% de narcos

El sistema judicial de México opera de manera casi secreta y ha sido empedernidamente corrupto


El sistema judicial de México opera de manera casi secreta y ha sido empedernidamente corrupto

Es un ritual que se realiza prácticamente a diario: individuos acusados de narcotráfico y homicidio son exhibidos ante los medios de comunicación para mostrar que México está ganando su guerra contra las drogas. Pero una vez que las luces de las cámaras se apagan, tres cuartas partes de ellos son liberados.

Aun cuando el gobierno federal presume su récord de arrestos, los casos armados por procuradores y policías bajo la enorme presión de hacer arrestos con rapidez se desbaratan por la falta de evidencia.

Personas inocentes son torturadas para que confiesen. Los culpables son puestos en libertad, sólo para ser detenidos en otra ocasión por otros crímenes. A veces, los cárteles de las drogas son los que deciden quién es arrestado.

Archivos obtenidos por The Associated Press muestran que el gobierno arrestó a 226 mil 667 sospechosos de delitos relacionados con el narco entre diciembre del 2006 y septiembre del 2009, la cifra disponible más reciente. A menos de una cuarta parte de esos detenidos se les levantaron cargos. Sólo 15% recibió sentencia. Y la Procuraduría General de la República (PGR) no dirá cuántos de ellos eran culpables.

El vacío judicial es una razón clave por la cual los cárteles mexicanos continúan distribuyendo toneladas de mariguana, metanfetaminas, heroína y cocaína en las calles de Estados Unidos.

’Les da una impunidad de facto’, dijo el embajador estadounidense Carlos Pascual, ’y les permite funcionar de manera tal que pueden extenderse en Estados Unidos’.

El sistema judicial de México opera de manera casi secreta y ha sido empedernidamente corrupto. Agregue una guerra contra el narco que el presidente Felipe Calderón intensificó, y el sistema ha sido rebasado. Casi 25 mil personas han muerto en la guerra hasta hoy, y la vasta mayoría de los casos sigue sin resolverse.

La AP obtuvo documentos de juzgados y registros carcelarios restringidos al público y condujo decenas de entrevistas con familiares de los sospechosos, abogados, grupos de derechos humanos y funcionarios del gobierno para descubrir qué pasaba después de que los sospechosos de narcotráfico eran presentados en público.

En Ciudad Juárez, donde una guerra entre dos cárteles por las rutas de tráfico mató a una cantidad récord de 2 mil 600 personas en el 2009, los fiscales presentaron 93 casos de homicidio ese año y se halló culpable a 19, encontró la AP. Sólo cinco fueron por homicidio doloso, de acuerdo con documentos de los juzgados, y nadie fue acusado de delitos del orden federal, que acarrean mayores penas y han sido diseñados para combatir el narcotráfico.

’Nunca los acusan de homicidio porque no tienen la evidencia, no tienen pruebas’, dijo Jorge González, presidente de la asociación de defensorías públicas. ’Nada más los manejan con los medios para la imagen de que están resolviendo casos’.

Los soldados en Juárez anuncian de manera rutinaria que los sospechosos han confesado un impresionante número de homicidios.