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Martes 17 de mayo de 2011

Congreso de EU va sobre armerías

Investigadores interrogarán a los dueños de dos tiendas de armas en Arizona por Rápido y Furioso


Investigadores interrogarán a los dueños de dos tiendas de armas en Arizona por Rápido y Furioso

El Congreso de los Estados Unidos ha abierto un nuevo frente de investigación en su intento de fincar responsabilidades por permitir el tráfico vigilado de armas a México a través de la operación "Rápido y furioso".

Investigadores de distintos comités senatoriales se trasladaron a Phoenix, Arizona, para seguir con las pesquisas en la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), y que en esta ocasión incluirán a tiendas de armas que presuntamente fueron reclutadas por la agencia como parte de la fallida estrategia.

Representantes de las oficinas de los senadores republicanos Charles Grassley y Darrell Issa se pusieron en contacto con los dueños de por lo menos dos armerías de Arizona, "J&G Gun Sales" y "Lone Wolf", para informales que esta semana serían interrogados sobre el caso.

Según la cadena CBS News, los demócratas del Comité de Supervisión Gubernamental de Washington también tienen a investigadores en la zona.

Desde principios de 2010 algunos de los dueños de armerías que participaban en el programa "Rápido y furioso" manifestaron preocupaciones sobre el destino que podrían tener las armas que vendían a traficantes vigilados.

Sin embargo, según documentos revelados por CBS los mismos oficiales de la ATF los alentaron para seguir adelante con la fallida operación durante varios meses.

Como resultado miles de armas fueron introducidas de manera ilegal a México, y algunas de ellas aparecieron en escenas de crímenes, incluyendo la del asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry.

Hasta el momento el asistente del fiscal General para la División Criminal, Lanny Breuer, es señalado como el único funcionario de alto nivel que autorizó alguna de las acciones de "Rápido y furioso".

Ante la falta de cooperación por parte de las agencias involucradas en el caso, como la ATF y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha amagado a la agencia sobre la posibilidad de acusarla de desacato, luego de no cumplir con los emplazamientos obligatorios para entregar documentos sobre la operación.