Contenidos en radio y tv

Casi a cualquier intento legislativo que busque poner al día la legislación en radiodifusión se le ha opuesto por parte de los concesionarios una resistencia que basa su principal estrategia en inventar atentados contra la libertad de expresión. Sobre ese pretendido celo libertario los asociados de la CIRT desplegaron su ruda e infructuosa oposición a la reforma electoral.

Si bien la libertad de comercio de las empresas mediáticas en relación con la publicidad electoral fue afectada, el derecho de comunicadores y empresas a ejercer la crítica, y a obtener y difundir información libremente quedó resguardada. Se alzaron con el fantoche de la libertad amenazada en contraste con la excepcional conducta de los comunicadores de mayor prestigio en la radio y la prensa.

Pero ahora que está en marcha el proceso para reformar integralmente la legislación, que sí vincula directamente a los medios electrónicos, ha vuelto la cantaleta de que se quiere instaurar la censura. Proviene, para fortuna de este proceso, de quienes han venido declinando su rigor profesional y han aceptado ser carne de cañón de los patrones mediáticos para cualquier audiencia que se les ofrezca en el Congreso.

Hay que decirlo: la mayor censura sobre contenidos y el más impune veto sobre personas en radio y tv no se origina en el poder público, ni se ejerce con base en la ley o en los propósitos de su reforma; tiene a su mejor practicante en los concesionarios, que defienden sus intereses comerciales y se comportan como cómplices del statu quo del injusto modelo económico que padecemos.

Por ello, si algún cuidado deberá tenerse en la consulta pública a la que convocó el Senado y luego la redacción de un proyecto de legislación es el que se refiere a los contenidos. Así lo han afirmado numerosas propuestas y, en particular, la presentada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Tampoco se trata de disociar de la libertad la responsabilidad; de siempre, el periodismo que se practica con ética y profesionalismo ha rechazado la censura y la calumnia.

Se trata de definir a qué nos referimos cuando hablamos de contenidos y de recordar la opinión vinculante para el Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esta libertad. Para ello es indispensable ínter alía la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma”.

Para que tengamos una mejor tv hace falta en primer lugar que contemos con más canales, a cargo de actores con intereses y enfoques diversos. Aparte de más empresas de comunicación privadas sería necesario un auténtico sistema nacional de tv pública: no una tv de gobierno ni oficialista, sino canales orientados por criterios plurales, profesionales, no mercantiles. “Los contenidos en los medios electrónicos jamás mejorarán estableciendo restricciones ni censuras. Más opciones, en cambio, tenderán a significar mayores contrapesos ante los consorcios que hasta ahora han especulado con las frecuencias que tienen concesionadas, especialmente en el campo de la tv”.

“En la difusión de noticias, por ejemplo, sería inaceptable que a las empresas televisoras y radiodifusoras se les impusiera la obligación de transmitir una sola versión de los acontecimientos o que se les impidiera expresar sus intereses y preferencias. Si los ciudadanos tienen varias opciones para informarse por ese medio, sabrán distinguir entre televisoras que intencionalmente distorsionan y manipulan acontecimientos (como nos han acostumbrado TV Azteca y Televisa) y aquellas que se comportan con otros parámetros profesionales”.

Por ello, se propone ubicar el tema de la concentración mediática como asunto de titularidad de frecuencias y desde su concentración en la producción de los contenidos. Entre las medidas que hemos venido proponiendo está el derecho de réplica, y luego reglas que debieran tender a una clara clasificación de los programas, a partir de criterios transparentes y ampliamente conocidos por las audiencias; considerar la protección de niñas, niños y adolescentes; la retransmisión íntegra y simultánea de señales abiertas en medios restringidos; la necesidad de disposiciones que obliguen al fomento de la producción independiente, incluyendo la definición de lo que debemos entender por producción nacional independiente. Y por supuesto, la regulación de un asunto que está también más ubicado en la libertad de comercio que en el de la libertad de expresión: la publicidad.

Como nunca asistimos a un abuso en la explotación comercial de las frecuencias por vía de la venta de todo tipo de publicidad: subrepticia o “no explicita”, subliminal, disfrazada de información, relacionada con las propias empresas ligadas a los titulares de las frecuencias, y que se inserta engañosamente en cortes de estación o de programa, dentro de la programación, la de telemercadeo o programas de oferta de productos, y los llamados “infomerciales”.

En materia de contenidos estos serían los temas relevantes, y en honor a la verdad no he escuchado a ningún legislador pronunciarse sobre cómo regular el enfoque de las noticias. Esos son pretextos de quienes ahora sirven a los que resisten la competencia, la pluralidad y la diversidad en los medios electrónicos.

Profesor de la FCPyS de la UNAM