Cuatro armas detrás de 100 ejecuciones

Son tres rifles de asalto semiautomáticos y una pistola, que llegaron a manos de sicarios del cártel de Juárez o La Línea, como se autodenomina ahora. Con esas armas, aseguradas por el Ejército durante el cateo a una casa de seguridad del grupo criminal en la ciudad de Chihuahua, pudieron haberse cometido más de 100 asesinatos o ejecuciones ordenadas por el grupo criminal que heredó y comanda en la actualidad Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy.

El armamento, entre el que se hallaba un rifle entregado como arma de cargo a un comandante policiaco —que ahora está detenido por servir a los intereses del cártel de Juárez—, fue vinculado a una lista de 96 casos de narcoejecuciones y en las que hubo dobles y hasta triples homicidios. La sospecha es que los tres fusiles y la pistola tuvieran participación en esa lista de narcoejecuciones cometidas en diferentes puntos de Chihuahua.

A la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJC) se le encargó cotejar el tipo de armas y cartuchos utilizados para cometer los más de 10 asesinatos. Sin embargo, el responsable de esa tarea, el director Pedro Aragonez, fue acribillado durante el transcurso de la investigación.

El crimen contra el funcionario, lo mismo que otros 100 más que se investigan, fue atribuido al cártel de Juárez, cuyos principales operadores en Chihuahua son José Luis Ledesma, El JL, El Mónico, y El Tapicero. Ellos, apoyados por el grupo de ex militares metidos a sicarios conocido como Los Linces y la red de policías corruptos que los protegen, han desatado una guerra en la entidad contra el cártel de Sinaloa, o los también llamados Gente Nueva, que ha cobrado miles de víctimas en los últimos tres años.

El actual jefe del cártel de Juárez o La Línea, Vicente Carrillo Fuentes, asumió el mando de la organización tras la muerte de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos. Desde ese momento hasta ahora ha mantenido un férreo control de la organización, con el uso de la violencia sin límites. Ejemplo del nivel de terror que han impuesto sus acciones en Chihuahua, son precisamente los más de asesinatos presuntamente cometidos con las armas investigadas en este caso.

El aseguramiento La mañana del 17 de febrero de 2008, en el cuartel de la quinta Zona Militar, el general Felipe Espitia Hernández fue notificado de una llamada anónima que ubicaba a un grupo de gente armada en la granja situada en el número 601 de la Calle 87, esquina con la Calle 25, en la colonia Aeropuerto, en la capital de Chihuahua. La voz de un hombre —según el reporte oficial— informó que varios sujetos entraban y salían de ese inmueble con armas.

Fue todo lo que dijo el denunciante anónimo. Con esos datos, de inmediato se dispuso una operación militar para acudir al lugar. Sin embargo, como en casi todas las acciones de este tipo, al llegar los soldados no estaba ya ni uno de los sujetos que fueron vistos con las armas. Pero en su huída, los delincuentes no pudieron llevarse varios paquetes de mariguana, dos vehículos y cuatro armas y cartuchos que fueron asegurados de inmediato.

Lo que llamó la atención del general Espitia Hernández fue la presencia en aquel sitio de un arma larga con registro oficial ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de una serie de documentos oficiales.

Eran recibos de nómina de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, recetas médicas, solicitudes de vacaciones y hasta roles y zonas de trabajo de agentes de esa corporación. El jefe de la zona militar pidió de inmediato la intervención de las autoridades.

El grupo de fiscales y peritos de la PGJC que fue comisionado para recabar todas y cada una de las evidencias elaboraron un informe pormenorizado de lo hallado en el lugar.

Reportaron que además de los documentos oficiales, se decomisaron tres rifles de asalto semiautomáticos y una pistola Smith & Wesson, alrededor de 150 cartuchos útiles de diferentes calibres, una camioneta Suburban color azul, placas DZP 57-37, y una camioneta Toyota blindada, sin placas, de color plateado.

La participación de policías corruptos como parte de la red de protección al cártel de Juárez se veía venir casi de forma natural. Ahí estaban sus nombres, sus pertenencias y hasta un arma oficial. A final de cuentas, en el caso, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detendría a seis elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

La investigación de las armas

Sólo hasta 67 días después del cateo en la granja donde se incautaron las armas, el fiscal encargado de la investigación pidió al entonces director de Servicios Periciales, Pedro Aragonez, aplicar los peritajes a las evidencias.

El 25 de julio de 2008 envió al extinto funcionario el oficio 207/2008 para elaborar los análisis de fotografía, planimetría, química, genética y balística, además del cotejo del tipo de armas usadas en 96 narcoejecuciones cometidas entre el 30 de enero de 2002 y el 7 de febrero de 2008.

Casi en forma inmediata, Aragonez informó al fiscal sobre el origen de las armas.

La pistola Browning calibre 40, número de serie 2W5NW50348 y un cargador para 15 cartuchos, fue fabricada en Bélgica por la empresa Smith and Wesson; el rifle de asalto GP WASR-10, con número de serie borrado, provenía de Rumania y podía abastecerse con cargadores de 35 a 45 cartuchos; el rifle Bushmaster XM15, con número de serie borrado y con porta cargadores de 30 cartuchos, fabricado en Estados Unidos; el rifle G36V, fabricado en Alemania por la empresa Heckler y Koch, número de serie 83-0005489, estaba registrado por la Defensa Nacional.

Tres días más tarde —70 días después de hallar del armamento—, el mismo fiscal pidió a la subprocuradora María del Pilar Pérez de la Fuente buscar en los registros oficiales si uno de los tres rifles detectados en el operativo del 17 de febrero era propiedad de la Procuraduría estatal. Ello no obstante que desde un principio el personal Ejército mexicano reportó que existía la probabilidad de que elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua pudieran estar asociados con el grupo delictivo que habitaba el sitio donde se efectuó el operativo militar.

Una semana más tarde, se agregó a la carpeta de investigación CAI-285/2008 la respuesta de la subprocuradora Pérez de la Fuente. El informe señalaba que el arma larga con matrícula 83-0005489 estaba registrada en la licencia colectiva de armas 192, expedida en favor de la Procuraduría del estado, y lo más inquietante era que ese rifle estaba asignado al agente A de la Policía Ministerial, Luis Humberto Peralta Hernández.

La muerte de Aragonez

La tarde del 11 de agosto, tres meses después de iniciar las investigaciones sobre las armas y la posible vinculación de éstas en las más de 10 narcoejecuciones, el director de Servicios Periciales de Chihuahua, Pedro Aragonez, fue asesinado por un comando armado.

El crimen se cometió cuando el funcionario viajaba a bordo de una camioneta Durango por la calle de Itzalco, en la colonia El Saucito, en compañía de su chofer que sobrevivió al ataque de los sicarios, que huyeron por la avenida Francisco Villa, en la capital chihuahuense.

El homicidio del director de Servicios Periciales de Chihuahua fue ordenado por El Mónico, de acuerdo con la declaración de Martín Hugo Valenzuela Rivera, El H-8, hombre originario de Durango que fue reclutado por el cártel de Juárez, primero como vigilante de calles y al que posteriormente se le entrenó para asesinar.

Él confesó que estando con El Mónico en Ciudad Cuauhtémoc escuchó cuando fue informado de la ejecución del funcionario. “Vámonos, ya cayó otro”, le dijo su jefe a El H-8 antes de emprender el regreso a Chihuahua. De vuelta a esa ciudad, El Chuma o H-9 le comentó a Valenzuela Rivera que “ya había caído el de servicios periciales. Que le había tocado ejecutarlo cuando se les había perdido a Los Linces, y que en esa ejecución también participaron de campanas policías ministeriales”

“Era uno de periciales que andaba en una camioneta Durango, que esta persona lo acompañaba su chofer, pero que solamente le había dado al objetivo. El H-9 ha participado en otras ejecuciones, es muy buen tirador. Hemos ido a entrenar tiro a la sierra y disparamos contra pinos o piedras con R-15 o Cuerno de chivo, siempre es muy preciso en sus disparos. He visto sus jales en el periódico”, dijo a los fiscales.

Las “narcoejecuciones”

La primera de las más de 100 ejecuciones ligadas con el narcotráfico en las que pudieron estar involucradas las armas halladas por personal del Ejército mexicano, y que investigaba la Dirección de Servicios Periciales, fue la contenida en el expediente 277/02. Para ello se cotejaban 17 casquillos recogidos en la escena del crimen en la que asesinaron el 30 de enero de 2002 al ex agente judicial de esa entidad Federico Ceniceros Torres, a quien cesaron en aquel entonces por la desaparición de parte de un cargamento de droga confiscado a narcotraficantes en Ciudad Juárez.

El crimen contra Ceniceros Torres, de 39 años de edad, fue cometido con un arma de asalto AK-47, de las llamadas Cuerno de chivo —similar a la que investigaba la Dirección de Servicios Periciales—, cuando se dirigía de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, abordo de una camioneta tipo van, Chevrolet, modelo 1989. Una camioneta Dodge Durango se le emparejó y desde ahí le dispararon. La unidad de la víctima chocó contra una malla metálica, a un lado de la avenida Heroico Colegio Militar, casi a su cruce con la calle de Costa Rica, en la zona norte de Ciudad Juárez.

La última de las narcoejecuciones en las que se suponía fueron utilizadas algunas de las armas aseguradas el 17 de febrero de 2008, se trato de un doble homicidio cometido en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Chihuahua, apenas 10 días antes de que los militares las descubrieran en la granja de la colonia Aeropuerto.

En esa ocasión un comando armado asesinó con rifles de asalto a Osvaldo Loya Carmona y a Nicanor Loya Sánchez, cuando apenas salían del centro comercial y subían a una camioneta pick up Ford línea Lobo, de color rojo.

El doble crimen en Chihuahua aquella mañana del jueves 7 de febrero de 2008 sacudió al municipio de Camargo, ya que la familia Loya es ampliamente conocida e influyente en esa población.

Para aclarar este doble asesinato, los peritos de la procuraduría del estado de Chihuahua, al mando en ese momento de Pedro Aragonez, se encargaban de cotejar los más de 80 casquillos del armamento tipo AK-47 que fueron recogidos por las autoridades en el estacionamiento del centro comercial, ubicado en la avenida Periférico de la Juventud, del fraccionamiento Haciendas del Valle de la entidad, pero hasta hoy se ignora cuál fue el resultado de las investigaciones de balística forense en todas las narcoejecuciones.
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