Cuotas ilegales para el PRI

El escándalo que se suscitó por la recaudación de cuotas ilegales tasadas en el 10 por ciento de los contratos de obra pública estatal que se estaba llevando a cabo por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para la proyectada candidatura a diputado federal en 2012, del titular de aquella dependencia del gobierno del Estado, por cierto de los consentidos del gabinete del gobernador Duarte, no es una conducta extraordinaria o inusual del PRI. La tendencia a recaudar recursos económicos de manera forzosa y contra la voluntad de las personas, entre contratistas, funcionarios o empleados de gobierno, es una forma normal allegarse excesivas cantidades de dinero para las campañas de los candidatos del tricolor. Hace unos días se hizo pública la denuncia de las presiones a los alcaldes del Estado de Chihuahua, que hacía el Comité Ejecutivo Nacional del PRI para que juntaran efectivo para la campaña del candidato de ese partido a gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa.

Estas campañas ilegales de recaudación de fondos para beneficio de los contendientes priistas, son urgentes para ellos, por los súper gastos que acostumbran a erogar los candidatos de la hoy autollamada, La Fuerza de México.

Otro ejemplo de estas violaciones a los derechos de elección de los empleados públicos es el descuento en nómina de excesivas cuotas para las campañas del PRI, a los agentes del ministerio público estatal, que en cada proceso electoral ven reducidos sus ingresos por estas inconsultas deducciones en sus sueldos y salarios. En todos los casos, los afectados aceptan sin estar de acuerdo, estos descuentos, porque saben que su negativa será el retiro del contrato o la pérdida del empleo, según sea el caso.

Si el PRI es tan aceptado por los ciudadanos, como según dicen, yo pienso que no necesita recurrir a estas prácticas ilegales para obtener el apoyo de los electores en las urnas. Lo contrario, si es tan frágil la fuerza del partido de la bandera, que sólo a través de la compra de votos y conciencias, puede asegurar triunfos electorales en el futuro, entonces la compra de votos que de entrada es ilegal, se agrava si los recursos económicos utilizados para ese fin, son obtenidos de manera fraudulenta.