Debe Aplicar Cadena Perpetua en el País

La Consejería Jurídica del estado de Chihuahua espera que el Congreso de la Unión tome en cuenta la propuesta que en días pasados realizó el gobernador César Horacio Duarte Jáquez, de implementar la prisión vitalicia a nivel federal, tanto a secuestradores, como para multihomicidas, asesinos de periodistas y miembros de cuerpos de seguridad pública, e integrantes de las fuerzas armadas mexicanas.

Se hizo hincapié en que se debe de ver la dimensión de la problemática real que existe a nivel nacional, a fin de establecer mecanismos y acciones certeras para inhibir el fenómeno del secuestro y de los delitos de gran impacto social.

Se indica que no debe de pasarse por alto que la cadena perpetua contemplada en la legislación local se aplica al secuestro, al homicidio múltiple y al extorsión, en tanto que la ley federal solamente se refiere al delito de secuestro cuando se vincula a la delincuencia organizada, por lo que destacó la prisión vitalicia aún sigue teniendo vigencia en la entidad.

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que establece como pena máxima 70 años de prisión, entró en vigencia hoy en todo el país.

Ante esto, el Gobierno del Estado tuvo que tomar medias para no estar desfazado en la aplicación de leyes debido a que una ley local no puede estar sobre una disposición federal, como sería el caso de la implementación de la prisión vitalicia en el Estado de Chihuahua para los secuestros.

Entidad se reformo la legislación local para acatar esa disposición federal a fin de que esa medida pudiera aplicarse, luego de que ésta fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, sostuvo que es necesario medidas más drásticas que sean congruentes y eficaces para contrarrestar el fenómeno de ese delito, que actualmente tiene gran impacto social.

Asimismo, la Consejería Jurídica del Estado consideró que en la reforma realizada a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, existen una serie de inconsistencias que pudieran, en su aplicación, beneficiar a los delincuentes.

Tanto el Congreso de la Unión como el Senado de la República, se dieron cuenta de ese tipo de situaciones, razón por la cual hicieron algunas modificaciones al decreto aprobado.

Entre las inconsistencias de esa reforma, destacan las siguientes: la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas; maneja diferentes tipos penales a la de los estados y en algunos de los casos, la redacción es obscura; establece penas anticipadas y excesivas que van contra la presunción de la inocencia, respecto a la vigilancia indefinida, (en la hipótesis de que el imputado nunca sea vinculado en los casos de libertad bajo reserva por falta de elementos), por lo tanto pudiera ser inconstitucional, entre otros.