Desaparición de poderes

En la guerra contra la delincuencia organizada que desde el 1 de diciembre de 2006 inició el presidente de la República, Felipe Calderón, la ingobernabilidad en varios estados es palpable y es necesario que el Senado de la República analice y solicite la desaparición de poderes en tres entidades federativas, como lo son Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. El esfuerzo solidario de la Federación con estos estados no ha rendido frutos, debido a la pasividad de los gobernadores, José Reyes Baeza Terrazas, Rodrigo Medina de la Cruz y Eugenio Hernández, cuyos cuerpos policiacos y de procuración de justicia se encuentran infiltrados por la delincuencia organizada y han puesto en riesgo la vida de policías estatales, agentes del ministerio público y jueces.

Ejemplos en Chihuahua, el reciente asesinato de la subprocuradora de la Zona Norte de ciudad Juárez, cuyos movimientos previos a su ejecución fueron comunicados por elementos compañeros de la misma funcionaria. En Nuevo León, el bloqueo a plena luz del día de vías de comunicación en Monterrey, por parte de sicarios y pistoleros, para cometer sus ilícitos tranquilamente. Finalmente en Tamaulipas, la crisis de seguridad que abarca a todos los sectores de la población, incluyendo la ejecución de políticos, como el caso del excandidato del PRI a gobernador, Rodolfo Torre Cantú.

Aunque en Chihuahua y Tamaulipas en tres meses hay renovación de poderes estatales, ante la gravedad de el asunto y con la evidencia de la existencia de modernos caballos de Troya dentro de las estructuras de los gobiernos estatales bajo el mando de los gobernadores Baeza Terrazas y Hernández, es urgente que el Senado de la República intervenga para oxigenar el ejercicio del poder local de inmediato y evitar de esa manera que se agrave la inseguridad entre los mismos funcionarios públicos responsables de mantener el estado de derecho.

La exigencia del presidente de la República es que los ciudadanos de las entidades exijamos a las policías y jueces estatales que cumplan con su responsabilidad primaria de ser garantes de la seguridad en los Estados y si los gobernadores en cuestión, no pueden siquiera garantizar la seguridad de sus propios funcionarios, difícilmente podrán garantizar la seguridad de los vecinos que gobiernan.

La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión tiene la palabra.

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