Efectividad de 13% de diputados por Chihuahua

Distrito Federal— A menos de cuatro meses de terminar su gestión, los diputados federales representantes de Chihuahua acumulan un rezago legislativo de 87 por ciento, pues durante su labor de casi tres años, que culmina el 31 de agosto, únicamente han logrado concretar 15 de las 119 iniciativas promovidas directamente por ellos en tribuna, en beneficio de la ciudadanía.

Más de 100 de esas propuestas que se quedaron sin presentar al Pleno, serán heredadas a los próximos diputados porque no será posible someterlas a discusión y aprobación en el periodo de actividades que aún queda a la actual Legislatura.

Pero también el Senado deberá darle seguimiento a los proyectos de ley de los chihuahuenses, ya que de los 15 aprobados, solamente 9 concluyeron el trámite que los convierte en norma vigente.

Otros seis están en espera que la Cámara Alta los apruebe para entrar en vigor.

El grado de aprobación de las iniciativas presentadas depende, en gran parte, del empeño que cada diputado le ponga en el consenso, los argumentos y la negociación de las mismas.

En entrevistas por separado legisladores federales por Chihuahua coincidieron que también existen fallas burocráticas dentro del propio proceso de creación de las leyes.

El diputado por Juárez, Enrique Serrano Escobar, calificó como un “embudo” el desarrollo al que tienen que someterse las iniciativas pues entran muchas y pocas logran ser aprobadas.

A su vez, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, César Duarte Jáquez, dijo que “las iniciativas que se aprueban y se logran concretar, primero tienen un argumento de origen sólido, además, de manera natural, una posición de posibilidad jurídica real y la capacidad política para lograr los consensos de las fuerzas para que éstas se den”.

Aseguró que generar un marco jurídico no debe de ser una cosa de mecánica simple y sencilla, sino que debe llevar un proceso de visión, de aplicación del impacto real que tiene ante la sociedad, de las necesidades, de no violentar el marco jurídico ni las garantías individuales.

“Todo ese proceso da equilibrios. No es sencillo, pero si tampoco se aboca uno a aprobarlas, pues tampoco caminan”, insistió el priista.

La legisladora panista María Eugenia Campos Galván, quien logró la aprobación de 2 iniciativas propias de nueve que presentó, dijo también que “depende de la constancia de cada legislador. Sí es trabajo de mucha tenacidad en cada comisión, pero al final se pueden lograr los cambios”, afirmó.

Chihuahua es representado en el Palacio Legislativo de San Lázaro por 13 legisladores, del PAN, PRI, PT y Nueva Alianza. De los que llegaron a la Cámara de Diputados por el voto ciudadano, al menos dos se encuentran con licencia, Víctor Valencia De los Santos, actual secretario estatal de Seguridad Pública en el estado y Cruz Pérez Cuéllar, dirigente estatal panista.

Actualmente, por parte del PAN se encuentran, María Eugenia Campos Galván, Miriam Gabriela Cárdenas de la Torre –quien hace un par de semanas entró como suplente de Pérez Cuéllar–, Emilio Flores Domínguez, Felipe González Ruiz, Soledad Limas Frescas y Carlos Armando Reyes López.

Por el PRI, Israel Beltrán Montes, César Duarte Jáquez –presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja–, Octavio Fuentes Téllez –suplente de Valencia de los Santos–, Lilia Merodio Reza y Enrique Serrano Escobar.

Además están Rubén Aguilar Jiménez, por parte del PT, y Jacinto Gómez Pasillas, del Partido Nueva Alianza, quien fungió como secretario de la Mesa Directiva por prácticamente los tres años de Legislatura en representación de su grupo parlamentario.

Con sus iniciativas de ley, los legisladores federales chihuahuenses intentaron reformar 61 normatividades, la más recurrente fue la Constitución para la cual fueron creadas 30 iniciativas.

A dicha norma, le sigue el Código Penal Federal con 7 propuestas de reforma; la Ley Orgánica del Congreso General, con 5; el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con 4 y la Ley Federal para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con 3.

Aunado a ello, se presentaron dos iniciativas para reformar el Código de Comercio, la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Aguas Nacionales, las leyes federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, del Trabajo, para la Administración y Enajenación de Bienes, así como las Generales de Cultura Física y Deporte y la que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respectivamente.

De las 127 iniciativas presentadas, 9 fueron rechazadas y clasificadas como asuntos ‘totalmente concluidos’.

De acuerdo con registros periodísticos, la LX Legislatura generó un total de 2 mil 598 iniciativas propuestas por los ocho grupos parlamentarios, el Ejecutivo Federal y las legislaturas de los estados, de las cuales 217 fueron aprobadas, es decir, quedaron sin resolución alguna 2 mil 91 documentos.

Aunado a ello, los legisladores desecharon en sentido negativo 290 iniciativas.

En cuanto a los grupos parlamentarios, fue el PRI quien más iniciativas presentó, con 638, seguido por el PRD, con 611, y el PAN, con 547.

Sin embargo, los tres partidos aprobaron en el pleno un número semejante de iniciativas de sus respectivas bancadas.

Los priístas lograron el consenso en 51 de sus iniciativas, los panistas en 47 y los perredistas 37. Al Ejecutivo federal le fueron aprobadas 33 de un total de 43 propuestas que se presentaron a lo largo de la Legislatura.

PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL
Para que una reforma de ley se convierta en norma vigente, debe de transitar un largo camino legislativo.

Sobre esto, el diputado Serrano abunda y señala que la Cámara adolece de muchos vicios administrativos que viene arrastrando desde hace varios años y una iniciativa tiene que pasar primero por el trabajo en comisiones, donde no se trabaja con la celeridad necesaria.

En este sentido, el legislador explicó que los diputados son integrantes de, cuando menos, tres comisiones, las cuales pocas veces alcanzan el quorum requerido para llevar a cabo la reunión y se posponen por semanas con lo que se retrasa el análisis y votación de las propuestas.

“Sigue siendo un gran aparato burocrático al interior de la cámara que no permite sacar los trabajos con la celeridad requerida. Por ello, propuse una modificación a la ley, la cual no fue votada, para que se hiciera un segundo llamado inmediato a los integrantes de una comisión cuando en el primero no se cubra el quórum y se dé inicio únicamente con los legisladores que acudieron”, explicó.

Pero una vez elaborada una iniciativa de reforma –por senadores o diputados federales, el presidente de la República o los Congresos locales– es presentada durante una sesión ordinaria de cualquiera de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, en donde es enviada a la Comisión del tema correspondiente para su estudio y dictaminación.

Luego de ser discutida en dicho órgano y elaborado el documento consensuado, es regresada al Pleno como dictamen, en donde pasan dos sesiones para ser votada; la primera, para su conocimiento y la segunda, para avalar los cambios o rechazarlos.

De ser aprobada, es enviada a la Cámara revisora en donde sigue el mismo trámite y, en caso de que la ahora minuta haya sido modificada es devuelta a la Cámara de origen para su nueva votación, en donde, por tercera vez debe seguir el mismo camino, de lo contrario pasa al Ejecutivo federal.

En caso de ser una reforma Constitucional, luego de ser aprobada la iniciativa por ambas Cámaras es enviada a los 31 Congresos locales, de los cuales se necesitan 16 votos para que se considere una reforma aprobada.

Luego de conseguirlos, es enviada al Ejecutivo federal –quien tiene facultad de veto– para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

RECHAZADAS
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, órgano oficial de difusión, una de las reformas que fueron votadas en contra por diputados de diferentes partidos fue la que pretendía modificar la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, presentada por los legisladores priístas Octavio Fuentes Téllez y César Duarte.

A través de ella, los legisladores propusieron crear la Confederación de Cámaras de Comercio en pequeño, cuyas Cámaras se integraran por los comercios que, conforma a las leyes fiscales federales, no estuvieran obligados a llevar libros de contabilidad.

Otra de los cambios rechazados fue el propuesto por el panista Felipe González para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte con la que pretendía establecer que las autoridades municipales realizaran la promoción y el fomento del deporte a favor de la comunidad y de los estudiantes de educación básica, así también la detección de talentos por medio de justas deportivas.

Del mismo legislador fue negada una reforma a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la cual pretendía establecer “políticas preventivas del delito, que deberán ser observadas por los distintos órdenes de gobierno (…)”. En cuarto lugar, se rechazaron los cambios propuestos por el panista Carlos Reyes al Cofipe para en la instalación de casillas se tuviera como prioridad aquellos espacios suficientemente amplios, como escuelas o instalaciones públicas, entre otros.

Por parte del PRI, también recibieron rechazo a sus iniciativas Israel Beltrán, Lilia Merodio y, nuevamente César Duarte.

El primero de ello, hacia una iniciativa para reformar el decreto del Presupuesto de Egresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2006 para disminuir el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua.

En cuanto a César Duarte, las reformas estaban encaminadas a modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría del Agua, así como el Cofipe para adicionar un Capítulo Segundo al Libro Quinto denominado “De los actos de precampaña en los procesos internos de los partidos políticos para elegir candidatos” y un Capítulo Tercero denominado “De los actos no regulados de campaña”.

Finalmente, la propuesta de Merodio Reza consistía en integrar, en la Ley de Aguas Nacionales, la competencia del Ejecutivo federal para definir e instrumentar las políticas en materia de prevención contra inundaciones. De esta manera fueron 8 las iniciativas votadas en contra y consideradas como asuntos ‘totalmente concluidos’.

EN EL TINTERO
Dos iniciativas que tienen que ver única y exclusivamente con Chihuahua se quedaron sin discusión y análisis.

La primera de ellas, una reforma al Decreto por el que se establece el horario estacional en México, a través de la cual se pretendía homologar los horarios del municipio de Juárez con el de El Paso, Texas.

Las reformas consisten en una adición a la fracción primera del citado decreto, el cual establece actualmente que “se aplica el horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, de conformidad con lo siguiente:

I.- Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 90 grados por horario estacional”.

A eso se le añadiría “en el caso del municipio de Juárez, en el estado de Chihuahua, esta aplicación surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre”.

Otra de las reformas tiene que ver con declarar a Chihuahua “Cuna de la Revolución Mexicana”, elaborada por César Duarte, quien intentó dar un ‘albazo legislativo’ al pretender dispensar de todos los trámites la iniciativa y ser votada el mismo día que se presentó, sin ser analizada en Comisiones ni en el Pleno.

Sin embargo, los reclamos perredistas obligaron al chihuahuense a retractarse y a enviar a los órganos legislativos correspondientes, la propuesta.

Aunado a ello, quedó pendiente una propuesta de Enrique Serrano Escobar con el fin de sancionar con pena de 1 a 3 años de prisión a la persona, dirigente, gerente o representante legal de empresa, asociación o sociedad que promueva, anuncie o incite al aborto, así como cuando obtenga una remuneración en dinero o en especie para efectuarlo “salvo los casos previstos en la Ley”.

Esta iniciativa fue creada luego de que el Distrito Federal diera luz verde al aborto legal hasta los 12 meses de gestación.

Dos más fueron las propuestas por Víctor Valencia de los Santos, quien al estar como Presidente de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al caso del presunto desvío de recursos durante la administración de Vicente Fox, propuso que las autoridades estuvieran obligadas a proporcionar la información solicitada por las comisiones especiales de la Cámara de Diputados.

Aunado a ello, una planteó una reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de que la información no pudiese ser reservada cuando involucre la seguridad nacional, el combate al terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada, el ejercicio de atribuciones constitucionales, las violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Por parte de la panista Soledad Limas Frescas quedó pendiente una modificación a la Ley Federal del Trabajo con el fin de establecer que las madres trabajadoras que tengan hijos cursando la educación básica puedan acordar con el patrón un esquema de horarios flexibles que les permita atender sus responsabilidades familiares.

Finalmente, del total de las 119 iniciativas presentadas por diputados federales por Chihuahua, 96 quedaron sin resolución alguna, de las cuales 28 fueron en materia Constitucional. Pero sólo 15 lograron ser aprobadas por el pleno.

Entre dichas iniciativas, se quedaron en el tintero reformas para que las armas decomisadas con motivo de la persecución de los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada sean donadas a las entidades federativas y municipios para combatir la delincuencia, presentada por Víctor Valencia.

Del mismo autor, una reforma para que el Instituto Federal Electoral esté obligado a proporcionar a las instituciones de seguridad pública el banco de datos o información que guarde huellas dactilares a efecto que opere una red de inteligencia cibernética nacional para consultar si algún ciudadano tiene antecedentes penales.

A LA MITAD DEL CAMINO
Una de las principales reformas que se quedaron en el camino y que fue prometida por legisladores de Chihuahua a la comunidad juarense, fue la relativa a los delitos contra periodistas.

A pesar de que las modificaciones al Código Penal Federal y al Federal de Procedimientos Penales fueron aprobadas por la Cámara alta, se estancaron en el Senado de la República sin que se concretara su aval.

Los cambios proponían una adición del Título Vigésimo Séptimo “De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”, con los cuales se pretende facultar a las autoridades federales a perseguir el homicidio o desaparición de periodistas con motivo del ejercicio de su actividad, ya que la citada normatividad reconoce los derechos de los representantes de los medios de comunicación. El nuevo título establece en su artículo 430, una pena de uno a cinco años y de 100 a 500 días de multa a quien cometa un hecho ilícito previsto en las leyes penales, con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística.

La iniciativa fue presentada por César Duarte Jáquez e Israel Beltrán Montes.

En este mismo sentido, se envió al Senado una propuesta signada por Cruz Pérez Cuellar y diversos legisladores para derogar los artículos 1 y 31 de la Ley sobre los Delitos de Imprenta, con el fin de “tutelar el derecho de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, al honor y a la buena reputación de las personas”.

A mitad del recorrido legislativo, también se quedó una propuesta de César Duarte, quien presentó una iniciativa en conjunto con la legisladora priísta Elizabeth García, para reformar el artículo 3 Constitucional y establecer el derecho a la educación física y a la práctica del deporte.

Aunado a ello, las reformas aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados al artículo 29 de la Ley para la protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con las que se homologa la definición de “persona con discapacidad” en dicha normatividad tampoco fueron avaladas por la Cámara alta.

En la misma situación se encuentra una reforma al Código de Comercio propuesta por María Eugenia Campos Galván en materia de registro público y otra iniciativa conjunta signada por ella misma y diversos legisladores panistas para obligar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que participe en la “dignificación de espacios comunitarios”.