El escándalo Moreira

Todos conocemos que el PRI utiliza los recursos públicos para ganar elecciones. La recuperación electoral del PRI en 2009 y 2011 no descansa en la popularidad de sus candidatos ni en el convencimiento de la ciudadanía sobre el supuesto conocimiento para gobernar de los integrantes de la familia revolucionaria.

Los índices de las encuestas a favor del tricolor en la carrera rumbo a la elección presidencial de 2012 se desprenden del alto gasto en publicidad, de la compra masiva de votos y de periodistas, todo con dinero sustraído ilegalmente del tesoro público.

Esa es la causa del endeudamiento exagerado de los gobiernos de los Estados bajo el mando de gobernadores del PRI, empezando con Coahuila y el Estado de México.

Humberto Moreira, hoy dirigente nacional del PRI y hasta enero de 2011, gobernador de Coahuila, recibió en 2005 una deuda de 300 millones de pesos y le entregó el cargo a un substituto, sumando el débito público 33,000 millones de pesos, aumentando la carga contra los coahuilenses más de cien veces en cinco años.

Si se continúa con una verdadera investigación, que ya solicitó la Secretaria de Hacienda Federal a través de una demanda penal contra quien resulte responsable, por haber contratado el gobierno de Coahuila, esta deuda pública para pagar a corto plazo ante la banca comercial, presentando documentos falsos de supuestas participaciones de impuestos federales a aquella entidad en los años cercanos a 2011.

Mucho de este dinero fue desviado por Moreira para promover ilegalmente a nivel nacional su imagen, con motivo del quinto informe de gobierno, cuyo fin era, lograr primero la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y luego la elección de su hermano Rubén, como nuevo gobernador a instalar en la Casa Saltillo.

El PRI logró carro completo en la elección local del pasado 3 de julio, gracias a un derroche de dinero, que se presume fue retirado ilegalmente de las arcas de la administración interina de Coahuila y que procedía de los créditos contratados tanto por Humberto Moreira como gobernador constitucional, así como su substituto.

En el caso del Estado de México, todavía falta que el IFE aclare quien pagó los 600 millones de pesos, que costó la difusión a nivel nacional, también ilegal, vía televisoras, del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, que tuvo con fin promover la imagen del gobernador y también aspirante a la candidatura presidencial del PRI para 2012. Este asunto lo tiene pendiente el IFE desde fines de junio de este año.

Se requiere una investigación profunda del sobreendeudamiento en estos años, de los gobiernos de los Estados, bajo la titularidad de priistas, porque Si bien, en 2008-2009 vivió México una profunda crisis económica heredada de la debacle financiera internacional, también es cierto, que la Federación, cumplió en ambos años, y también en este 2011, con la entrega del 29 por ciento del presupuesto de egresos de la federación para Estados y municipios, y se tiene la fuerte sospecha, que las campañas del PRI a nivel nacional en 2009 y locales de 2010 y 2011, fueron financiadas con recursos públicos tomados de manera ilegal, dado que dichas contiendas electorales por parte del PRI fueron ostentosas y sustentadas en regalos y la compra de votos de manera exagerada.