En el exilio defensoras de Derechos Humanos

La ola de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, se intensificó contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) y aunque el Estado mexicano tiene la obligación de brindarles garantías de seguridad, ellas han optado por el desplazamiento.

Las amenazas de muerte alcanzaron a las organizaciones pioneras en documentar, denunciar e investigar el feminicidio y se recrudecieron contra las activistas que brindan apoyo psicológico, moral y legal a las víctimas y a las familias de mujeres desaparecidas, asesinadas o agredidas.

La fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz Rivera, se vio obligada a optar por el exilio y refugiarse en Estados Unidos tras las amenazas de muerte que recibió el pasado 10 de marzo. Sin pensarlo al siguiente día salió del país.

Luego de que la madrugada del 10 de marzo apareció un manta con frases intimidatorias en la escuela secundaria donde Ortiz daba clases en Ciudad Juárez, la activista no dudó en tomar medidas urgentes, ya que –afirmó– una situación de esta naturaleza era “de vida o muerte”. Sabía que ni con escoltas su integridad física estaba garantizada.

Con profunda tristeza aseguró que las defensoras tienen que buscar sus propias estrategias para evitar que sucedan asesinatos como los de las activistas Josefina Reyes, el 3 de enero de 2010; el de Marisela Escobedo, el 16 de diciembre del mismo año; o el de Susana Chávez, el 6 de enero.

Para Marisela la decisión no fue apresurada y aunque no concibe la idea de estar fuera de su casa, su trabajo y su entorno, sabe que la única alternativa para ella y su familia es buscar seguridad fuera de Ciudad Juárez.

Con esta idea coincide Cipriana Jurado Herrera, otra activista de aquella entidad, quien es considerada incómoda para las autoridades estatales e impertinente para el Ejército mexicano, pero que es una firme activista en favor de los DH.

ACOSADAS POR DENUNCIAR

Desde junio de 2010 cuando Cipriana salió de la ciudad fronteriza para emprender una gira en favor de la justicia y de las víctimas de la violencia generada por la guerra entre el gobierno federal y los cárteles de la droga, se sumó a la lista de mujeres exiliadas.

El clima de impunidad la obligó a no regresar pese a que ese no era su plan cuando recibió la invitación de organizaciones civiles de Chicago para viajar a Estados Unidos y hablar de la situación de los DH en México.

Su estancia en el país vecino se prolongó por más de nueve meses debido a los altos índices de violencia en su ciudad natal. Las amenazas, asesinatos y agresiones contra gente que conocía no cesaron, por el contrario, parecía que el patrón de ataques contra las defensoras de Chihuahua se agravaban cada vez más.

Hechos como estos hicieron que Cipriana pensara seriamente en su seguridad y la de su familia porque si bien desde hace tres años aprendió a vivir con la indiferencia de las autoridades y con el hostigamiento por pertenecer a una agrupación civil –el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera– esta vez fue presa del miedo.

Jurado Herrera comenzó a defender sus derechos desde hace 20 años, luego de vivir las pésimas condiciones laborales de las maquilas de Ciudad Juárez. Desde entonces comenzó una campaña para exigir servicios de salud en los centros de trabajo, instalaciones seguras y mejores horarios.

Pero las peticiones de esta activista fueron más allá, se organizó con trabajadores y vecinos y también abogó por servicios públicos en las colonias con mayor rezago social: agua, luz, drenaje y calles pavimentadas. En 1993 se unió a la petición de justicia para las mujeres asesinadas y desaparecidas en la entidad.

Para Cipriana, su situación se agravó con el Operativo Conjunto Chihuahua pues desde 2008, cuando el Ejército incursionó en la entidad, ella denunció los abusos de los elementos castrenses y documentó casos de homicidio y desaparición forzada a manos de militares.

En ese mismo año, fue detenida por elementos de la Agencia Federal de Investigación por una supuesta denuncia de Caminos y Puentes Federales, quien la acusó de obstruir las vías de comunicación cuando participó en una protesta contra el feminicidio y los cazamigrantes en 2005. Pese a ello no desistió en sus demandas.