Encarcelan a sicarios detenidos en enfrentamiento

El agente del Ministerio Público de la Federación consignó ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado a cinco presuntos responsables de la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa, así como el delito cometido contra funcionarios públicos.

De tal manera que, Jesús Arturo López Ruíz, Ángel Fernando Amparan Hernández, Pedro Lira Fuentes, alias “El Peter”, Jaime Olaf Reyes Arredondo y Larri Lira Robles, fueron ingresados al penal de Aquiles Serdán toda vez que enfrentan cargos en los ilícitos referidos y en las modalidades de acopio, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional.

Dentro del expediente de mérito, se indica que los imputados fueron detenidos luego de una persecución y enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano, ocurrido sobre diversas calles de la ciudad de Chihuahua, dándoles alcance a la altura de la avenida Zaragoza e Industrias, en posesión de lo siguiente:

• Cuatro fusiles calibre 7.62x39 mm.
• Un fusil calibre 5.56 mm.
• Una carabina calibre .308 mm.
• Tres granadas de fragmentación.
• Cuatro granadas calibre .40 mm.
• 716 cartuchos de diversos calibres.
• 33 cargadores.
• Tres fornituras.
• Tres vehículos (marca Seat Ibiza con placas de circulación del estado de Chihuahua, una camioneta marca Chrysler, línea Pacífica y un vehículo Mercedes Benz ML350).

Dentro de la indagatoria AP/PGR/CHIH/CHIH/2810/2010-VIII-B, se establece que el armamento y vehículos quedaron a disposición del Fiscal Federal, mientras que los indiciados quedaron internos en el Centro de Readaptación Social estatal; en tanto, un adolescente que los acompañaba fue remitido al Ministerio Público Especializado en Menores Infractores de la PGJE, para su correspondiente tratamiento en lo tocante a su responsabilidad en los hechos referidos.

Dichas acciones forman parte de la estrategia nacional propuesta por el Gobierno Federal para proteger la integridad y los derechos de las personas en todo el país y dar vigencia plena a las garantías individuales de manera pronta y expedita.