Endeudamiento de Duarte a niveles similares que Moreira

SINEMBARGO.MX. En los últimos días, el Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, ha estado muy ocupado en tratar de esconder o disfrazar, a través de su secretaría de finanzas, los montos de una deuda pública, revelaron organizaciones no gubernamentales y diputados federales a SinEmbargo. La historia no es nueva entre los gobernadores, coinciden, y tampoco es nuevo que siempre termina mal. El peor ejemplo es Humberto Moreira, de Coahuila. Pero no es el único.

La administración de Duarte y el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) han ignorado la demanda de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, que exigen conocer en qué se han empleado estos recursos, quién autorizó el endeudamiento y qué instituciones bancarias han sido beneficiadas con una deuda que pagarán las futuras generaciones de chihuahuenses, más allá del presente sexenio.

“Se trata de esconder bajo ciertos rubros lo que es deuda, se le da un trato muy formal a los temas financieros. Por ejemplo, aquí en Chihuahua se acaban de emitir hace varios meses una serie de bonos carreteros por valores de varios miles de millones de pesos y esos bonos, el Gobernador está pidiendo que no se consideren como deuda”, alertó Sergio Meza, director de la organización civil Plan Estratégico de Juárez.

Duarte recibió Chihuahua con una deuda de 13 mil 261 millones de pesos (septiembre de 2010). Para diciembre de 2013 era el doble: 26 mil 135 millones. Pero algunos creen que, como sucedió con Moreira, hay gato (o deuda) escondida; que podría ya rondar los 43 mil millones.

En febrero pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que los pasivos de Chihuahua crecieron 79 por ciento, luego de que el Congreso local autorizó reestructurar la deuda estatal a 25 mil millones con una tasa de interés de 6.5 por ciento, una de las más altas del país.

A este ritmo, cuando termine el mandato de Duarte Jáquez, en octubre de 2016, el estado tendrá una deuda de 41 mil 766 millones de pesos que pagarán los contribuyentes más allá de su sexenio. Casi nueve mil millones de pesos más que la deuda registrada durante el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila, en 2011.

El primero de abril de 2014, Hacienda publicó que Chihuahua tiene comprometidos el 62.2 por ciento de las participaciones federales entregadas por la Tesorería de la Federación para cumplir con sus obligaciones crediticias. Aunque la SHCP aclaró que esta estimación solo afectaba un porcentaje, “considerando que la entidad instruyó afectar un monto mensual definido (no referido al monto total de participaciones) para el pago de sus obligaciones”, explicó.

Sin embrago, el Gobierno que encabeza César Duarte sostiene que el monto adeudado es mucho menor, pues las anteriores estimaciones incluyen una serie de fondos carreteros que no deberían considerarse deuda pública. Sin embargo, no ha detallado el monto total de la deuda que tendrán que pagar los chihuahuenses, ni en qué se han empleado los recursos. Lo que ha generado una serie de suspicacias a nivel sociedad organizada.

“Vemos que el Gobernador está pidiendo más actos de fe y buena voluntad en lugar de salir y mostrar información clara que muestre cómo es que ha crecido de este modo la deuda estatal”, indicó Sergio Meza.

LA DEUDA MANIPULADA

A pesar de que el dato del pasivo de casi 42 mil millones de pesos fue publicado en el reporte anual de la Secretaría de Hacienda federal, el gobierno de Chihuahua inmediatamente salió a desmentir la cifra. El Gobernador Duarte rechazó el endeudamiento que “con gran dolo” se adjudicó a su gobierno.

“Se ha sumado a la deuda pública y se pretende adjudicar con un gran dolo a mi gobierno el fideicomiso carretero la cual no es deuda pública, no la pagarán los chihuahuenses, es absolutamente falso las cuentas que han hecho”, afirmó el Gobernador.

No obstante, en las calles de las principales ciudades y en Chihuahua capital creció la incertidumbre, al grado que diputados locales citaron al Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, a una reunión de trabajo para explicar este asunto.

Según informaron reporteros locales presentes en la reunión, el funcionario explicó a los legisladores que la deuda real del estado es de 19 mil 921 millones de pesos, la mayoría del monto, dijo, fue heredada de “administraciones pasadas”. E inició un laberíntico recorrido de cifras para argumentar su dicho.

Detalló que el gobierno de Duarte Jáquez recibió una deuda de 12 mil millones de pesos, que llegaría a 14 mil millones con la inflación. A ésta, sumó los adeudos a proveedores por 14 mil millones. En total, un déficit financiero de 28 mil millones de pesos.

Para revertir la deuda, el funcionario informó que el gobierno estatal contrató créditos directos con Garantía de Participaciones por un total de 25 mil millones de pesos.

De éstos, dijo, corresponden cinco mil 692 millones de pesos deuda directa garantizada (una Emisión Bursátil y tres financiamientos en la modalidad del bono cupón cero), que dijo, no se deberían tomar en cuenta.

Según refieren los medios de comunicación presentes, los diputados locales sólo hicieron dos preguntas y se dio por concluido el tema.

En respuesta, el ex Gobernador José Reyes Baeza Terrazas envió una carta para negar de forma tajante que haya dejado a la actual administración una herencia de cobros por realizar y retó a la administración local a probar sus dichos. Hasta el momento el gobierno de Duarte no se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, para las organizaciones de la sociedad civil el problema no es sencillo ni se resuelve con una simple declaración.

La primer duda que salta es ¿dónde están los 22 mil millones de pesos que restan de la deuda de 42 mil millones de pesos reportados por la Secretaría de Hacienda federal? La segunda es, ¿quién se responsabilizará de los 19 mil 900 millones de pesos endeudados, que tienen comprometidas las participaciones federales, es decir, recursos federales que se entregan al gobierno estatal para financiar obras y proyectos públicos?

“Como organizaciones civiles, nosotros estamos haciendo el planteamiento de que se tiene que transparentar, estamos viviendo tiempo donde se ha hablado de la necesidad de la inversión, pero no vemos condiciones para que haya una mayor inversión con una deuda de este tamaño”, recalcó Sergio Meza.

SILENCIO ANTE DEMANDA DE INFORMACIÓN

Ante esta serie de declaraciones y desmentidos, organizaciones de la sociedad civil de Chihuahua han solicitado a la Secretaría de Hacienda estatal la presentación y los documentos utilizados por el Secretario Jaime Herrera ante los diputados locales, para conocer la realidad del endeudamiento y deslindar responsabilidades. No han sido escuchados.

“Les pedí que me proporcionaran la presentación que hizo el Secretario en esa reunión y lo que me contestaron es que el secretario solamente había hecho una presentación verbal y que no tenían nada escrito. Les pregunté a periodistas locales si consiguieron esa presentación y me dicen que no la han conseguido”, explicó Francisca Jiménez, coordinadora de la Red por la Participación Ciudadana, de Chihuahua capital.

Ocupamos el lugar número 29 en materia de transparencia, en el estado, son situaciones que verdaderamente sí preocupan. “Hacen falta mecanismos para que la ciudadanía conozca cómo se está endeudando al estado, porque si bien es cierto que el Congreso autoriza los préstamos, muchas veces es tan rápido que no hay la seriedad para poder reflexionar, entonces un gobierno de esta endeudando y endeuda también a las futuras generaciones”, apuntó por su parte, Francisca Jiménez, coordinadora de la Red por la Participación Ciudadana.

ÓRGANOS DEPENDEN DEL GOBERNADOR

En Chihuahua, como en la gran mayoría de estados del país, no existe una verdadera separación de poderes.

El Congreso está compuesto por 33 diputados locales, de estos 17 pertenecen al PRI, el partido del Gobernador César Duarte, mientras que dos son legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), incondicional del tricolor.

Por lo que no se requiere de mucho oficio político para que el Congreso avale los caprichos legislativos del Gobernador, apruebe de forma positiva los resultados de la cuenta pública, así como las solicitudes de endeudamiento que realiza el gobierno del estado.

Al mismo tiempo, el gobierno estatal difunde información poco clara o esconde completamente sobre los créditos solicitados tanto a los bancos privados.

“Hay opiniones encontradas entre la SHCP y Hacienda del gobierno estatal, nosotros lo que vemos aquí es una gran falta de transparencia y no vemos que las instituciones que deban estar trabajando en eso como son la Auditoría Superior del estado y la Comisión de Hacienda del congreso local hagan su trabajo”, afirmó Sergio Meza.

El auditor superior del estado es el contador público certificado Jesús Esparza Flores, ocupa el cargo desde diciembre de 2011 luego de despeñarse como director financiero de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Como sucede en otros estados de la República, su designación por el Gobernador fue cuestionada por organizaciones de la sociedad civil y avalada prácticamente por unanimidad, por un Congreso de mayoría priista.

“Se dice que [al auditor superior] lo puso el Gobernador y eso le quita posibilidades de hacer un trabajo de fiscalización más comprometido con la neutralidad, que yo creo es una de las principales deudas que se tienen en el estado de Chihuahua”, aseveró Francisca Jiménez.

Esta percepción no es exclusiva de las organizaciones de la sociedad civil. El Diputado federal Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, coincidió con la activista en materia de transparencia sobre la presumible falta de neutralidad de la Auditoría Superior del Estado.

“Están completamente entregados al estado, creo yo que este tipo de situaciones tiene que ver con la ley de transparencia gubernamental que se vaya a aprobar como ley secundaria, para poder destapar estas cloacas que esconden este tipo de endeudamientos”, aseveró.

El legislador nacido en Ciudad Juárez advirtió que la oposición en su estado natal no cederá un milímetro para exigir cuentas claras al gobierno estatal, a fin de evitar que los chihuahuenses paguen miles de millones de pesos y la heredes a las futuras generaciones.

INVERSIÓN COMPROMETIDA

La pregunta que sigue en pie entre la ciudadanía chihuahuense es ¿qué se ha hecho con los miles de millones de pesos entregados por la federación y otros que se han obtenido vía créditos bancarios?

Según el Registro de obligaciones y empréstitos vigente de entidades y municipios, de la Secretaría de Hacienda del abril de 2014, el Gobierno de Chihuahua contrató el 23 de noviembre de 1994 dos créditos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), uno por 24 mil 501 millones 546 mil pesos y otro por 17 mil un millones de 891 pesos, pagaderos en un plazo de 240 meses.

Al día de hoy, el gobierno tiene un saldo de tres mil 854 millones 422 pesos en el primer crédito y tres mil 185 millones 194 pesos en el segundo crédito, cuyo organismo acreditado fue el Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua.

No obstante la ciudadanía se pregunta ¿dónde están las obras, dónde está la infraestructura?

La organización civil Plan Estratégico de Ciudad Juárez realizó un estudio sobre la calidad de vida en el municipio, comparado con 20 ayuntamientos de similar tasa de población. Los resultados fueron alarmantes en una ciudad que se ufanaba hasta hace poco de ser un ejemplo de industrialización y desarrollo empresarial en el país.

En el Índice de Calidad de Vida Municipal (ICVM) Juárez ocupó el último lugar de los 20 municipios evaluados: Zapopan, Aguascalientes, Toluca, Querétaro y Mérida, entre otros.

Juárez y Acapulco fueron los peor calificados en seis de los siete rubros de calidad de vida evaluados: participación ciudadana, expectativas de vida y seguridad y justicia, así como en bienestar subjetivo y de calidad de la educación. Y se ubicó en el lugar 14 en materia de pobreza.

La ciudad de Chihuahua capital fue calificada en la sexta posición del ranking, con una calidad de vida media alta.

“El estado no ha tenido un despunte como la misma administración estatal lo comenta, la economía sigue atorada, no hemos podido regresar a los niveles que teníamos en la ciudad en el 2007, la economía no se ha diversificado, los problemas sociales siguen latentes”, dijo en entrevista Sergio Meza, representante de Plan Estratégico de Ciudad Juárez.

Meza reconoció que los delitos de alto impacto han disminuido en la entidad, pero no han desaparecido del todo “todavía hay zonas en las que no se puede andar”, lamentó.

DUARTE DESPILFARRADOR

César Duarte, surgido de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha tenido que lidiar al mismo tiempo, con la imagen de “despilfarrador” de recursos públicos endosada por una parte de la ciudadanía que se pregunta dónde están las obras de infraestructura que el gobierno estatal ha dicho que se construyeron con el endeudamiento citado.

“Como ciudadana le puedo decir que veo a un gobernante que despilfarra los recursos de su pueblo y como oposición le puedo comentar que observo a un gobernante arrogante, un gobernante que pareciera que se le olvidó para lo que fue electo”, detalló la Diputada federal Rocío Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional (PAN).

En términos generales, la ciudadanía ve en la administración de Duarte más pirotecnia política que programas definidos para el desarrollo integral en el estado. Por ejemplo, del 13 al 30 de junio de 2013, se realizó la tradicional Feria de Santa Rita, que por primera vez se fusionó con la exposición ganadera, Expogan, en nuevas instalaciones ubicadas en la zona de Ávalos, con una inversión superior a los 100 millones de pesos.

La Feria Internacional Santa Rita Expogan 2013 contó con juegos mecánicos, área de antros, rodeo, lienzo charro, áreas comerciales, gastronómicas y culturales, y una exposición ganadera en donde se exhibieron más de 450 cabezas de ganado.

La festividad presentó un atractivo cartel de artistas, entre los que destacaron Joan Sebastian, la Arrolladora Banda El Limón, César Costa, Angélica María y Alberto Vázquez, los Tucanes de Tijuana, Ángeles Azules, Manuella Torres, Banda Los Recoditos, Molotov, María José y El TRI.

Este gasto fue calificado como “obras de relumbrón” por la Diputada panista Rocío Reza Gallegos.

“Existía la infraestructura adecuada y necesaria, pero fueron y realizaron una obra de esta naturaleza que no se necesitaba y volteamos a ver la sierra tarahumara […]. Son los contrastes de un gobierno que no se está preocupando por las cuestiones que le duelen al estado, de un gobernante que despilfarra los recursos de los ciudadanos, un gobernante que tiene un gobierno opaco”, apuntó la legisladora.

Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que no quitarán el dedo del renglón para conocer el origen del endeudamiento público y quiénes se han beneficiado con él, en un estado que ostenta el lugar número 29 de 31 entidades federativas, en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/09-04-2014/953471.