Escándalo de generales empeora relación del Ejército con EU

El mayor caso de corrupción militar aquí en la memoria reciente ha empeorado una relación de por sí tensa entre oficiales de la ley de Estados Unidos y el Ejército mexicano, la institución en que más confían oficiales aquí y la que mayor poder recibió para librar el combate contra las drogas.

El caso se relaciona con los arrestos este mes de cuatro ex oficiales militares de alto rango, incluido un ex subsecretario de la Defensa, quienes son sospechosos de transmitir información al cártel de drogas de los Beltrán Leyva a cambio de dinero.

Para algunos estadounidenses, los arrestos confirman una vieja desconfianza hacia el Ejército, y han reavivado inquietudes sobre cuán estrechamente pudiera estar vinculado con el cártel, uno de los principales traficantes de cocaína hacia Estados Unidos y uno de los puntos de enfoque particulares de agentes estadounidenses antidrogas.

La exasperación estadounidense hacia el Ejército alcanzó un punto elevado en 2009, cuando, harto de lo que vio como demoras intencionales de los militares después de que no actuaran tras recibir datos de inteligencia estadounidense sobre el líder de los Beltrán Leyva, los norteamericanos recurrieron a la Armada de México en busca de ayuda. La redada posterior terminó siendo un golpe publicitario para la armada cuando el líder del cártel fue muerto.

El año pasado terminó abruptamente una reunión entre agentes estadounidenses de la ley y comandantes del Ejército mexicano para tratar de resolver sus diferencias. “Esencialmente, fueron 15 minutos, hola y adiós”, dijo un oficial al tanto de la reunión.

Buena parte de lo que la condenó al fracaso fueron malos sentimientos en torno a cables diplomáticos filtrados del embajador estadounidense de la época, Carlos Pascual, quien había ventilado la negativa del Ejército a ir detrás de la pandilla de los Beltrán Leyva con mayor determinación. Oficiales mexicanos, incluido el presidente Felipe Calderón, estaban indignados, y Pascual acabó por renunciar más adelante.

Ahora, coincidieron varios oficiales y ex oficiales estadounidenses, la detención de tres generales y un teniente coronel acusados de complementar sus salarios de servidores civiles con ingresos de las drogas, ha sacudido al cuerpo de oficiales.

“La DEA va a lidiar 99 por ciento del tiempo con las autoridades mexicanas, no con las fuerzas armadas”, dijo Michael Braun, un ex jefe de operaciones de la Dependencia Antidrogas de Estados Unidos. Recitó una serie de casos de corrupción relacionados con el Ejército, incluida la condena en 1997, bajo cargos de delincuencia organizada, de un ex general que era el zar antidrogas del país.

De cualquier forma, oficiales estadounidenses dijeron que estaban tan intrigados como cualquier otro con respecto a por qué habían sido detenidos los oficiales militares ahora, después de que tres, incluido Tomás Ángeles Dauahare, el ex subsecretario de la Defensa, hubieran abandonado las fuerzas armadas; uno, un general, estaba en activo. No quedó en claro, destacaron oficiales estadounidenses, si había alguna urgencia oculta o si los arrestos meramente reflejaban la conmoción en el Ejército de cara a las elecciones presidenciales del 1 de julio y el nombramiento posterior del candidato victorioso de una nueva dirigencia en la Secretaría de la Defensa Nacional. Los fiscales no han divulgado mucho sobre el caso.

El ejército ha desempeñado una participación decisiva, aunque a regañadientes -en privado, algunos comandantes se han quejado de que no tienen entrenamiento policial y que los soldados están demasiado expuestos a los narcotraficantes- en la ofensiva antidrogas que Calderón empezó en 2006. Casi 50,000 soldados se han desplegado a lo largo del país, enfrentando directamente a narcotraficantes, decomisando laboratorios de drogas y quemando cultivos de mariguana, a menudo reemplazando a oficiales de Policía demasiado corruptos, o mal preparados, para desempeñarse en sus puestos. Al volver la mirada al Ejército, Calderón se apoyó en una de las instituciones en que más confía la población mexicana, muy cerca detrás de la Iglesia Católica Romana y universidades en un sondeo del año pasado realizado por el grupo encuestador Consulta Mitofsky.

Los estadounidenses también, aunque con recelo, han apoyado al Ejército mexicano por medio de un programa antidrogas por mil 400 millones de dólares, conocido como Iniciativa Mérida, que le suministra a la corporación ocho helicópteros y entrenamiento, al tiempo que oficiales militares de Estados Unidos buscan reforzar vínculos con sus homólogos mexicanos, particularmente para esfuerzos de contraterrorismo.

Sin embargo, son comunes los encuentros incómodos y tensos entre agentes de la ley de EU y el Ejército mexicano, y se tratan entre sí como primos lejanos que han contado historias desagradables del otro.

Pocas han sido peores que el caso en contra de los ex oficiales acusados de trabajar para el cártel de los Beltrán Leyva, conocido por su éxito para usar la violencia y pagos para corromper e intimidar a políticos, la Policía y ahora, todo parece indicarlo, miembros del Ejército.

La muerte del líder del cártel en 2009 “no resolverá el problema de México con las drogas”, escribió Pascual en un cable, “pero, ojalá genere el impulso necesario para lograr progreso sostenido en contra de otras organizaciones del narcotráfico”.

Persiste la susceptibilidad con respecto a la redada por parte de la Armada mexicana, así como las críticas de Pascual. Reacio a ganarse el antagonismo de un socio potencial, ningún oficial estadounidense quiso que lo citaran por nombre en sus comentarios sobre el caso de los generales detenidos o sobre el estado de la relación.

De cuando en cuando, personas enteradas del Ejército han alimentado información a los estadounidenses sobre generales que se cree que están sucios, pero el Gobierno mexicano rara vez ha actuado con base en ella, destacaron oficiales y ex oficiales de la ley. El diario Reforma informó que desde 2000, 12 generales habían sido acusados de nexos con la delincuencia organizada.

Oficiales estadounidenses dijeron que aun cuando una parte de los datos de inteligencia que transmitieron a México sobre la organización Beltrán Leyva pudiera haber figurado en la detención de los generales, no fueron participantes activos en ello.

“Esto es una investigación mexicana”, dijo un oficial de alto rango del Departamento de Estado estadounidense.

Calderón, en sus primeros comentarios sobre los arrestos, defendió al Ejército la semana pasada, diciendo que “sin el Ejército mexicano, el país probablemente ya habría caído en las manos de criminales”.

“Lamento y condeno que algunos, identificados de manera específica, con base en la evidencia hallada tanto por la procuradora general como el fiscal militar, pudieran haber estado involucrados en actos ilegales”, dijo.

El registro de derechos humanos del Ejército también ha creado tensión con un informe del Departamento de Estado divulgado el jueves pasado, que destacó quejas sobre desapariciones inexplicadas y otros alegatos de abuso a manos de soldados. El informe, en una evaluación de los derechos humanos por todo el mundo, reprendió a México por tolerar la corrupción oficial y dijo que observadores de los derechos humanos se referían al Ejército mexicano como “la entidad gubernamental con el mayor número de quejas por derechos humanos (mil 695) entabladas en su contra durante el año”.

Es como si todos los agentes estadounidenses tuvieran una historia sobre sospechas en torno a la actividad del Ejército mexicano.

Braun, ex jefe de operaciones de la DEA, recordó haber ayudado a vigilar a un grupo de agentes de Policía que perseguían un avión con drogas en el sur de México, a comienzos de los 90. Cuando aterrizó, los oficiales intervinieron, pero fueron interceptados por soldados quienes -explicó Braun- “los ejecutaron sobre la pista aérea”.

“Ellos no sabían que los militares estaban custodiando un cargamento”, dijo. “Nadie sabía eso”.

Jayson P. Ahern, ex comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza que ahora es consultor del Grupo Chertoff en Washington, recordó haber recibido con regularidad informes de soldados que habían terminado en territorio estadounidense en áreas remotas del desierto del suroeste, que se sabe son rutas del narcotráfico. Ellos siempre alegaron que habían perdido la pista de la frontera internacional, lo cual es una explicación plausible en un terreno oscuro e inhóspito.

“Nunca hubo un caso en el que se demostrara que efectivamente era actividad de un cártel”, dijo Ahern. “Sin embargo, ciertamente fue sospechoso”.

El caso actual sigue generando abundante intriga. La semana pasada, México extraditó a Texas a un importante líder del grupo de los Beltrán Leyva, Sergio Villareal. Conocido como “El Grande”, quien había sido buscado por Estados Unidos desde hacía tiempo, en tanto informes locales de prensa decían que él había ofrecido una declaración que vinculaba a los oficiales del Ejército detenidos con el cártel. Oficiales estadounidenses dijeron que la extradición de Villareal no estuvo vinculada al caso de corrupción.

“En el pasado, el Ejército mexicano fue una de las instituciones más nacionalistas de México; ondean la bandera de la soberanía”, dijo Alonzo Peña, el ex subdirector de la Autoridad de Inmigración y Aduanas que ayudó a supervisar el trabajo de esta dependencia en México. “Así que ha tomado cierto tiempo que la comunidad de los agentes de la ley, nuestros oficiales, acojan de buena gana este esfuerzo. Las autoridades encargadas de la ley funcionan con la aplicación de la ley. Tradicionalmente, de esa forma ha sido”.