Esperan 24 mil afectados por delitos

Entre el primero de enero y el 30 de noviembre, la Unidad de Atención Temprana de la Subprocuraduría de Justicia en la Zona Norte recibió 25 mil 568 denuncias por actos constitutivos de delitos, es decir, al menos 76 juarenses cada día fueron afectados en su patrimonio o persona.

Sin embargo, mientras que las denuncias ciudadanas siguen acumulándose en los escritorios de los agentes del Ministerio Público, en la Ciudad Judicial los juzgados de Garantía y Tribunales Orales atendieron –hasta el miércoles anterior– un total de mil 528 causas, informó el coordinador de los abogados de oficio, Jorge González Nicolás.

Lo anterior significa que al menos 24 mil juarenses siguen esperando que se les haga justicia después de haber interpuesto su denuncia ante la autoridad.

En estos datos se excluyen los homicidios dolosos, ya que son delitos que se siguen de oficio.

Tras mil 560 denuncias fueron también recibidas pero por tratarse de quejas que no constituían la comisión de algún delito, se canalizaron a las agencias externas como el DIF, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal del Consumidor, Juzgados Civiles y Familiares y otras.

En tanto, otras 11 mil 836 denuncias fueron enviadas al Centro de Justicia Alternativa (CJA) que mediante técnicas de conciliación, mediación y negociación, soluciona hechos que si bien son delitos, el Ministerio Público opta por resolverlos mediante el pago por la reparación del daño o mediante el convencimiento para que la víctima perdone a su agresor sin que éste reciba una sanción por transgredir la ley.

Los datos oficiales establecen que el CJA resolvió 7 mil 624 denuncias por convenio o el perdón de la víctima.

Hace unos meses a “Antonio” le robaron su vehículo en el exterior de una tienda de autoservicio, la misma que horas antes del robo del auto sufrió un asalto a mano armada. Los hechos ocurrieron en el mes de agosto y ambos casos fueron denunciados ante el Ministerio Público.

“José” atiende un negocio de telefonía celular en el centro de la ciudad y cuando se dirigía a su trabajo a bordo de una unidad del transporte público le hurtaron su cartera y su teléfono móvil. Un día después asaltaron el módulo donde labora y su patrón denunció el atraco ocurrido en el mes de octubre.

Los afectados aseguraron que hasta el momento el Ministerio Público no los ha llamado para darles a conocer los avances de las investigaciones y dudan que finalmente los casos se resuelvan.

“Ni me llamarán, ni harán nada, no va a pasar nada”, dice “Antonio” con una sonrisa sarcástica, mientras que “José” comenta ya no sentirse molesto porque sabía que no iba a obtener respuesta de las autoridades por eso ni siquiera se tomó la molestia de denunciar el robo de su cartera, sólo acompañó a su jefe como testigo cuando denunció el atraco.

Ambos hombres, cuya identidad real se reservaron a solicitud de los entrevistados, forman parte de los más de 25 mil ciudadanos afectados por la comisión de diversos delitos en los últimos 11 meses trascurridos, muchos de ellos ocurridos con lujo de violencia, y que aún esperan justicia.

Los meses transcurrieron. “Antonio” compró, en abonos, un nuevo auto y la tienda de autoservicio afectada reforzó sus mecanismos de seguridad al contratar policías especiales que realizan una labor encubierta.

“Tengo necesidad de trasladarme de un lugar a otro, si me espero a que los investigadores encuentren y me regresen mi carro, pues nunca voy a hacer nada. Aquí no te queda de otra que tragarte el coraje y olvidarte de tu patrimonio”, expuso molesto el ciudadano.

En el mes de noviembre, el Centro de Justicia Alternativa resolvió 202 casos por medio de un convenio de pago y 430 por medio del perdón de la parte ofendida, lo que suma un total de 632 casos “solucionados”.

Los delitos “perdonados” fueron: amenazas, daños, lesiones, robo, abuso de confianza, incumplimiento de la obligación alimentaria, abuso de confianza, despojo, allanamiento de vivienda, estupro, hostigamiento sexual, omisión de auxilio o cuidado, robo de vehículo y retención y sustracción de personas menores de edad.

Mediante este esquema la Procuraduría de Justicia en el Estado pretendía “desarrollar un procedimiento rápido y simplificado en la solución de un conflicto penal, trabajar por la restauración de las víctimas, lograr que los ofensores comprendan y cumplan con las obligaciones generadas por su agresión, generar oportunidades de diálogo entre víctimas y agresores y promover a cultura de la paz”.

Actualmente el gobernador José Reyes Baeza Terrazas busca dar respuesta a la inconformidad social por la percepción de impunidad que representa la falta de precisión en la ley respecto al número de ocasiones en que se puede autorizar la reparación del daño, además de las posibles presiones que el ofendido o la víctima pueda recibir para otorgar el perdón.

La tercera propuesta de reforma que Baeza Terrazas busca ante el Poder Legislativo va encaminada a modificar más de 160 artículos de los códigos Civil, de Procedimientos Civiles, Leyes de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de Justicia Especial para Menores Infractores, de Justicia Alternativa y de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito.

La propuesta principal es que el perdón por reparación del daño se elimine, sin dejar de lado la presunción de inocencia, en delitos como robo de vehículos, a casa habitación, a establecimiento comercial, en casos de violencia intrafamiliar y extorsión, dio a conocer anteriormente César Cabello Ramírez, coordinador del SJP.”El documento base será enviado al gobernador del estado, con la finalidad de que haga las anotaciones del caso y, en caso de autorizarlo, sea enviado como iniciativa de ley al Congreso del Estado, como parte de las acciones para cerrar las puertas a la impunidad derivada del fenómeno delictivo que se registra de dos años a la fecha en le territorio estatal”, dijo Cabello Ramírez.

La dependencia estatal dio a conocer que en el mes de noviembre fueron remitidos a las Unidades de Investigación 2 mil 551 casos, de los cuales los de mayor incidencia son: robo de vehículo, robo, violencia familiar, daños, amenazas, fraude, fraude procesal, lesiones, violación, robo de autopartes y accesorios, despojo, extorsión, abuso de confianza, retención y sustracción de menores de edad, privación ilegal de la libertad personal, falsificación o alteración y uso indebido de documentos.