Estado acepta; rechazó a la CNDH

Después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que el Gobierno del Estado había desconocido las recomendaciones realizadas por esa dependencia, tras la agresión de policías estatales a tres reporteros en Ciudad Juárez, uno del Diario y dos del vespertino PM, hoy el Gobierno respondió.

En terminos generales, la Procuraduría de Justicia señala que ellos si actuaron y que incluso se sigue un proceso en contra de los responsables de la golpiza, sin embargo se espera sentencia por parte de la autoridad judicial.

Sin señalar nombres de las personas contra las que procedieron, concretamente los veinte agentes que se encontraban consumiendo bebidas embriagantes cuando llegaron los reporteros y fueron recibidos a cachazos y gritos, y sin dar más detalles del caso, la Procuraduría Justifica el rechazo del Gobernador, José Reyes Baeza, a las recomendaciones de la CNDH.

El siguiente texto es la respuesta íntegra que realiza el Gobierno del Estado respeto al particular, por medio de un boletin de prensa.

Con relación a la recomendación 33/2007 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno del Estado de Chihuahua, considera hacer necesarias las siguientes precisiones:

1. El respeto por los derechos humanos es premisa fundamental de la presente administración. Las reformas estructurales y procesales incluidas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal dan muestra clara de esta vocación y objetivo.

2. Los hechos materia de la recomendación 33/2007 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ocurrieron hace más de un año, y desde entonces la Procuraduría General de Justicia se avocó a las investigaciones de los hechos, la determinación de responsabilidades y la aplicación de las sanciones que correspondan. Actualmente el proceso derivado de este asunto se encuentra en espera de sentencia por parte del Poder Judicial.

3. La no aceptación de la recomendación no deviene de la falta de reconocimiento de las violaciones de derechos humanos, sino del hecho de que las medidas y acciones recomendadas han sido ejecutadas con anterioridad a la propia recomendación, toda vez que los procedimientos de sanción de los presuntos agresores fueron ya iniciados y se desahogan, como lo ha señalado tanto el gobernador del Estado como el Secretario de Gobierno, ante el Poder Judicial, el Ejecutivo está imposibilitado para ejecutar nuevas acciones al respecto.

4. El gobierno del Estado reitera su respeto por las decisiones de los órganos competentes en materia de derechos humanos, pero no puede aceptar la recomendación de medidas e inicio de procedimientos cuando ya las ha realizado.

5. El gobierno del Estado reconoce especialmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a sus funcionarios en su labor, señalando que existe plena coincidencia con el organismo, en que estas conductas que se presentaron, no deben ser toleradas, y espera que en fecha próxima el juez que sigue la causa establezca las sanciones que correspondan a los presuntos responsables.

Con respeto pleno por la libertad de expresión, el gobierno del Estado considera que no deben hacerse más comentarios sino hasta que la autoridad judicial determine las responsabilidades penales y administrativas que pudieran corresponder.

Se ha instruido a la Procuraduría General de Justicia a fin de que siga atenta al desenvolvimiento del procedimiento iniciado e informe a la opinión pública en cuanto se tengan sentencias definitivas en el caso que nos ocupa.