Evidencían a la Fiscalía en caso “Moreira”

Saltillo.- La Fiscalía General del Estado no ha solicitado información al Poder Legislativo de Coahuila derivada de la presunta denuncia interpuesta por Humberto Moreira, pese a que se recurrió a decretos falsos del Congreso para obtener deuda por hasta 3 mil millones de pesos.

Fernando de las Fuentes, diputado del PRI, reconoció el miércoles pasado que la Fiscalía General de Coahuila no ha solicitado información derivada de la investigación solicitada por Moreira.

"Por esa (denuncia de Moreira) no", dijo el diputado local durante una conferencia prensa.

El legislador priista había dicho con anterioridad que la Fiscalía del Estado pidió un informe derivado de la denuncia interpuesta el 30 de junio por los diputados locales del PAN. Incluso, el Fiscal Jesús Torres Charles señaló que el Congreso había respondido a la solicitud enviada.

El diputado dijo, que desconoce la supuesta denuncia que el ahora dirigente nacional del PRI aseguró haber presentado desde marzo.

"Yo no tengo conocimiento de esa denuncia. Yo felicito que lo haya hecho y lo saludo, y ojalá la Fiscalía tome las cartas correspondientes de que si existe alguna anomalía de algún proceso administrativo, en donde haya alguna causa penal, se deben de encontrar los elementos que comprueben el cuerpo del delito.

"De esta manera, si existe alguna persona implicada en una presunta, como hasta ahorita ha sido, presunta responsabilidad, y se pueda llegar a comprobar, y llegar a un juicio penal y de ese juicio penal alguien resulta ser sentenciado por algún delito, pues que cumpla la condena que le corresponda", dijo el legislador priista

El lunes pasado, Humberto Moreira reveló que en marzo pasado él mismo interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Coahuila para que se investigara la utilización de documentos falsos, misma que ratificó y que sigue en curso.

Las autoridades locales y federales, actualmente investigan la presunta falsificación de documentos oficiales que funcionarios del Gobierno de Coahuila entregaron a los bancos para la obtención de créditos por hasta 3 mil millones de pesos.

Para obtener los préstamos se utilizaron documentos de la Secretaría de Hacienda, así como decretos aprobados por el Congreso para autorizar la deuda, publicados en ediciones falsas del Periódico Oficial del estado.

"Nunca han estado involucrados en todos estos chismes y denuncias documentos del Congreso, lo que se habla es el Periódico Oficial", señaló el legislador de las Fuentes.

Por otra parte, Michel Taboada, vocera del Grupo Empresarial de la Laguna, sostuvo el miércoles pasado que Rubén Moreira, gobernador electo de Coahuila, se comprometió a pagar las cuentas pendientes de los proveedores del Gobierno de la entidad.

Taboada señaló que Jorge Verástegui, quien formará parte del gabinete de Moreira, y que actualmente funge como enlace ante el sector empresarial, estuvo en esta ciudad y afirmó que todo aquel proveedor que tenga sustentados sus cobros se le pagarán en lo que resta de la actual Administración y entrando la siguiente.

"Se lo planteamos a él este asunto, porque sabemos que es un problema latente, que es grande, le cuestionamos cómo se va a saldar toda la deuda a proveedores que sabemos que existe.

"La respuesta es que toda deuda que esté debidamente comprobada, todo adeudo a proveedor que esté debidamente reglamentado, que esté con sus documentos oficiales, se va a reconocer antes de que se termine esta administración y se va a iniciar el pago", dijo Michel Taboada.

No obstante, Taboada aseguró desconocer la cantidad de dinero que el Gobierno del estado debe a proveedores.

Busca PAN poner candados

El PAN en el Congreso de Coahuila presentó su propia iniciativa de Ley de Deuda Pública con la que busca poner candados a los créditos a corto plazo contratados por el Estado.

"En general proponemos que haya un límite para el endeudamiento.

"Proponemos que se le regresen al Congreso todas las facultades que han perdido, que haya transparencia y que todos los órganos del Congreso hagan su función y se les regresen sus facultades y que han sido retiradas", indicó el diputado Mario Alberto Dávila, coordinador del grupo parlamentario panista.

De los candados propuestos a la deuda a corto plazo está que no exceda de un periodo de pago de 180 días, plazo que recientemente fue ampliado a un año en la Ley de Deuda aprobada por la mayoría priista el pasado 6 de agosto.

Esta Ley, indica que no podrán contraer deuda pública salvo para inversiones públicas productivas, y no puede ser mayor a una cuarta parte de los recursos presupuestados para inversión pública.

También establece que el Gobierno del estado no podrá contraer deuda durante el último año de su gestión, salvo casos de emergencia.

La iniciativa panista deberá ser presentada en segunda lectura antes de ser turnada a la Comisión de Finanzas.

El pasado 6 de agosto fue aprobada la nueva Ley de Deuda Pública de Coahuila, en la que se relajaron algunas de las restricciones para la contratación de deuda.

El secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec), Ismael Ramos Flores, reconoció el pasado 25 de agosto que la legislación fue diseñada para darle margen al Estado de obtener refinanciamiento de su deuda a corto plazo.

Esther Quintana Salinas, diputada local criticó que el Estado mantenga el hermetismo sobre la deuda y el proceso de refinanciamiento de los 33 mil 867 millones de pesos autorizados por el Congreso.

"Sigue el silencio sepulcral por parte de quien debería estar informando, que es el Gobernador del Estado.

"Lo único que conocemos de la deuda y de estas famosas renegociaciones y refinanciamiento es lo que ustedes han publicado, no hemos tenido ninguna información por parte del Ejecutivo del Estado", indicó la legisladora.