Exhibe CNDH a Chihuahua

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México acusó al gobierno del Estado de Chihuahua, encabezado por José Reyes Baeza, de "falta de compromiso" con la libertad de expresión, al rechazar responsabilidad en la agresión cometida contra tres reporteros.

En un comunicado, la Comisión lamentó la postura del gobierno de Chihuahua de rechazar la recomendación que le hizo el organismo sobre el caso de los reporteros que fueron atacados físicamente, despojados de sus cámaras fotográficas y sus vehículos baleados el 5 de septiembre pasado.

Jaime Murrieta, reportero gráfico de El Diario y sus colegas Aurelio Suárez y Eugenia Cicero del vespertino PM de Ciudad Juárez, esta última con 19 semanas de embarazo, fueron agredidos hace casi un año, por los integrantes de la Agencia de Investigación del Estado de Chihuahua y un grupo de personas que departían con ellos. A altas horas de la noche y utilizando vehículos oficiales.

La CNDH sostuvo que el gobierno de Chihuahua dejó en estado de indefensión a los manifestantes, lo que representa "una señal muy negativa de los riesgos que enfrentan los informadores en ese estado.

Aquí el texto integro del boletín enviado el domingo 23 de septiembre

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta la decisión del gobierno del estado de Chihuahua de no aceptar la Recomendación 33/2007, sobre el caso de tres reporteros que fueron golpeados y despojados de sus cámaras fotográficas por parte de elementos de la Agencia de Investigación de esa entidad y de particulares, además de que durante los hechos sus vehículos resultaron dañados por disparos de arma de fuego.

Al evadir la investigación de esos hechos, ocurridos la noche del 5 de septiembre de 2006, en Ciudad Juárez, el gobierno de Chihuahua deja en la indefensión a los quejosos y las violaciones a sus derechos fundamentales son una señal muy negativa de los riesgos que enfrentan los informadores que se atreven a denunciar actividades indebidas de servidores públicos de esa entidad federativa.

La no aceptación de la Recomendación demuestra falta de compromiso del gobierno estatal ante las agresiones que sufrieron los comunicadores y pone en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, al incentivar la comisión de actos inhibitorios en contra de los periodistas.

La Comisión Nacional expresa su preocupación y extrañeza ante esta decisión, sobre todo porque se acreditó plenamente que los señores Jaime Murrieta Briones, reportero gráfico del El Diario , y de Eugenia Cícero Rivera y Aurelio Suárez Núñez, ambos reporteros del periódico vespertino PM , sufrieron la vulneración a sus derechos a la libertad de expresión, a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad personales.

De la misma manera se documentó que servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua vulneraron los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica de los agraviados al no integrar correctamente la averiguación previa CZN/59/06.

Resulta inaceptable que el gobierno del estado justifique que los agentes hayan disparado en contra de los vehículos de los periodistas y los periodistas con la justificación de que ello sólo se hizo con el fin de quitarles sus cámaras fotográficas para impedir que se hicieran públicas las fotografías que habían tomado a los agentes cuando, junto con particulares, tomaban bebidas embriagantes en la vía pública.

Aún más incongruente es que, después de aceptar tácitamente que los agentes participaron en la agresión, el Órgano de Control Interno sostenga que la única falta que cometieron éstos fue no detener de inmediato a los particulares que golpearon a los periodistas.

Asimismo, es incongruente que no se acepte la recomendación específica de capacitar a los servidores públicos y se señale que en el estado de Chihuahua se han efectuado un sinfín de acciones para difundir, respetar y proteger los derechos humanos, cuando el propio caso hace evidente la falta de voluntad de respetarlos por parte de la máxima autoridad estatal.

Además, la no aceptación de la reparación del daño revela el desprecio por el resarcimiento a la violación de los derechos humanos, a pesar de estar plenamente probado que hubo participación de servidores públicos en los hechos.

La negativa a aceptar la Recomendación concuerda con la posición asumida durante el proceso de integración del expediente, cuando no se proporcionó la totalidad de la información que la CNDH solicitó a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.

Para esta Comisión Nacional es de la mayor importancia que todas las autoridades del país contribuyan a crear las condiciones necesarias para el ejercicio informativo, especialmente ahora, cuando la libertad de expresión pasa en México por un periodo de permanente amenaza e incertidumbre, dada la violencia que se ejerce en contra de los comunicadores en diversas partes de la República.