Falla ley contra el feminicidio

Acuatro años de haber sido promulgada, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es considerada "inoperante" por organismos civiles. Chihuahua y BC, con los más altos índices: INEGI

Hace cuatro años, en febrero de 2007, entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero hasta la fecha es inoperante e incluso se ha querido utilizar con fines políticos.

Esta normatividad fue promovida por el gobierno federal y aprobada por la Cámara de Diputados con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra la mujer. Pero a 48 meses de distancia, los niveles de violencia, acusan organismos civiles, son los mismos y los feminicidios aumentaron en algunos estados de la República.

Adicionalmente, el gobierno federal ha violado algunas disposiciones de dicha ley al publicar con nueve meses de retraso el reglamento respectivo, y al no haber elaborado hasta ahora el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, instrumento a partir del cual debían elaborarse una serie de políticas públicas en la materia.

Desde que entró en vigor la ley, cada año se asignan 30 millones de pesos, de los cuales la mitad debería ser destinada para la elaboración de dicho banco, y otro tanto para el Fondo Nacional para la Alerta de Género, mecanismo que tampoco se ha puesto en marcha y que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Toda esta inacción va en demérito de la vida de las mujeres, que en este país no cuentan con mecanismos reales de prevención, atención y sanción de la violencia. Aún hay autoridades que reducen los feminicidios a una problemática de violencia doméstica, que piden a las mujeres que sean ellas mismas las que notifiquen a la pareja maltratadora de la denuncia que han presentado en su contra y que politizan el asunto al negarse a declarar las alertas de género, dejando desprotegidas a las mujeres”, señala María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Y por si fuera poco, el tema ya tomó tintes políticos. El pasado 12 de enero, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, lamentó que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres desechara el procedimiento para declarar una “alerta de género” en el Estado de México, ante el número de asesinatos cometidos en esa entidad.

Aunque según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009 el Estado de México estaba en el lugar número 11 de las cifras nacionales de feminicidios, con una incidencia de 3.67 asesinatos por cada 100 mil mujeres.

En contraste, el estado de Baja California, en el cual Blake Mora fue secretario de Gobierno, ocupa el segundo lugar con una incidencia de 10.11 homicidios por cada 100 mil mujeres.

De acuerdo con datos del INEGI, entre 2007 y 2009, periodo en que Blake Mora fungió como secretario de Gobierno de esa entidad, la incidencia de homicidios de mujeres se incrementó de 1.81 a 10.11.

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Estela Durán, secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, cuestiona que la protección de las mujeres esté supeditada a intereses de carácter político y con fines electorales, pues dijo que en el Estado de México no hay una situación tan grave —si se toma en cuenta su densidad poblacional—, como sí la hay en otros sitios como Chihuahua, Baja California, Morelos y Quintana Roo.

El INEGI reporta que en 2009 los primeros 10 estados con mayor incidencia de este delito son Chihuahua (13.09), Baja California (10.11), Guerrero (10.07), Durango (7.10), Sinaloa (6.00), Sonora (5.09), Tamaulipas (4.51), Oaxaca (3.82), Michoacán (3.78) y Nayarit (3.69).