Noticias de Chihuahua, Chih., a Martes 25 de junio de 2019

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Fracasa política de vivienda

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Fracasa política de vivienda

Dos de cada 10 hogares según el INEGI viven en condiciones de hacinamiento

Su casa es un lugar peligroso y contaminado. Lo que debiera ser un hogar confortable y seguro, es un cuarto de 1.50 por 1.50 metros; endeble; improvisado a la orilla de un río de aguas negras; maloliente por los desechos que lo circundan; con insectos, cucarachas y ratas que se pasean con osadía y un pasillo de salida a punto del derrumbe.

Así viven o tratan de vivir Ilda Piña de la Cruz y sus tres hijos, en un terreno igual de escabroso que comparte con otras cuatro familias, la de su suegra y sus tres cuñadas.

El ruinoso paisaje que rodea a la vivienda de Ilda está situado en la Ciudad de México, en el barrio de Jalalpa de la delegación Álvaro Obregón.

En el Distrito Federal al menos 2 millones de sus habitantes —dice la Sociedad Hipotecaria Federal y el Centro de Investigación y Documentación de la Casa— viven en condiciones precarias y de hacinamiento.

Desde hace 16 años, estas cinco familias mexicanas decidieron establecerse ahí ante su incapacidad económica de adquirir una vivienda nueva en un lugar más accesible o al menos, sin riesgos latentes.

En el reporte “Estado de la vivienda en México 2010”, ambos organismos citados, señalan que en todo el territorio nacional 8 millones 946 mil 725 familias —es decir, dos de cada 10 hogares según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)— viven en condiciones de hacinamiento, o en casas construidas con materiales precarios o en deterioro.

En ese informe elaborado con estadísticas del propio gobierno mexicano, se reconoce, además, que 70% de las familias tiene dificultades para adquirir una vivienda con sus ingresos disponibles, lo que quiere decir que necesariamente tienen que endeudarse para cubrir esa necesidad básica. Pero 20% de las familias más pobres ni siquiera puede acceder a créditos.

Detalla que los estados con más crisis en vivienda son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

De acuerdo con un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que para sustentar un crédito al gobierno de México en julio de 2010, “la demanda por atender se concentra en sectores de menores ingresos y rurales o semiurbanos, a los que, sea por precio, por dificultad de verificar ingresos, o por ubicación geográfica, los actores de mercado y las instituciones públicas de vivienda no están atendiendo suficientemente”.

Agrega que las Sofoles y bancos “apenas se han adentrado en el mercado de ingresos menores a siete salarios mínimos”, y aunque los programas del Infonavity Fovissste llegan a familias de menos ingresos, las exigencias de formalidad laboral como asalariados limitan su alcance, por lo cual, para atenderlos el papel de la SHF es crucial. Los especialistas consideran un fracaso la política nacional de vivienda, pues critican que ésta considere a la vivienda como una mercancía y no como un derecho de la población.

“Dejar que el mercado por sí mismo haga las cosas ha creado muchos problemas. Los subsidios para vivienda ahora son pocos y los desarrolladores privados hacen lo que les da la gana.

“La disminución del control del Estado en esta materia ha sido negativa para el país”, dice Martha Schteingart, investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México.

“Estamos ante un fracaso total en política de vivienda porque no hay viviendas para quienes más las necesitan y las que hay disponibles son caras y no cumplen con los mínimos estándares de calidad, son pequeñas, con servicios limitados y alejados de los centros urbanos”, dice René Sánchez, coordinador del Consejo de la Defensa de la Vivienda.

El artículo 4 de la Constitución señala que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Pero en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) —encargado, sobre todo, de construir vivienda de interés social para los trabajadores del sector privado— reconocen que ese derecho es limitado.

El chiquero y la desgracia

Cuando Ilda se casó y llegó con su esposo y una ilusión a la delegación Álvaro Obregón, su suegra, quien ya ocupaba el terreno en los linderos del río Santa Fe, le ofreció como casa uno de los chiqueros donde criaba a puercos.

Vivió bajo el techo de lámina durante cinco años hasta que su esposo pudo construir con ladrillo el cuarto de metro y medio que habita con su familia en la actualidad y en donde nacieron sus tres hijos. Pero vivir en esas condiciones y en ese lugar le ha traído pura desgracia. Hace 14 años, una inundación hizo que el río barriera con las casuchas de la orilla provocó la muerte de su cuñado. El hombre quiso proteger el inmueble con piedras pero cayó y se golpeó en la cabeza.

Hace una semana, su esposo fue víctima de la delincuencia de la zona, que, como dice Ilda, merodea por todos lados, igual que la basura y la fauna nociva. Su pareja, de 38 años de edad, quien conducía un taxi pirata, fue a dejar a algunos de sus amigos a su casa, pero a unas cuadras del barrio, un asaltante lo apuñaló en el pecho y murió.

Y así vive en su hogar. Ahora viuda, víctima de la delincuencia, atendiendo como puede las infecciones recurrentes de sus hijos, preocupada por las lluvias que vendrán y que podrían envalentonar al río y jalando a sus hijos de sus ropas cada vez que quieren ir al baño porque para eso tienen que salir de su cuarto y pasar con precaución por un pasillo estrecho por donde da vértigo, pues al asomar un poco la cabeza se ve la barranca, rocas, basura, animales muertos y el correr de las aguas negras . Vive así porque no tiene otra opción.

Derecho para pocos

Desde 2003, el entonces relator especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, advirtió, después de una visita realizada a México, que el país enfrenta “importantes problemas” en el sector de la vivienda.

Desde entonces, el representante de la ONU estimó que el país necesitaba 750 mil viviendas nuevas satisfacer la demanda de crecimiento poblacional.

“México ha puesto en marcha varios planes hipotecarios de vivienda, pero la mayoría de estos han estado orientados hacia los empleados de ingresos medios del sector estructurado, lo que prácticamente ha excluido a los pobres que están empleados en la economía informal, 40% de la población”.

La investigadora Martha Schteingart coincide: “Se ha hecho muy poca vivienda para los pobres y desde finales de los 90 y principios del 2000 se empezó a construir mucha vivienda pero para la población que gana más de cuatro salarios mínimos. Tampoco hay suficientes programas de mejoramiento de la vivienda y por eso, los sectores más desprotegidos tienen que autoconstruir sus casas en terrenos irregulares, alejados y en zonas de riesgo”.

Estadísticas preliminares del Consejo Nacional de Vivienda (Conavi) señalan que en 2010 se construyeron 370 mil 424 casas habitación. Sin embargo, el referido informe sobre vivienda 2010, apunta que la demanda anual es de 750 mil viviendas en promedio, según el número de matrimonios inscritos en el Registro Civil.

De acuerdo con el Conavi, se estima que para 2030 habrá un déficit de 20 millones de viviendas, 7.2 millones por mejoramiento, 1.7 millones por rezago básico y 11.3 más por demanda de vivienda nueva debido al crecimiento de la población.

EL UNIVERSAL solicitó una entrevista en el Conavi para que informara sobre el rezago en materia habitacional y conocer los planes y programas de gobierno para revertir el déficit y dar vivienda a los mexicanos que están dentro de la clasificación de la pobreza, pero no hubo respuesta a la petición.

Altos precios, feas y abandonadas

Quienes tienen una relación laboral en el sector formal de la economía y que, por lo tanto, pueden acceder a créditos para vivienda, también padecen.

“Los créditos se encarecieron, pero además, las casas ahora están construidas con materiales de mala calidad para reducir los costos de producción y se localizan en zonas alejadas, lo que ocasiona un desgaste en la calidad de vida de los habitantes por el tiempo que tardan en recorrer esas grandes distancias”, asegura Schteingart.

René Sánchez, coordinador del Consejo de Defensa de la Vivienda, dice: “Ninguno de los nuevos desarrollos cumple con los estándares de calidad. Por eso es que en Ciudad Juárez hay por lo menos 200 mil casas abandonadas y la gente está haciendo lo mismo en Tabasco, Oaxaca, Estado de México, Sonora, Coahuila y Jalisco, según los reportes que nos llegan porque una casa en mal estado se vuelve inhabitable y en nido de delincuentes”.

En Monclova, Coahuila, dice, 2 mil casas de tres conjuntos habitacionales se inundaron por las lluvias de 2010 “y ni el Infonavit ni la Sociedad Hipotecaria Federal que fueron los desarrolladores quisieron pagar los seguros”. En Yucatán, agrega, “tenemos casos de personas que no pueden acceder a un crédito de Infonavit porque ésta les exige firmar escrituras con una cláusula que dice que parte del crédito lo debe absorber una entidad financiera privada”.

Teresa Paniagua, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destaca que “el derecho a la vivienda debe entenderse como un derecho no a cualquier vivienda sino a una digna y adecuada, a favor de las personas asalariadas y no asalariadas y el Estado, debe llevar a cabo las acciones para hacer efectivo ese derecho y de manera equitativa”.

Ilda espera recibir algún apoyo gubernamental para hacer frente a su nueva vida. “Ni siquiera pido una casa nueva, sólo ayuda para mejorarla para que mis hijos no vivan en el peligro”.