Noticias de Chihuahua, Chih., a Sábado 21 de enero de 2017

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Gasta PFP 500 mil pesos diarios en operativos

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Gasta PFP 500 mil pesos diarios en operativos

Medio millón diarios para operativos contra el narco en México

Ciudad de México.- Medio millón de pesos diarios se gastó la Policía Federal en siete Operativos Conjuntos para combatir al narcotráfico y recuperar las zonas en poder de la delincuencia organizada. Dichos recursos se destinaron para mantener las condiciones óptimas de alimentación, transporte y hospedaje de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

A pesar de dicha inversión para subsanar los gastos de los elementos policíacos en estos operativos, los grupos delictivos han incrementado sus operaciones en todo el territorio nacional, según registros de la propia Procuraduría General de la República (PGR), siendo Tijuana, Baja California; Chihuahua y Sinaloa, los mejores ejemplos, donde a pesar de los Operativos Conjuntos, las ejecuciones están por mayoreo y a la orden del día.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y Coordinación de Inteligencia para la Prevención, tan sólo Tijuana, Baja California, registra un índice de más de 7 mil delitos por semestre, el Gobierno federal ha invertido hasta 51 mil 145.67 pesos en promedio diarios.

El Gobierno federal desplegó el año pasado a 14 mil 582 elementos, en 11 estados; en el proyecto se preveía que la presencia de las fuerzas federales reduciría la actividad delincuencial, en todo el territorio nacional. Lo que no sucedió y los obligó en 2008 a reforzar la seguridad y el envío de tropas a Tijuana, Baja California, y Chihuahua, principalmente.

El riesgo que advierte el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), es que de mantener a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, como lo viene haciendo el Estado mexicano desde la operación «Limpiemos México», se pueden corromper. «Ejército y Marina están hechos para otros fines».

De acuerdo con el «Análisis de la Seguridad Pública y la Seguridad Nacional» que realizó el especialista Felipe Espinosa Torres, no se les pueden llamar «Operativos Conjuntos».

Ese nombre que le dieron a las operaciones donde agentes federales actúan en coordinación con las fuerzas armadas, «no corresponde con la realidad» y el tipo de operaciones que se llevan a cabo en Michoacán, Baja California, Guerrero, Chihuahua- Sinaloa-Durango, Nuevo León-Tamaulipas y Veracruz, porque todo funciona con visión militar.

«Las estrategias aplicadas son de tipo militar, no policíacas», que si bien pueden «tener un efecto disuasivo de la criminalidad, éste es de carácter temporal, parcial e ineficiente».

«Temporal, porque su impacto está constreñido al periodo de duración del operativo presencial.»Parcial, porque sólo interviene sobre los aspectos operacionales y logísticos de la actividad delictiva, sin un enfoque integral de la misma.

E «ineficiente, por los altos costos que implica tener en activo a miles de efectivos militares en una acción fuera de sus cuarteles, y con resultados que no aprueban una evaluación de costo-beneficio», explicó.

De tal suerte que aunque el Gobierno federal sostenga que la estrategia llevada a cabo contra el crimen organizado, específicamente a través de los operativos conjuntos, es integral y preventiva, la estrategia responde más a acciones punitivas y de reacción.

Ello porque «se han basado en operativos militares de tipo presencial, de vigilancia y control territorial».

«No han sido preventivas porque las acciones de tipo social en las que tendrían participación importante otras áreas de la administración pública (educación, salud, desarrollo social, desarrollo económico, trabajo, deportes, cultura, participación ciudadana, desarrollo de la familia, juventud, obras y servicios, entre otras) simplemente están ausentes en la estrategia gubernamental», advierte el ICESI.

Y, sin embargo, aun cuando se carezca de los elementos de política pública, los operativos conjuntos que arrancaron desde diciembre de 2006, son bien vistos por grandes sectores de la población, porque contrastan notablemente con la inercia, incapacidad y negligencia características de otras administraciones en el Gobierno federal.