Gastos en burocracia amarran al presupuesto

Distrito Federal– El Presupuesto de Egresos de la Federación tiene una serie de compromisos que se han convertido en “pesadas anclas” que reducen la maniobra del sector público.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los denomina el “Gasto Público Ineludible”, es decir, el que no se debe tocar por ningún motivo. Prácticamente, asegura la dependencia, 92% del gasto programable del sector público está comprometido.

La mayor carga de gastos ineludibles se encuentra en los servicios personales, los cuales representan 33.81% del gasto programable del Gobierno que no puede moverse, plantea la dependencia federal.

El próximo año, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla 562 mil 150 millones de pesos por los servicios personales, el cual es superior en 28 mil millones de pesos de acuerdo al registro de 2009.

Aquí se encuentran las necesidades económicas que son productos de negociaciones sindicales que se dan año tras año y generan abultadas cargas para el sector público en sueldos y salarios.

Adicional a ello, en el pasado, las administraciones en el poder comprometieron gastos que se han convertido en pesadas cargas como el pago de pensiones y jubilaciones, los cuales representan 10.9% del gasto irreductible.

En 2010, México necesitará 306 mil 503 millones de pesos para solventar el pago de pensiones y jubilaciones, cifra que equivale a 2.40% del Producto Interno Bruto (PIB), pero las cifras crecerán hasta una proyección de 3.05% del PIB en 2015.

“Hay una carga por el lado de los pasivos. Es una deuda que hay que pagar. Eso implica no gastar esos recursos en otros rubros”, expresó Alejandro Villagómez, especialista en materia de pensiones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Isaac Katz, economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dijo que el espectacular crecimiento del sector público en el pasado se ha traducido en gran cantidad de jubilados en la actualidad.

– Más presiones

La obra pública y otros proyectos de inversión física constituyen 14.92% del gasto programable que no debe moverse.

Hay otros recursos que son considerados como “lastres” para la administración pública, como los subsidios, los cuales constituyen 12.85% de los recursos que no se pueden tocar.

Los ramos generales también reclaman no tocarse; aquí se encuentran 9.99% de los irreductibles del gasto programable.

En el pasado, desde Ernesto Zedillo, el Gobierno comprometió la solvencia del pago de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas), los cuales constituyen 3.45% de las erogaciones ineludibles del gasto programable.

La lista de intocables es completada con los ramos autónomos y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tribunales Federales, Seguridad Pública, medicinas y salud, recaudación de ingresos federales, fiscalización, servicios básicos, arrendamientos.

Además del gasto financiado por organismos internacionales, programas sujetos a reglas de operación y combustible para la generación de electricidad. Una serie de compromisos que impiden el reacomodo de recursos.

Un aspecto a considerar es la deuda gubernamental, la cual tendrá una carga considerable el siguiente año, ya que necesitará 6.05% del PIB.
También están los compromisos sociales que se incrementaron en las últimas administraciones, los cuales registran crecimientos exponenciales.

En 2003 se creó el Programa de Seguro Popular, pero es hasta 2004 cuando el Congreso autoriza 4 mil 432 millones de pesos del presupuesto; en 2009 ya se tenían presupuestados 41 mil 368 millones de pesos.

Para el próximo año, si la Cámara de Diputados lo autoriza, el Programa de Seguro Popular, estrella de las administraciones panistas, contabilizará 52 mil 379 millones de pesos.

También se encuentra la continuidad del programa Oportunidades, aunque este último ya fue amenazado por la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de que se le van a reducir los recursos programados al Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Números no mienten

En el debate del Presupuesto de Egresos para 2010 que se acelerará esta semana, los especialistas pugnan por ajustar el gasto corriente. El análisis denominado “Comparación del gasto programable aprobado para 2009 y el proyecto de gasto propuesto a la Cámara de Diputados para 2010”, elaborado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), reveló que el gasto corriente de la administración pública federal crecerá en 2010 en casi 132 mil millones de pesos, al compararse contra el aprobado en 2009.

En cambio, los recursos para gasto de capital tendrán una caída de 55 mil 159 millones de pesos.

El PRI ya amenazó con recortar el gasto corriente. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens Carstens, aseguró el pasado jueves que “no hay mucha tela de donde cortar” al gasto corriente, por lo que se tiene que ser más prudentes al emitir un juicio.

“Dentro del gasto corriente se califican las transferencias a los estados y municipios. Nosotros le hemos dicho al Poder Legislativo: Vamos a revisar en detalle los gastos corrientes, y aquello que realmente resulte superfluo habría que cortarlo; pero no hay mucha tela de donde cortar ya.”

Agregó que hay inversión en capital humano, salud, desarrollo social, seguridad y subsidios en la vivienda.

Todos son necesarios
El profesor del entorno económico del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), Eugenio Gómez, reconoce que tanto los maestros y doctores como los policías son necesarios para el país.

Aníbal Gutiérrez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en finanzas públicas, demandó compactar las estructuras administrativas, sobre todo aquellas de los altos niveles.

“Está el problema del gasto corriente. El crecimiento de las estructuras paralelas que se han dado en los gobiernos panistas encareció muchísimo el costo del servicio público”, dijo el especialista de la máxima casa de estudios. Villagómez planteó la conveniencia de que, en la Cámara de Diputados, se genere una comisión, que sería la encargada de revisar, en los siguientes meses, los gastos que no están funcionando, con la finalidad de que en la discusión para el Presupuesto de 2011 se tengan elementos más fundamentados.