Gobierno estatal debe una explicación

La fuga del reo federal Crispín Humberto Borunda Cárdenas, delincuente sujeto a un proceso de extradición instruido por el Juez Décimo Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal y cuya custodia se encontraba bajo responsabilidad de elementos de la Cipol en la capital de Chihuahua, es una prueba contundente de que la ineficiencia en la procuración e impartición de justicia no tiene ya como pretexto la simple disputa de competencias entre niveles de gobierno federal y estatal, sino una evidente incompetencia entre dependencias del propio Poder Ejecutivo local, en este caso Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Procuraduría de Justicia del Estado.

Así se pronunciaron de forma colegiada los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de Chihuahua, quienes ahora exigen firmemente una explicación creíble de la autoridad estatal, sobre los hechos en los que un numeroso grupo armado con violencia propició la fuga del narcotraficante señalado, sin mayor oposición y resistencia de los custodios que le vigilaban.

La autoridad estatal deberá explicar a los ciudadanos por qué un delincuente de ese nivel de peligrosidad se encontraba previamente internado en un reclusorio de baja seguridad y después fue enviado en un hospital público con una custodia escasa e incapaz. También deberá deslindar responsabilidades ante el dicho de la Procuradora de Justicia, Patricia González Rodríguez, quien reconoció públicamente que las autoridades habían sido advertidas de la intención de los criminales por rescatar al narcotraficante preso.