Hay más chuecos por trabas a importación

Las trabas a la regularización de vehículos impuestas por el decreto automotriz federal, en lugar de detener la entrada de vehículos chatarra al territorio nacional, fomentan la ilegalidad.

Además, por las restricciones para introducir legalmente al país vehículos usados, nuevamente se ve en cada esquina la venta de unidades chuecas, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Daniel Murguía Lardizábal.

Esa situación la originó la política errónea del Gobierno federal, lo que provocó que la población ya no tenga acceso a unidades legales y recurra nuevamente a autos chocolate, dijo Murguía, quien también preside la Comisión Nacional de Frontera de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

De acuerdo con la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), que expide engomados a vehículos chuecos en el sur del estado, el aumento en los cobros de importación elevó de 400 a mil por mes las solicitudes de esos documentos.

“Lo que sucede es que la gente se abstiene de importar un vehículo por los altos costos, además de que el Gobierno federal se empeñó en exigir el certificado de origen, que limita que la gente pueda importar su unidad, porque es un documento que no existe”, dijo Iván Rodríguez, dirigente nacional de dicha organización, entrevistado vía telefónica.

“Entonces, lo que está sucediendo es que sigue la introducción de carros, pero sin regularizar”, agregó Rodríguez, cuyas oficinas están en la ciudad de Delicias, en el sur del estado.

A su vez, Murguía Lardizábal dijo que la situación generada por el Gobierno federal, “es una prueba de cómo se toman decisiones erróneas en el centralismo, que no nos dejan trabajar en la frontera”.

Los carros chuecos, agregó, se siguen vendiendo, no de igual forma por la recesión, pero negocios formales que pagaban impuestos hoy los vemos vendiendo en las esquinas autos chuecos “y muchos de esos carros son usados para delinquir”.

Señaló que desde el año pasado había mesas de negociaciones con la Secretaría de Economía para establecer reglas justas pero en diciembre se entró en un receso y ese mismo mes el Gobierno federal publicó los decretos que en un principio elevaron el costo de las importaciones hasta un 300 por ciento más.

A partir de ahí, nuevamente se entablaron negociaciones que no llevaron a los resultados que se esperaban para reactivar al sector de comerciantes de autos usados y beneficiar con ello a la población.

“Hemos estado tocando este tema y vemos que la Secretaría de Economía está muy cerrada”, enfatizó.

Indicó que el principal argumento manifestado a la Federación fue el cierre de negocios formales y el incremento de la informalidad, lo cual ya se puede apreciar en cualquier parte de la ciudad.

“Expusimos que de este negocio, iban a cerrar formales y se iban a cambiar a la informalidad”, dijo.

Esa misma situación se está repitiendo en toda la frontera norte del país, en ciudades como Laredo, Tijuana y Reynosa.

La Onappafa es una de las varias organizaciones que, a cambio de cuotas, expiden engomados a los propietarios de vehículos ilegales que, gracias a la presión política de la agrupación, pueden circular o evitar los decomisos.

Su líder Iván Rodríguez explicó ayer que este tipo de organizaciones perdieron casi la mitad de sus afiliados sobre todo a partir de 2005, cuando finalmente un decreto federal permitió la regularización de los miles de vehículos ilegales que circulaban en el país, disminuyendo así las solicitudes de engomados denominados “pafos”.

Pero el decreto de diciembre de 2008, dijo el dirigente, regresó la actividad de su organización a esos tiempos en los que abundaba la ilegalidad y la expedición de engomados, cuyos precios oscilan entre los 300 y los 600 pesos.

“Aún así –pese a los ingresos– siempre hemos dicho que lo que la organización quiere es la regularización, terminar con este problema, pero no nos lo permite el Gobierno federal, porque sigue el problema de los carros chuecos”, dijo.

“Le dijimos a la Secretaría de Hacienda: te estoy pidiendo que me quites el trabajo, regularízame todo lo que existe chueco en el país, y permite que los vehículos que se quieran introducir lo hagan de manera legal, pero no lo entienden. ¿Cómo es posible que no permitan que paguen impuestos, porque a final de cuentas los carros están aquí, están circulando, siguen entrando y, peor, sin identificación oficial”, agregó.

De acuerdo con los datos recabados, los vehículos usados extranjeros siguen entrando al territorio mexicano a través de ciudadanos norteamericanos que conducen las unidades a través de los cruces internacionales y, hacia el sur del estado y del país, con el pago de sobornos a los agentes de la Policía Fiscal encargados de evitar el contrabando.

Así, datos oficiales estiman en 15 mil el número de vehículos irregulares circulando en Ciudad Juárez y hasta en 200 mil en el estado.

Un decreto emitido en agosto de 2005 por el gobierno federal permitió la regularización de miles de unidades en todo el país. Datos de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA) indican que, hasta 2008, en esta frontera se regularizaban alrededor de 80 mil vehículos cada primer cuatrimestre del año, que es cuando la población dispone de recursos para pagar estos trámites.

Pero en diciembre de 2008, el Gobierno federal modificó las reglas a la importación y, básicamente, triplicó el “valor estimado” de cada unidad, sobre lo cual se aplica un impuesto de 10 por ciento.

Así, vehículos por los que antes se cobraba un impuesto de importación de alrededor de 9 mil pesos, alcanzaron los 30 mil pesos de gravamen, o más, por lo que la regularización disminuyó este año un 90 por ciento, de acuerdo con la AAA.

Esta caída en la regularización, además de estar beneficiando a las organizaciones “pafas”, generó también lo que para el Gobierno municipal es uno de los mayores problemas de inseguridad: la incapacidad del municipio para tener control sobre el parque vehicular.

“Todos los delincuentes, los sicarios, las personas que cometen delitos traen carros chuecos, sin placas, y necesitamos poder detener esos carros”, dijo el alcalde José Reyes Ferriz.

“La identificación vehicular es esencial para un régimen de seguridad, es absoluto, la delincuencia se mueve en vehículos, y una forma esencial para perseguir estas situaciones es a través de la identificación vehicular”, agregó.

En Juárez, los altos costos para importar vehículos provocaron la desaparición de la mayoría de lotes, de acuerdo con datos oficiales, de la Canaco y de la de la Federación de Asociaciones de Comerciantes de Automotores Fronterizos (Facaf).

Ambos organismos reportan bajas de hasta un 90 por ciento en sus padrones de comerciantes, mientras que la Secretaría de Economía hasta un 85 por ciento. Es decir, solamente quedan en activos entre 30 y 50 establecimientos formales, de los 350 que operaron hasta principios del 2009.