Hoy entra en vigor la ley de PPS

Este día entró en vigor la Ley de proyectos de inversión pública a largo plazo enviada por el gobernador César Duarte Jáquez, que recientemente aprobó por unanimidad de votos el Pleno del Legislativo estatal.

Cabe destacar, que mediante esta ley se pretende incrementar de manera considerable el desarrollo, la infraestructura y el equipamiento de todas las ciudades de la entidad.

Esta nueva normatividad consta de un total de 55 artículos, y tiene como principal objetivo elevar la cobertura y calidad de bienes y servicios que actualmente ofrece el Estado, mediante esquemas que permitan completar y utilizar eficientemente los recursos públicos, permitiendo a los inversionistas realizar proyectos de impacto social en la entidad.

Cabe destacar que una las principales características de ese esquema, es que permite no considerar como deuda pública las obligaciones que el sector público adquiere en ese proceso.

En estos proyectos, participan conjuntamente el sector público y privado, quienes aplican recursos durante varios ejercicios fiscales, mediante un proceso licitatorio que culmina con la celebración de un contrato entre el Gobierno y un inversionista prestador, mediante el cual se establece, por una parte, la obligación a cargo del inversionista prestador de prestar, a largo plazo, servicios atractivos que éste construya, sobre inmuebles propios o de un tercero, incluyendo el sector público y, por la otra, la obligación de pago por parte de la dependencia o entidad por los servicios que le sean proporcionados.

En la nueva ley se destaca que, con la aplicación de la misma, “el sector privado se convierte en un proveedor de servicios de la administración pública, con la obligación de construir infraestructura necesaria para la prestación de tales servicios en los casos que así se requiera”, y precisa que “estos esquemas novedosos permitirán al Estado celebrar un contrato para recibir del sector privado la prestación de un servicio y no la adquisición de activos fijos”.

Especifica además que el procedimiento de contratación únicamente podrá realizarse a través de licitación pública, para obtener mejores condiciones de mercado; e igualmente, destaca que para ello se deberá de contar con un análisis de costo beneficio, a fin de demostrar que la utilización del esquema puede generar un ahorro en comparación con una inversión pública tradicional, ya sea con recursos propios o derivados de un financiamiento.