Ilegal juicio político a jueces

Con el fracaso del Gobierno del Estado para solucionar el problema de inseguridad pública se ha dado un movimiento de tipo político para proteger la imagen del gobernador Duarte. La administración estatal primero y después la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidieron al Congreso del Estado que se armara un juicio político contra los tres jueces del nuevo Sistema de Justicia Penal que operaron el juicio oral en contra de Sergio Barraza, presunto asesino de su pareja Rubí Frayre, con quien procreó una hija. Cuando los operadores legales del Gobierno estatal vieron que era difícil que la población creyera que si era posible el juicio político por parte de los legisladores locales, de mayoría priista, contra los jueces penales, dieron marcha atrás a la iniciativa de Cesar Duarte y dejaron que fuera la CEDH la que sacara la cara por la ilegal petición de juicio político a los jueces. Resulta que Trevizo, apoderado jurídico del gobierno estatal sabe que desde 2004, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impide que los errores de los jueces sean tratados en juicios políticos de los Congresos de los estados. Si hay errores de los jueces en este caso, será el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, titular del Poder Judicial, el que proceda a hacer las investigaciones y las sanciones en su caso. El gobernador amenazó a los jueces incluso con cárcel por esta presunta omisión de los impartidores de justicia y el Congreso del Estado hace la faramalla de un juicio político que de entrada es legalmente improcedente. Política y mediaticamente todos los actores del gobierno y de la sociedad podemos decir lo que queramos, pero técnica y jurídicamente el procedimiento de investigación y sanción de este o cualquier otro caso, deberá ser tratado conforme al derecho.

Leyendo con detenimiento los comentarios de la juez Catalina Ochoa Contreras, una de las involucradas en este espinoso tema, del magistrado José Alberto Vázquez Cano, presidente de la Sala de Casación, que revocó la sentencia absolutoria dada al presunto asesino, Sergio Barraza, así como las declaraciones de este último en la final del juicio oral que se reprueba, Sergio Barraza pidió perdón en repetidas ocasiones a la madre de Rubí, por todos los problemas que le dio y que culminaron con el homicidio de la hija de esta última. Esto para los jueces no era una confesión expresa con la cual podían haberlo sentenciado a prisión y es obvio que aquí hubo un gran error del agente del ministerio público estatal que en ningún momento, pidió, durante el juicio oral al presunto asesino, que lejos de todas sus peticiones de perdón o cualquier otro alegato, manifestara de manera textual si era o no, el asesino de Rubí. Había en ese momento, muchas pruebas que culpaban a Sergio Barraza, pero de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal faltaba que la aceptación del delito se hiciera voluntariamente en presencia de los jueces, del ministerio público y en presencia de su defensor.

Difícil caso en el que tiene que intervenir el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua y que los otros dos poderes deberán mantenerse al margen de la investigación y terminación del asunto. Las intervenciones mediáticas del gobernador y de los diputados locales no tienen ninguna validez legal en este asunto.