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Miércoles 2 de marzo de 2011

Intocables bienes del narco en Chihuahua

A casi un año de haberse expedido la Ley de Extinción de Dominio del Estado no ha habido ninguna acción al respecto


A casi un año de haberse expedido la Ley de Extinción de Dominio del Estado no ha habido ninguna acción al respecto

A casi un año de haberse expedido la Ley de Extinción de Dominio del Estado que busca desaparecer redes financieras criminales, así como la incautación de dinero y bienes inmuebles del crimen organizado, no ha habido ninguna acción al respecto pese a los operativos de desarticulación de grupos delictivos, según reveló el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Javier Ramírez Benitez.

Fue en el mes de marzo del 2010 cuando en el Estado fue aprobada dicha ley como herramienta de la lucha contra grupos de la delincuencia organizada y narcotráfico, con la que se pretendía según el ahora ex diputado del PRD, Víctor Quintana Silveyra el incautar activos producto de actividades ilícitas como es el dinero y bienes y ser ejercidos en indemnizar a víctimas de la ola de violencia y criminalidad mediante un fideicomiso.

En su momento el también ex diputado del PRI, Jorge Neaves Chacón, informó que dicha ley dirigida a combatir acciones delictivas como el secuestro, el robo de vehículos y la trata de personas, se aprobó por la pasada legislatura para congelar las propiedades donde se hayan cometido este tipo de delitos de alto impacto, sin embargo a ya casi un año aún cuando se han logrado fuertes operativos de efectivos resultados, los bienes de grupos criminales han quedado intocables y dicha ley sin ejercicio, según declaró este día el titular del STJE a pregunta expresa de los efectos de esta ley en Chihuahua, “Entró en vigor esta ley, no se ha ejercitado ninguna acción”, dijo Ramírez Benitez.

Por otra parte el titular del STJE avaló que dichas leyes en el Estado que no han dado resultados sean retomadas, tal y como lo anunció el diputado del PRI, Jorge Abraham Ramírez al confirmar que se encuentra instalada una “Mesa Técnica Penal” entre los tres poderes del Estado, en la que se detectó que esta ley presenta problemas en el desarrollo jurídico por ser penal pero tener bases en lo civil.