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Martes 30 de octubre de 2007

La Red de medios públicos

Las ondas hertzianas no deben reservarse a intereses comerciales; debe permitirse el acceso a la sociedad civil


Acaba de renovarse el Consejo Directivo Nacional de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, que bajo la figura de la asociación civil agrupa a los más importantes medios públicos de nuestro país. Hasta esta semana estará al frente del organismo Ernesto Velázquez Briceño, director de TV UNAM, sin cuyo liderazgo ejercido con valor e inteligencia no se entendería el dinamismo, la fuerza y la solidez conceptual con la que hoy se desempeña la comúnmente llamada “Red”. De sus empeños, trazados con dignidad y arrojo, destaca su oposición a la ley Televisa. Pasa la estafeta a Elia Sánchez, la directora del sistema estatal de radio y televisión de Tlaxcala, no desconocedora por cierto del reto que le alcanza, pues en estos años ocupó la vicepresidencia de ese directorio.

Apenas la víspera de su renovación interna, la Red acudió al Senado para entregarle al grupo plural que trabaja en una nueva legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión un documento de propuestas que denominó Lineamientos normativos para una nueva legislación de medios. Finalmente no se presentó un proyecto de ley específicamente orientado a regular a estos sistemas, sino que abonan la idea cada vez más extendida de una sola legislación para todo, pues se precisa que, en virtud de la convergencia tecnológica, “resulta cada vez más inadecuado el regular separadamente la radiodifusión y otras telecomunicaciones como actividades distintas”.

En todo caso, “la legislación debe distinguir entre la regulación de la infraestructura, incluyendo la radiodifusión abierta, y otras formas de telecomunicaciones, por una parte; y por la otra, los contenidos que se transmitan a través de cualquier infraestructura de telecomunicaciones o cualquier tecnología”.

En sus lineamientos la Red retoma y sistematiza varias de las posiciones que a lo largo de los últimos años ha venido decantando el debate sobre la definición y función de los medios públicos: eliminar la regulación diferenciada entre permisos y concesiones; establecer claramente principios y fines del servicio público de radiodifusión; la creación de un órgano descentralizado no sectorizado encargado de velar por el cumplimiento del servicio público de radiodifusión; la creación por ley de un ombudsman de medios y un fondo para el fomento de este tipo de medios, así como eliminar la aberrante prohibición de comercializar tiempo aire, y por lo tanto diversificar las fuentes de financiación. Reto jurídico no menor este último, en tanto que conocemos la furiosa resistencia que a este propósito opone la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

Es claro que a la marginación de las emisoras permisionadas, que mayoritariamente están a cargo de entidades de gobierno e instituciones educativas, ha contribuido más al desdén y la ignorancia de su funcionamiento por parte de la clase política que el regateo de recursos. Desde siempre se ha agudizado su precario financiamiento por una disposición sofocante: entre las causales de revocación de los permisos, el artículo 37 de la actual ley de radio y tv establece que además de cambios en la ubicación del equipo transmisor, frecuencia asignada, no prestar con eficacia y regularidad el servicio o traspasar el permiso, todo ello sin autorización de la SCT, está el “transmitir anuncios comerciales o asuntos ajenos a aquellos para los que se concedió el permiso”.

En América Latina y México el acceso a las licencias para operar medios de comunicación, y en particular las de aquellos promovidas por la diversidad de la sociedad civil y no por la lógica comercial, vienen recibiendo un tratamiento antidemocrático que tiende a su expulsión del espacio electromagnético, lo que constituye un fenómeno atípico comparado con lo que ocurre en otras regiones, Europa por ejemplo, y paradójico, por el hecho de producirse en un tiempo coetáneo a la extensión de la democracia en la región. Se obvia el servicio público invalorable que brindan y su contribución al fortalecimiento de la democracia. Esta tendencia a eliminar medios no lucrativos es tan grave que ha merecido cuestionamientos del relator para la Libertad de Expresión de la OEA.

Las ondas hertzianas, patrimonio de la humanidad, no deben quedar reservadas —como ocurre— al monopolio de los intereses comerciales, sino que debe permitirse, como en el resto del planeta, que también las comunidades, los grupos educativos, las organizaciones sin fines de lucro, es decir, la sociedad civil con toda su diversidad, gocen del derecho a la libre expresión a través de una de sus posibilidades más concretas que es el acceso a la radiodifusión, como lo asentó la SCJN en su sentencia contra la ley Televisa.

Están pues planteados por la Red los principales aspectos que supone una transformación de servicio público de los hasta ahora considerados por la legislación “estaciones oficiales”. En torno de esas formulaciones y de la manera en que el legislador resuelva cómo ubicar a los medios de Estado o públicos en su especificidad dependerá un filón muy importante del proceso democratizador de la comunicación en el país, y no sólo de la competencia en la radiodifusión comercial. Debate que es sano si nos permite fortalecer y tener clara la importante tarea a que están llamados a cumplir.

Profesor de la FCPyS de la UNAM