La propuesta de Amedi

Animada por la esperanza de que ahora sí se instaure una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país, la semana pasada compareció la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) ante una parte del grupo plural del Senado que se constituyó para acometer esa tarea legislativa. Nunca como ahora se ha reforzado esa expectativa no sólo por las múltiples expresiones públicas que han hecho varios legisladores de los distintos partidos, sino por las inmejorables condiciones políticas con que se cuenta para hacer frente a los intereses que siempre se le han opuesto.

En contraste con quienes hace un par de semanas llegaban al extremo de recomendar desoír la sentencia de la SCJN que invalidó la ley Televisa, hemos recordado a los legisladores que esos criterios no sólo son antecedentes jurisprudenciales como marco de interpretación constitucional para la reforma, sino referentes de la dignidad y el valor soberano del Estado que debieran recuperar todos los poderes en México. No es por desconocimiento, sino por conveniencia y abultada prepotencia, en una franca provocación al estado de derecho, de donde ha salido la recomendación de “reciclar” las reformas que desechó la Corte, y decir que nada obliga al Congreso a observar esas valientes resoluciones, así como su macizo debate y el engrose de la sentencia.

Tampoco se trata sólo de corregir o llenar los huecos de las porciones normativas que expulsó la Corte, sino de legislar enormes pendientes regulatorios, entre ausencias y desfasamientos; el mayor ausente ha sido hasta la fecha el sujeto más importante de un sistema de comunicación democrática: el ciudadano.

De ahí que la propuesta de reforma integral que planteamos parte del derecho de los ciudadanos de disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad, problemáticas y acciones transformadoras, y que promuevan sus derechos e intereses. Tiene un eje: recuperar en todos los enfoques normativos la actividad de la radiodifusión como servicio público, y que el espectro radioeléctrico es y debe seguir siendo propiedad de la nación.

La convergencia digital debe ser aprovechada no sólo para servir al proceso de intercambio económico, sino a la consecución de una sociedad del conocimiento, en la que la difusión de la cultura y el desarrollo educativo tengan en la digitalización y la teledifusión su plataforma más extensa. Por ello se plantea una sola ley congruente con el fenómeno de la convergencia digital. De la misma manera que los medios, formatos y contenidos están destinados a entrelazarse e intercambiarse; es pertinente que la legislación que regule todos estos desarrollos y su aprovechamiento sean una sola.

Como parte de esa congruencia que impone el desarrollo tecnológico pero también la defensa cabal del interés público, es pertinente que la regulación de las telecomunicaciones quede a cargo de un órgano estatal con autonomía —garantizada por la Constitución— tanto respecto de los poderes estatales como de las empresas a las que normaría.

Varios proyectos fueron incorporando a lo largo de la discusión anterior que se tuvo en el Senado, y en la medida del acuerdo que se iba logrando, diversas figuras con distintos grados de autonomía a ese órgano regulador. En principio se planteaba un órgano descentralizado, y luego más tarde un órgano desconcentrado, atendiendo precisamente los linderos constitucionales establecidos en la división de poderes. La experiencia confirma, y el debate de la Corte así lo hizo patente, que sólo mediante su transformación en organismo público autónomo la Cofetel podrá operar con un margen óptimo de autonomía, para lograr las atribuciones que una sola legislación le impondría.

Las consideraciones en torno a la necesidad de dotar a la Cofetel de un estatus de plena autonomía en el texto constitucional, que no se limite a la capacidad técnica de los órganos desconcentrados ni a la autonomía de gestión de los entes paraestatales, se ubica en lo dispuesto en los artículos 3, 6, 7 y 25 de la Constitución. La definición democrática del desarrollo nacional; el compromiso del Estado para garantizar el derecho a la información, así como los principios de propiedad de la nación y de rectoría del desarrollo nacional, son, a nuestro juicio, los fundamentos de mayor relevancia para asegurar la transformación de la Cofetel en organismo público autónomo.

La Amedi sostuvo que la legislación debe garantizar los principios democráticos de pluralidad y libertad de expresión y derecho a la información; asimismo, debe promover la producción y difusión de contenidos que proyecten la pluralidad y la diversidad culturales para todo tipo de audiencias, destinados a satisfacer sus necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento; y hemos insistido que frente a la responsabilidad que tiene la televisión o radio por los contenidos que propagan, los ciudadanos tienen derecho a replicar ante contenidos que los aludan de manera personal. Así como los productores tienen derecho a que sus contenidos sean difundidos sin censura, los ciudadanos tienen derecho a recibir esos contenidos sin alteraciones.

Es una propuesta desde la sociedad civil organizada, que nos hemos empeñado en hacer valer nuestra palabra, y que esperamos que los legisladores cumplan la suya. Sería demoledor para los ciudadanos y suicida para la clase política un supuesto contrario.

Profesor de la FCPyS de la UNAM