Lavan con notarios ‘narcoextorsiones’

Distrito Federal— Autoridades federales y organizaciones civiles detectaron durante 2009 una nueva forma de operar del crimen organizado: llevar a víctimas o familiares ante notarios públicos para que cedan sus bienes y propiedades.

Al menos siete notarios públicos de Tamaulipas están bajo investigación por haber participado en este tipo de ilícitos, según datos registrados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

El fenómeno se ha detectado también en Durango y Coahuila, estados que forman la Comarca Lagunera, así como en Chihuahua y Veracruz.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso el organismo —y que fue confirmada por la PGR—, se han detectado al menos cinco secuestros en los que los grupos criminales cobraron de esta manera y ninguna de las víctimas pudo recuperar sus bienes.

Miguel Valdés, secretario de Comunicación del Colegio de Notarios de Tamaulipas, dijo que incluso se comenta de una presunta lista de notarios investigados.

“Hay rumores de que llevaron al interesado para que firmara un poder y se hagan las escrituras posteriormente. A veces se confirman con lo que uno presencia, cuando se ve que tal propiedad era de alguien y ahora ya es de otra persona. Se dice que tienen por ahí una lista de notarios que ha participado en esas situaciones, pero siguen siendo rumores”, puntualizó en entrevista telefónica.

Según los informes, una vez que el crimen organizado establece qué propiedades le serán entregadas, pide llevar —ante determinado notario— las facturas y escrituras correspondientes para hacer el trámite de cambio de propietario.

Los inmuebles deben ser entregados físicamente y deshabitados y, hasta que no se firma el traspaso, no liberan a la víctima.

En noviembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal detuvo a cuatro presuntos integrantes de “Los Zetas” que amenazaban y extorsionaban a empleados de notarías públicas para que legalizaran los inmuebles que les eran entregados como rescates. La banda operaba en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

José Antonio Ortega, representante del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, detalló que las bandas privan de la libertad a la víctima, a través de ella recopilan la información de los bienes que la familia posee, y posteriormente se ponen en contacto para decirles qué propiedades quieren.

“Ahí están metidos los notarios, porque hay una serie de irregularidades que hacen que esto vaya ‘fast track’ y, además, no se cumplen todas las formalidades que se requieren, y en los cinco casos de los que yo tengo conocimiento, las propiedades se tuvieron que entregar desocupadas”, puntualizó.

Plantean revisar notarías públicas

El exceso de notarios en algunos estados y los casos que llevan en las grandes ciudades, donde se dificulta la verificación de datos, pueden ser factores que faciliten la comisión de ilícitos, advirtieron miembros del gremio.

Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, hay por lo menos siete casos confirmados de secuestro en los que las víctimas han entregado sus propiedades al crimen organizado a través de notarios públicos, principalmente en entidades del norte del país.

Sonia Casas, notaria de Durango, comentó que el poder notarial, uno de los instrumentos que podrían utilizar los grupos criminales, se otorga con recelo y que es responsabilidad del notario verificar la autenticidad de firmas, los domicilios de los involucrados y constatar personalmente que los datos sean reales.

Aunque aceptó que es posible que se presenten este tipo de situaciones, sobre todo en las grandes ciudades.

“No tengo ninguna experiencia personal y en esta ciudad que es tan pequeña (Gomez Palacios). No creo que haya sucedido. Eso es en las ciudades más grandes donde al notario le es imposible tener cierto grado de investigación de su clientela, pero creo que sí puede suceder”, comentó.

En ese sentido, Rodolfo González, notario de Baja California, indicó que no hay casos documentados de este proceder en la entidad; sin embargo, precisó que si el dador de fe y legalidad se da cuenta de alguna situación irregular está obligado a informarlo ante el Colegio de Notarios de la entidad.

“El Estado es grande, tenemos unos 40 notarios en cinco municipios; 20 de ellos, en Tijuana, y aunque no hay casos registrados, es probable que tenga que ver el número de casos excesivo que se tienen en algunas ciudades”, dijo.

Esta nueva forma de cobro es ya del conocimiento de algunos legisladores, como el diputado perredista Nazario Norberto, quien adelantó que en próximas fechas solicitarán una revisión del actuar de todas las notarías del País.

Según la información de la que se ha allegado el legislador, el crimen organizado ha comprado varias notarías públicas.

“Habría que hacer una revisión de todas las notarías del País porque sabemos que por terceras personas se compran las notarías y puedan realizar compra-ventas, donaciones, todo tipo de transacciones” concluyó.