Libertad de Prensa y de Conciencia

Desde 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. No se trata de una celebración, sino de la recordación de una batalla permanente.

Fue a petición de la Conferencia General de la UNESCO en 1991, que de esa manera quizo conmemorar la Declaración de Windhoek (Namibia), en la que se reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática, y el deber que los Estados nacionales tienen de promoverla y garantizarla.

Luego, en 1997, para complementar esa recordación la UNESCO creó el Premio Mundial de Libertad de Prensa “Guillermo Cano”, en honor al periodista y editor colombiano asesinado a causa de su trabajo informativo y de denuncia sobre el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, esa que es hoy la tarea indagatoria más peligrosa del ejercicio periodístico.

Por eso no es casualidad, sino mérito indiscutible que como en 1999, Jesús Blancornelas fuera el primer mexicano en recibir esa presea, ahora en su edición 2008 la reciba Lydia Cacho Ribeiro, en reconocimiento a su trabajo de denuncia sobre las redes del tráfico de menores y los abusos sexuales del que son víctimas. Ayer se realizó la ceremonia de premiación en Maputo, Mozambique, de donde también emergió un nuevo recordatorio a los Estados Miembros de la UNESCO, México por supuesto, para que pongan en marcha políticas que favorezcan el derecho a la libertad de expresión y que faciliten el acceso a la información, en cuanto a subrayar la necesidad de que los gobiernos sean transparentes, rindan cuentas a la sociedad y permitan el acceso del público a la información.

Esa declaración signada por 150 profesionales de la información de todas partes del mundo, enfatiza el papel de los medios informativos de servicio público, los comerciales y los comunitarios para que todos los miembros de la sociedad, incluidas las poblaciones marginadas, puedan hacerse oír y participar en los procesos de toma de decisión.

El llamado no puede ser más oportuno ahora que, de manera insólita se acumularon en el Congreso mexicano iniciativas en torno de la garantía del derecho a la información en sus más diversas vertientes, que los legisladores deberán desahogar en el próximo periodo de sesiones, que será el primero del último año de ejercicio legal de la actual LX legislatura federal, de septiembre a diciembre de 2008.

De entre ese paquete de propósitos legislativos me parece importante destacar uno que, por la recordación a que nos invita la ONU y el exhorto que se hace desde Mozambique, daría una enorme oportunidad al poder legislativo de concretar en hechos su compromiso con la libertad de prensa, pues tendría un enorme impacto en la garantía de la libertad de expresión de todos los ciudadanos, y en partícular de la libertad de información de los periodistas. Es una iniciativa presentada por un joven e inteligente senador del PAN, Marko Cortez Mendoza (Zamora, Michoacán, 1977); a quien los temas sobre comunicación le marcaron un interés desde su ingreso a la Cámara Alta, pues además de que es Secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, pertenece a la de Asuntos Editoriales y a la Bicamaral para el Canal de Televisión del Congreso.

Cortez propone crear una Ley sobre la Libertad de Conciencia de los Profesionales de la Información, lo que en otros países se conoce como la “Claúsula de Conciencia”. Se trata de una salvaguarda esencial para los informadores frente a los cada vez más grandes, poderosos y cambiantes intereses políticos y económicos de las empresas periodísticas.

“En caso de que los directivos les exigieran realizar trabajos que sean contrarios al código de ética o se hagan cambios sustanciales en la línea editorial, los trabajadores podrán negarse a realizarlos. La ley sobre la libertad de conciencia garantizará que el profesional de la información, siempre que sea de manera justificada, podrá poner fin a su relación laboral equiparable a un despido injustificado”, explica Cortez en la exposición de motivos de la Ley que contiene diez artículos y hace competentes para resolver los conflictos derivados de su aplicación a las autoridades jurisdiccionales en materia laboral.

Por supuesto que causará polémica y no faltará quien entre sus propios colegas de bancada arguyan a nombre de los propietarios de los medios que tal pretensión violenta la libertad de empresa. Así ha sucedido en otros lugares del mundo donde este derecho se consagra incluso en el texto constitucional mismo, como es el caso español. La censura y los ataques informativos sin asidero que otrora eran el modus operandi del gobierno, se han trasladado al ámbito de aplicación directa de los propietarios de medios, quienes ahora las ejercitan directa e indirectamente, y no sólo referidas a sus cálculos políticos, intereses económicos, sino a sus mismísimas convicciones religiosas.

Bien lo dice el Senador Cortéz, “para poder garantizar el derecho a la información al ciudadano se requiere que los profesionales de la información puedan trabajar con verdadera independencia”.