Ligan a ex judicial con muerte de ‘El Choco’

Los únicos indicios con los que cuenta la Procuraduría de Justicia en el Estado apuntan a que en el homicidio del periodista Armando Rodríguez Carreón está involucrado un ex policía judicial que hasta 2003 fue parte del Grupo Zeus, encargado entonces de indagar ejecuciones.

Hoy 13 de noviembre se cumple un año del asesinato de “El Choco”, y la línea de la Procuraduría se formó con los datos aportados por “un informante” que les dijo que casi un mes después, el 8 de diciembre de 2008, escuchó una conversación en la que un hombre alardeó sobre la forma en la que su padre, el ex judicial, había asesinado al reportero.

“(El informante) escucha cuando el sujeto (...) le dice al joven, de 25 años, hijo del ex policía judicial, lo siguiente: ‘Tu papá andaba culeando el otro día ...’, y (El hijo) responde: ‘Pero bien que se quebró al pinche periodista, para que no anduviera de hocicón’. El sujeto de apodo (...) le contesta: si no le hubiera hecho el paro, no la hubiera librado”, dice una breve transcripción de la Procuraduría a la que este medio tuvo acceso.

El informante, según la dependencia, les dio el nombre completo del presunto involucrado –quien además cuenta con antecedentes criminales–, el de su hijo y las direcciones de ambos, además de los nombres de otros presentes en la conversación.

Más de nueve meses después de tener los datos, sin embargo, la dependencia no había integrado la información de manera oficial, por lo que a la fecha no ha girado orden de aprehensión alguna.

“No (hay orden), porque apenas obtuvimos el testimonio que teníamos sin documentar, y ya nos los confirmó, y vamos a acompañar unos documentos y a declarar a dos personas para reforzar la solicitud (de aprehensión)”, dijo a El Diario la procuradora estatal Patricia González el pasado lunes 9 de noviembre, casi un año después del crimen.

“Esa persona tenía miedo y no quería rendir formalmente el testimonio, la información que nos dio, nos las dio extraoficialmente, entonces documentamos con puras actuaciones de información de un tercero, pero sin el compromiso del testigo, pero ya lo obtuve”, agregó la funcionaria.

Otros datos aportados por el informante son que la conversación tuvo lugar en la casa del hijo del ex policía, ubicada en un fraccionamiento del sur de esta ciudad, de la cual la dependencia también tiene dirección exacta.

La Procuraduría estatal también sabe que el sujeto que prestó el vehículo al homicida es alto, de complexión corpulenta “tipo sinaloense”, cabello castaño corto, con una cadena con su apodo, y que se “dedica a llevar los mensajes a los ejecutores o sicarios, también a los integrantes del grupo que roban vehículos”.

Armando Rodríguez, reportero de El Diario, fue asesinado con 10 disparos de un arma nueve milímetros el 13 de noviembre de 2008, fuera de su casa, en el interior de su vehículo y en presencia de su hija de entonces ocho años de edad.

Tenía más de 10 años asignado a la cobertura de la fuente policiaca en Ciudad Juárez, y era conocido como el periodista más experimentado e informado sobre temas de seguridad en esta frontera.

Si bien entre los datos de la dependencia no aparecen los motivos que el presunto autor material tendría para asesinar al reportero, en archivos periodísticos constan diversos antecedentes que indican que se trataba de un elemento de la antes llamada Policía Judicial del Estado quien, de acuerdo con reportes publicado por El Diario, causó baja en 2003 por pérdida de confianza. Posteriormente fue acusado de lesionar a una persona con arma de fuego.

Por cuestiones de seguridad, y debido a que no hay órdenes de aprehensión que los involucren oficialmente, los nombres proporcionados por el informante a la Procuraduría estatal fueron omitidos.

DILACIONES Y PELOTEO

El manejo oficial de estos datos aportados por el informante ha causado diferencias entre la Procuraduría estatal y el Gobierno federal debido a que, al menos desde febrero, ambas administraciones conocen la información, pero ninguna ha avanzado hacia alguna detención.

En el Estado, la versión del informante permaneció fuera de la carpeta de investigación abierta formalmente en el fuero común hasta al menos junio pasado, cuando dicho expediente no mostraba más progreso que las pruebas periciales inmediatamente posteriores al crimen.

En junio, sin embargo, esa carpeta de investigación fue enviada de esta frontera a la ciudad de Chihuahua, donde se asignó, según la fiscal Patricia González, a un grupo de agentes del Ministerio Público encargados de la indagación de otros 10 homicidios de alto impacto.

En ese mismo contexto, la procuradora Patricia González informó a El Diario que, desde febrero pasado, ella había entregado los mismos datos al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien había ofrecido dárselos a la Procuraduría General de la República, donde también hay una averiguación previa por el caso.

“El secretario de Gobernación dijo que iba a hablar con el procurador (Eduardo Medina Mora) y le habló, por eso mandaron a un agente del Ministerio Público y luego vino un grupo de policías de investigación, ellos se quedaron aquí mucho tiempo, anduvieron indagando, con la cooperación de agentes investigadores de la Procuraduría estatal”, expuso la funcionaria.

Cuestionado en junio al respecto, sin embargo, Gómez Mont recalcó que la responsabilidad de esclarecer el homicidio correspondía a la Procuraduría de Justicia en el Estado.

“La procuradora en el estado de Chihuahua tuvo una reunión conmigo para pedir apoyo para que ella llevara a cabo una investigación... que (ella) estaba en posibilidad de acometer esa responsabilidad y me han dicho que a la Procuraduría de la República ya le pasó la tarea”, dijo luego Gómez Mont en Tijuana, ante pregunta de El Diario.

LAS LíNEAS DE LA PGR

En medio del intercambio de deslindes, el delegado de la Procuraduría General de la República, Héctor García, dijo a El Diario considerar “delicado” que, si la procuradora contaba con información sobre un presunto autor material, no hubiera realizado diligencia alguna al respecto.

“Los primeros que tenemos que observar la legalidad somos nosotros. No puedo andar haciendo investigaciones, si yo como titular de esta área le digo al agente federal de investigación: ‘vaya y chéqueme a Juan Pérez’, pero no tengo una averiguación previa, ¿de qué se trata?”, dijo entonces García.

“Por eso es delicado que si yo tengo conocimiento de un hecho, estoy obligado a hacer lo que la ley me obliga; si alguien viene y me dice ‘vengo a darle una información pero no quiero nada’, bueno, vamos a iniciar una acta circunstanciada y vamos a manejarlo como denuncia anónima, pero lo que no puedo yo hacer es decir: ‘ah, bueno, entonces, yo tampoco sé nada’. No, a partir de que me enteraste, yo como responsable de esta área estoy obligado a hacer lo mínimo”, agregó.

También en la delegación, García y el agente asignado a la averiguación previa del homicidio de Rodríguez, José Ibarra Limón, mencionaron a El Diario la existencia de nueve líneas de investigación.

Una de ellas, de acuerdo con datos que El Diario tomó del expediente, se derivó de la publicación de la nota “Matan en auto oficial a sobrino de procuradora”, publicada por Armando Rodríguez (en coautoría) el 29 de octubre de 2008 –dos semanas antes del crimen–, y que reportó los vínculos con el narcotráfico detectados a familiares políticos de la procuradora Patricia González.

“Línea. En relación a la nota periodística realizada por Armando Rodríguez ‘Matan en auto oficial a sobrino de procuradora’ se señala que Andrés Armando Sánchez Pineda era sobrino político de la procuradora y contar con antecedentes penales en Estados Unidos ya que había sido detenido en El Paso con más de 160 kilogramos de mariguana”, dice el expediente de la PGR.

“La línea de investigación es solicitar se remitan las investigaciones realizadas en torno a la ejecución de Andrés Armando Sánchez Pineda, a efecto de descartar la posibilidad de que tales personas involucradas en tales hechos se encuentren involucradas en la ejecución de Armando Rodríguez”, agrega la línea de la instancia federal.

García explicó que ésta y el resto de las líneas de investigación se generaron a partir de que el agente Ibarra Limón concluyó la sistematización de los datos obtenidos tanto de las llamadas telefónicas marcadas y recibidas por el reportero, así como por sus apuntes, de sus recorridos y notas que le pudieron haber generado represalias.

“Todas (las líneas) salieron cuando se sistematizaron sus expedientes, sus llamadas, se hizo un diagrama. Se cuenta con un esquema que sistematizó dónde está Armando en relación con equis, con ye”, explicó García.

La PGR también entregó a este medio un resumen con la lista de 42 diligencias, entre ellas el levantamiento de una constancia que confirmó que, todavía en abril pasado, dos meses después de que la procuradora dijo contar con el nombre del presunto autor material del crimen, el agente del Ministerio Público del Estado no tenía dato alguno en la carpeta de investigación.

“Se levantó constancia de fecha 22 del mes de abril del presente año, en la que se asentó por parte de esta Representación Social de la Federación el hecho de que el suscrito se apersonó en la oficina que ocupa la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida, de la Subprocuraduria General de Justicia Zona Norte, a fin de verificar si en la Indagatoria que se sigue en dicha Instancia relacionada con los hechos que se citan en párrafos que anteceden se encuentran nuevos datos que favorezcan la investigación que se sigue dentro de la Indagatoria 1598/2008 del índice de esta Mesa Investigadora, sin que se haya apreciado en la carpeta de investigación del Orden Común nuevos avances”, dice el reporte de la diligencia.

Un mes después, el 28 de julio de 2009, el agente Ibarra Limón fue asesinado afuera de su vivienda en la unidad habitacional Benito Juárez, a manos de un homicida que, con el modus en el que operan las células de sicarios en esta ciudad, primero le habló por su nombre y después le disparó en siete ocasiones, también con un arma corta.

Este segundo homicidio, como el del reportero y como la inmensa mayoría de los crímenes que ocurren en esta frontera, sigue impune.

En el reporte de la muerte del agente federal, El Diario también consignó que, unas dos horas antes, pero en la ciudad de Chihuahua, Fernando Gómez Mont había dado a conocer que los datos del informante no habían sido útiles para esclarecer el asesinato del periodista.

“Es correcto suponer que por el hecho de que la Procuraduría de Justicia del Estado entregó información a la Federación, el delito sería resuelto, ya que se siguieron las líneas de investigación (proporcionadas por González) y no se llegó a ningún resultado. Este tipo de investigaciones tienen un carácter complejo”, dijo entonces Gómez Mont.

El pasado sábado 7 de noviembre, Héctor García informó de manera escueta que se habían robustecido algunas líneas –sin explicar cuáles– pero que, básicamente, la averiguación previa continuaba como la había dejado el agente Ibarra Limón.

FEADP, ANUNCIO FALSO

La falta de resultados en todas las investigaciones son posteriores a la falsedad con la que actuó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) de la PGR, la cual, sin que fuera cierto, el día del homicidio anunció que ejercía la facultad de atracción del caso.

“La Procuraduría General de la República informa que la Fiscalía Especial para Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, (FEADP), ejerció la facultad de atracción respecto del homicidio en agravio del periodista José Armando Rodríguez Carreón, reportero del Diario de Juárez, ocurrido a las 7:50 horas de este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua”, informó el órgano especializado en un boletín emitido el día del crimen.

Pese a este anuncio, un mes después la propia FEADP emitió un informe en el que su titular, Octavio Orellana, reportó que sobre el caso de Rodríguez había una averiguación previa en la delegación de la PGR, mas no en ese órgano especializado.

Este medio ha solicitado en repetidas ocasiones una explicación a la FEADP sobre el motivo de la falsedad del anuncio, petición que fue reiterada el pasado miércoles 11 de noviembre. A la fecha, sin embargo, la FEADP no ha emitido respuesta.