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Lunes 28 de febrero de 2011

17 entidades a cargo de militares

La presencia militar en mandos civiles no representa un cambio estructural: Ernesto López Portillo


La presencia militar en mandos civiles no representa un cambio estructural: Ernesto López Portillo

Ernesto López Portillo, director del Instituto para la seguridad y la Democracia, advirtió que la presencia militar en mandos civiles no representa un cambio estructural. ’No se trata sólo de cambiar a la gente, sino de reestructurar completamente los sistemas de gestión’, señala

A pesar de que oficialmente se ha negado la militarización de corporaciones policiales del país, más de un centenar de elementos de alto rango -activos o en retiro- ocupan los principales cargos de seguridad pública en estados y municipios, en sustitución de mandos civiles, por el incremento de la violencia y la permeabilidad de las policías por el crimen organizado.

"No se está militarizando la seguridad", ha sostenido el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mientras que Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), advierte que la presencia militar en mandos civiles se generaliza, sin que represente un cambio estructural sino un endurecimiento de la policía.

Actualmente mandos militares ocupan las secretarías de Seguridad Pública de 12 estados y las direcciones de Policía Estatal en tres entidades (Chihuahua, Coahuila y Colima), además de que dos egresados de la Marina están al frente de la seguridad de Quintana Roo (vicealmirante Miguel Ángel Ramos Leal) y el Distrito Federal (contralmirante médico Manuel Mondragón y Kalb). El común denominador es que registran altos índices de violencia asociada con el crimen organizado.

En paralelo, militares -en su mayoría generales, coroneles y capitanes- dirigen las labores de vigilancia en municipios y ciudades disputadas por los cárteles de la droga y donde han fincado sus zonas de producción, cultivo, almacenamiento, distribución y comercialización, incluso de financiamiento y tránsito hacia zonas de consumo.

Así, las secretarías de Seguridad Pública, y en muchos casos sus principales instituciones y corporaciones policiales, son comandadas por militares en al menos 25 estados, incluidos los de más actividad criminal por la presencia del narcotráfico, como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato.

También ocupan los principales cargos en municipios en los que operan con más intensidad las bandas de secuestradores, extorsionadores, asaltantes y narcotraficantes, como Ciudad Juárez, Acapulco, Zapopan, Monterrey, Culiacán, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Torreón y Cancún.

Juárez, ciudad militarizada

En Ciudad Juárez, la presencia militar se disparó a partir de marzo de 2009, cuando asumió la Secretaría de Seguridad Pública el general de división retirado Julián David Rivera Bretón, junto con otro militar en activo como asesor y un coronel retirado en la Dirección Operativa.

Para esa fecha había estacionados en Juárez 8 mil 500 soldados y 2 mil 300 agentes federales, junto con mil 600 policías municipales y un número no indicado de policías estatales y personal de la Procuraduría General de la República (PGR), en labores de patrullaje, lo que llevó al nuevo titular de la SSP a reforzar los mandos civiles.

A partir de entonces, todos los agrupamientos de la policía de Juárez pasaron bajo mandos militares, incluidas las comandancias de Benito Juárez, Aldana, Delicias, Chihuahua, Babicora y Cuauhtémoc, que dividen la ciudad, y el Centro de Respuesta Inmediata.

Rivera Bretón, quien había sido comandante de las zonas militares de Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Veracruz y Chihuahua, además de un agrupamiento en Chiapas durante el conflicto con el EZLN, nombró también a militares para dirigir la policía municipal y a la corporación especial.

Sin pena ni gloria, en medio de una creciente violencia desatada en Juárez, en octubre pasado el divisionario fue sustituido de la SSP.

Necesario reconstruir la policía

Para López Portillo, director ejecutivo de Insyde, asociación civil de análisis sobre seguridad, con la sustitución de mandos civiles con militares no se están cumpliendo los compromisos de reforma policial ni en los estados ni en los municipios. "El mejoramiento de las instituciones policiales está muy rezagado. No se trata sólo de cambiar a la gente, sino de reestructurar completamente los sistemas de gestión.

"Los militares sustituyen, llenan un vacío; sin embargo, tampoco están capacitados para modernizar a la policía; lo que saben hacer es endurecerla, probablemente disciplinar a la policía, pero no reconstruirla, que es lo que necesitamos", añadió.

Según el experto, es necesario formar una policía comunitaria, al contrario de los militares que "están entrenados para trabajar lejos de la sociedad. Lo que hacen ellos es exportar, llevar la estrategia militar a la policía con la consecuencia previsible de alejar más a la policía de la gente en lugar de acercarla, no saben hacerlo", insistió.

NL niega militarización

En Nuevo León, una de las entidades más golpeadas por el narcotráfico y otras bandas criminales, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz rechazó que su estado se esté militarizando con el arribo de 300 soldados para reforzar su sistema de seguridad pública, frente al cual nombró a principios de febrero a un general de división.

Según el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la asignación de mandos militares en cargos policiales "dará experiencia a las corporaciones", aunque esa participación no se está evaluando aún porque es diferente en cada estado.

Mario Anguiano Moreno, gobernador de Colima, donde los grupos de la delincuencia organizada incrementaron su actividad y desde diciembre pasado un general brigadier manda en la dirección de la Policía Estatal Preventiva y un almirante dirige el Comando C-4, consideró que eso no se puede catalogar como militarización.

Esos militares y marinos fueron nombrados "por recomendación" de los titulares de la Defensa Nacional y de la Marina Armada, admitió el gobernador, para luego negar que ello vulnera la autonomía del estado.

"El problema de la inseguridad está vinculado con la delincuencia organizada y, en ese sentido, las instituciones que han acreditado el combate, y con posibilidades reales de poder ganar, son las Fuerzas Armadas del país: el Ejército y la Marina", agregó el mandatario colimense.