Mueren 1,200 niños por narcolucha

Organizaciones civiles demandaron la intervención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras instancias internacionales en Ciudad Juárez, Chihuahua, para detener la ola de violencia que afecta a jóvenes y menores de edad.

Asimismo, propusieron la integración de un cuerpo jurídico que asesore a las víctimas del crimen organizado y familiares.

Exigieron un alto a la violencia que afecta a este sector de la población e indicaron que a escala nacional han muerto mil 200 menores de edad por “daños colaterales” desde que comenzó la lucha contra el hampa en diciembre de 2006.

Los organismos precisaron que sólo en Juárez suman 139 víctimas de 2006 a la fecha y señalaron que 2010 ha sido el año de mayor violencia; sin embargo, denunciaron, la respuesta de las autoridades ha sido “criminalizar” a los adolescentes y calificarlos de narcotraficantes, pandilleros o prostitutas.

La violencia en esa ciudad fronteriza continúa pese a las acciones federales, las cuales han fracasado por falta de coordinación.

Las organizaciones que demandan estas acciones son como Ririki Intervención Social, Incide Social, Marabunta, Cauce Ciudadano, Serapaz, Frente Plural Ciudadano, Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social, Comité Médico Ciudadano, Red Mesa de Mujeres por la Infancia en Juárez, entre otras.

Los organismos demandan la presencia en la ciudad fronteriza de Unicef, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comité de Expertas de la CEDAW.

También exigen que venga una misión técnica de la ONU para aplicar acciones que logren salvaguardar la vida y patrimonio de los habitantes en las zonas más peligrosas de Ciudad Juárez.

Las ONG anunciaron que instalarán una mesa permanente contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes y anunciaron la creción de una defensoría autónoma al servicio de las víctimas de la guerra contra el hampa.

En conferencia de prensa, Clara Judsiman, de Incide Social, denunció que el Estado ha sido omiso en proteger a los ciudadanos y no escucha a la sociedad.

A las autoridades federales y estatales pidió no mantener la actitud de sus antecesores que privilegiaron una política partidista, porque “no se trata de dar borrón y cuenta nueva”.

Nashiely Ramírez, de Ririki, indicó que se ha instalado una política de muerte, no sólo en Ciudad Juárez, sino en diversas partes del país, que es solapada por la corrupción e impunidad. Por ello, planteo crear una política de desarme en colonias y barrios de esa ciudad fronteriza, así como con EU.