No se vale justificar crímenes: Senado

El presidente de la comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, el panista Felipe González González, denunció el “hoyo negro” en que se han convertido los centros de rehabilitación para adictos a las drogas, luego de que en Ciudad Juárez, Chihuahua, 10 personas fueron asesinadas; hecho justificado por autoridades estatales como parte de la guerra entre dos cárteles que disputan la plaza.

En entrevista, criticó que las autoridades hayan tratado de justificar el crimen. “No se vale, eso no es posible, no puede haber un solo crimen que pueda ser justificado”, indicó.

González dijo que buscarán información que dé cuenta de la forma de operar de esas organizaciones de rehabilitación a las drogas, cuántas son, quiénes las dirigen, y cómo funcionan, pues no hay transparencia en ese rubro.

Consideró que la justificación del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, al señalar que todo se da en el contexto de la guerra entre bandas criminales, podría ser un pretexto “para que ya no investiguemos más”.

González, ex gobernador de Aguascalientes, advirtió que de no contar con esa información, tomarán el caso en el Senado. “Yo lo que no quiero es que se enturbie esto, pero si en el corto plazo no tenemos noticias de esto, que vamos a pedir a las autoridades competentes, pues sí lo subiríamos, porque tampoco quiero que se piense que es un ataque al gobierno del estado, ni al municipio, ni nada. ¿Pero qué está pasando, cómo es posible que no se tenga esa información? Es un hoyo negro”.

Sospechas de anomalías

Se lanzó contra la intención de tapar el caso con el cierre de los centros de rehabilitación, lo que no le deja más que sospechas de que hay algo irregular.

“Me entero con tristeza de que dicen que van a cerrar (centros de rehabilitación) para que no maten muchachos. ¿Qué va a hacer esta gente? ¿Eran o no centros de rehabilitación? ¿Conocía o no el gobierno de Chihuahua de la existencia de estos centros de rehabilitación? ¿Qué metodología llevaban? O sea es un hoyo negro. Me parece que inclusive están tratando de tapar eso porque ni siquiera había un control”.

Recordó que la masacre del 15 de septiembre es la segunda en el mes, luego que el día dos fueron ejecutados 18 jóvenes en el centro El Aliviane.

Atentos al caso

Tras lamentar la muerte de las personas que se encontraban en recuperación, insistió en que no existe la información suficiente y adecuada de la forma de trabajo de esos lugares.

“Es una verdadera desgracia esto y más aún que no hayamos podido detener estos crímenes. Esta es la segunda vez que hacen una masacre contra esta pobre gente. Lo que no entiendo yo es por qué nunca hemos tenido una radiografía de cómo trabajan esos centros de rehabilitación, y por qué no están censados.

“Nunca he sabido yo que tengan asesoría del Estado, porque como ahora como la salud está descentralizada, se manda el dinero a los estados, para que ellos lo apliquen de una manera más efectiva, sin embargo hoy en la nueva ley de Salud, uno de los artículos dice que están obligados los estados a tener centros de rehabilitación, porque no los tienen. ¿Pero entonces qué pasa con los que ya existen, por qué no sabemos la metodología que llevan, cómo reciben a esta gente, y cómo cuidan esos centros?”, refirió el panista.

Insistió en que la comisión de Seguridad Pública se mantendrá atenta a dicho caso, con el fin de evitar que haya impunidad e irregularidades.

Escuadrones de la muerte

En Chihuahua operan escuadrones de la muerte, dedicados a exterminar a los adictos, sostuvo el legislador local Víctor Quintana luego de la ejecución de 10 personas en un centro de rehabilitación en Ciudad Juárez.

Consideró que la estrategia que sigue el operativo conjunto Chihuahua es errónea, ya que parte de las actividades se delegan a las autoridades locales, y la coordinación general recae en la Secretaría de la Defensa (Sedena), apoyada por la Policía Federal, lo que da un amplio margen de infiltración.

Para el diputado local, el mando del operativo y la estrategia de inteligencia deben recaer directamente en la Presidencia de la República, para evitar corrupción en la cadena.

“Un acto terrorista”

La procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, calificó la masacre de presuntos adictos como un acto de terrorismo por parte de bandas del crimen organizado.

“Es un acto terrorista que va dirigido a la sociedad civil, aunque también hay ocasiones que a esos centros llegan personas adictas que tienen vínculos con grupos criminales. No sólo buscan mandar mensajes a otros grupos criminales, sino también a la sociedad civil, son actos terroristas que tenemos que combatir con resultados”, manifestó.