PRD en contra de Decomiso de Chuecos

El Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Chihuahua se pronuncia en contra del decomiso de automóviles “sin placas” que ha emprendido el Gobierno del Estado en los últimas semanas, fundamentalmente porque la facultad de hacerlo no corresponde a las autoridades estatales sino que compete al ámbito federal, por lo que se ha incurrido en una falta de orden legal, lesionando de paso la economía patrimonial de múltiples familias chihuahuenses.

La Secretaría de Hacienda es la única autorizada para realizar dichos procedimientos administrativos, siempre y cuando medie una denuncia previa y los encargados de realizarlos estén acreditados para tal efecto, lo que no ha sido el caso de los decomisos hechos hasta ahora en la entidad, en donde han intervenido cuerpos policíacos que no tienen competencia y hasta el Ejercito, resultando de tal situación actos dolosos de verdadera arbitrariedad en contra de ciudadanos inertes ante la injusticia cometida por “autoridades” desautorizadas e incompetentes que solo complican las cosas puesto que no ofrecen soluciones viables para resolver esta problemática.

Hacienda es la principal responsable de permitir el acceso de los vehículos, hecho histórico que ha sucedido prácticamente sin ningún trámite desde tiempo atrás, con el consecuente crecimiento de los vehículos circulantes, cuyo número según algunos cálculos alcanza hasta 50 mil unidades. Mismos que ya se encuentran en el país y que una gran parte de ellos se utilizan para las labores productivas de sus propietarios, trabajadores del campo y gente de clase media cuyos ingresos no son suficientes para adquirir unidades nacionales en buen estado.

La permisividad de las autoridades ha favorecido la proliferación de los lotes de venta de autos irregulares por todo el estado, los que se han enriquecido gracias a la buena fe de los ciudadanos quienes adquieren ahí sus vehículos sin sospechar irregularidades, sin embargo aquellos no se ven afectados en lo más mínimo por acciones punitivas, lo que deja entrever probables situaciones de corrupción y contubernio con las áreas administrativas de gobierno que deben vigilar tales negocios. Es justo entonces que no sea el ciudadano común quien se vea perjudicado por medidas tomadas a destiempo y fuera de orden.

Es obligación de los gobiernos encontrar alternativas que beneficien a la sociedad en su conjunto y no que la lesionen más de lo que ya está debido a la crisis económica que nos aqueja y cuyas repercusiones se resentirán aún más en los meses venideros.

En consecuencia, rechazamos el decomiso ilegal de vehículos y cualquier acto que atente contra la integridad física y moral de los ciudadanos.