PRI acelera caso contra Gobernadores, incluye a Chihuahua

La corrupción y la impunidad son el cáncer social que atentan contra la legalidad y frenan el correcto desarrollo de la sociedad

El día de hoy la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional pidió al Senado de la República acelerar el proceso de inconstitucional presentado por la PGR en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los gobernadores Cesar Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, de los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, respectivamente, así como los Congresos respectivos.

En voz del líder de ese partido, Enrique Ochoa Reza, quien fue acompañado en rueda de prensa por el senador priista, Arturo Zamora Jiménez y el senador Emilio Gamboa, se explicó que hay urgencia y amerita darle celeridad al caso.

De esta manera, la bancada del PRI en el Senado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atienda de manera prioritaria las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR.

Asimismo el dirigente nacional pidió a los senadores del tricolor que presentarán la solicitud correspondiente al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Roberto Gil Zuarth, quien deberá formalizar la petición ante el máximo tribunal de nuestro país.

Enrique Ochoa consideró que es prioritario que se otorgue un trámite preferente a las acciones de inconstitucionalidad por la aprobación de reformas “apartadas” de los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción.

Explicó que lo que buscan es que sean las instituciones de nuestro país las que contribuyan a construir un Sistema Nacional Anticorrupción eficaz, que ayude realmente a combatir el problema de la impunidad.

Asimismo se entregó de manera formal la solicitud a la Mesa Directiva de la Cámara Alta para que pueda ser procesada y dejó en claro que se debe dar marcha atrás a cualquier acto que busque encubrir los actos de corrupción.

Por su parte el senador Arturo Zamora indicó que la corrupción y la impunidad son el cáncer social que atentan contra la legalidad y frenan el correcto desarrollo de la sociedad, por lo que su combate requiere de la acción contundente de las esferas más altas del servicio público.