Pactan mineras con narco en Chihuahua

Engorrosos trámites ante decenas de dependencias gubernamentales, problemas para negociar con los dueños de las tierras, principalmente ejidatarios, leyes que existen en favor de la industria minera que no se aplican porque no hay Gobierno que asuma el costo político al aplicarlas, y hasta invasión en terrenos del narcotráfico, son algunos de los problemas que los empresarios de los minerales deben enfrentar.

Lo anterior, según se expuso durante la VIII Conferencia Internacional de Minería y la Expominería organizada por la Asociación de Ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos de México, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua.

Sergio Almazán, director general de la Cámara Minera a nivel nacional, dijo que tiene muchísimos agremiados con operaciones en Chihuahua y hasta ahorita hay varias empresas que han tenido problemas fuertes por tocarles la mala suerte de que el yacimiento está muy cerca o en los mismos barrancos donde hay usos ilícitos de la tierra en la siembra de enervantes.

Comentó que hasta el momento, esa razón no ha ahuyentado a los mineros, porque se ha podido negociar. Recalcó que es un problema que afecta al país no sólo al sector, porque los mineros están acostumbrados a tratar este tipo de problema, sin embargo es una realidad que no se puede negar y que puede llegar a generar un problema mayor, de ahí la importancia de resolverlo como país, “es parte de nuestros discursos en los diferentes foros.. es uno de los retos que está enfrentando el sector, que debemos resolver”, expresó Sergio Almazán.

Por su parte, Rafael Cereceres Ronquillo, abogado especialista en minas y ponente en la mesa panel “Problemática del sector”, expuso que las leyes son uno de los más grandes problemas que ahuyenta a los inversionistas mineros, y que deben enfrentar los que si deciden quedarse, pues parece que de nada sirven, se firman contratos, se pagan cantidades justas a los ejidos, se hacen negociaciones que cuando cambian de comisario ejidal parece que no hubieran existido, y esto sucede porque las leyes y el uso de la fuerza pública para hacer valer esos contratos, ningún gobierno hace cumplir la ley, nadie está dispuesto a asumir el costo político.

Incluso, dijo, para la cultura serrana, la palabra es lo único que vale, y hay una enorme necesidad de cambiar esa mentalidad, crear conciencia de que una vez firmado y convenido algo, se debe respetar o de lo contrario se aplicará la ley.

Otras de las cosas que llegan a enfrentar las minas antes de lograr la explotación, es la serie de tramites ante las diversas dependencias de gobierno, pues deben pisar las instancias de la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional del Agua, la CFE, la Secretaría de Comunicaciones, la Dirección de Minería, Secretaría de Economía, la Semarnat, la Secretaría de Hacienda, y hasta el Instituto de Antropología e Historia, entre otras.
Para Sergio Almazán, el tema fundamental a resolver es el acceso a la tierra, crear una estrategia global.

Pedro Martínez Chairez, delegado de la Procuraduría Agraria en Chihuahua, dijo que desde hace un año, se creó un un programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada, en la dependencia a su cargo, con el fin de ser ésta institución un apoyo a la inversión minera, y ser la Procuraduría Agraria quien tenga el primer acercamiento de negociación con los ejidatarios quienes antes de que inicie operaciones la empresa, pues los comuneros, confían mucho en la dependencia, y así se podrían prevenir futuras complicaciones en la firma de convenios.

Hasta el momento, se ha resulto sólo el caso de la empresa Minefinders en Dolores Madera, pero de las 58 empresas que exploran y las 13 que explotan minerales en el estado, se han acercado apenas tres a pedir apoyo, son desconfiadas del trabajo que hace la Procuraduría Agraria, dijo.