Pagan mexicanos despilfarro millonario por malas obras

Distrito Federal— Ignorancia, desacuerdos de funcionarios y caprichos legislativos en la ejecución de eventos y obras cuestan millones a los mexicanos; la nueva sede del Senado y la Estela de Luz son ejemplo de ello.

La Estela de Luz del Bicentenario es un monumento que se ubicará en el Distrito Federal en conmemoración de los 200 años de la Independencia de México, pero ha generado acusaciones por su costo excesivo.

El Gobierno federal lanzó el concurso para la construcción de la obra en enero de 2010 y ésta debía ser entregada en septiembre del mismo año. Sin embargo, Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, dijo que el monumento estará terminado a principios de diciembre de este año.

El arquitecto César Pérez Becerril, responsable del diseño de la obra, entregó a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados documentos que acreditarían anomalías en la concesión y en el incremento del presupuesto del proyecto.

El presidente de la Comisión, el diputado Pablo Escudero, dijo que Pérez Becerril denunció presión del titular de la SEP, de la empresa III Servicios y la constructora Gutsa para que elevara el costo del proyecto.

El legislador agregó que el costo inicial de la columna era de 400 millones de pesos (mdp), que el gobierno entregó a Gutsa un anticipo de 200 mdp y que el gasto se elevó a 900 mdp.

Escudero también indicó que la obra se le adjudicó a la constructora Gutsa a pesar de que estaba inhabilitada para participar en proyectos de Obra Pública hasta 2015, debido a su incumplimiento en el caso de la Autopista del Sol y el concurso para una obra pública del Instituto Nacional de Cancerología.

En contraste, en entrevista con el diario El Universal, Alonso Lujambio indicó que Pérez Becerril ha recibido un pago de 19 millones de pesos por sus servicios, pero que una deficiente planeación de la obra ha generado que su costo aumente.

Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes es una de las piezas arquitectónicas más importantes del país. Su remodelación, que inició en 2007, costó 688 millones de pesos, y una vez terminada especialistas revelaron daños al recinto.

Originalmente se dijo que la renovación del edificio, que tomó tres años, costaría 400 millones de pesos, pero más tarde se anunció que el costo final sería de 637 millones de pesos.

El edificio fue reabierto el 19 de noviembre de 2010 y casi de inmediato surgió la polémica por la calidad de los trabajos realizados y el perfil de quienes los llevaron a cabo.

El Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumento y Sitios (Icomos-México) dijo que los arquitectos responsables carecían de experiencia en intervenciones de obras históricas y artísticas.

Entre los señalamientos que hizo, dijo que se retiró la mecánica teatral del edificio, cuando se le debió hacer trabajo de mantenimiento, de acuerdo con los principios de restauración reconocidos en la ‘Carta de Venecia’. Señaló, además, que la mecánica teatral fue desmontada sin tener certeza sobre su destino.

Icomos acusó también la colocación deficiente de las butacas y agregó que los asientos anteriores ahora se venden en la tienda del Teatro como ‘souvenirs’.

El comité indicó también que los materiales que recubren las superficies del palacio no tienen ninguna característica compatible con el lenguaje del art déco del Palacio de Bellas Artes.

Senado de la República

El 13 de abril de este año y con un quórum de 92 legisladores, el Senado de la República inició su sesión solemne en su nueva sede, ubicada en el número 135 del Paseo de la Reforma.

Para la construcción del nuevo edificio se erogó un presupuesto cercano a 2 mil 300 millones de pesos. A pesar de que la inversión inicial para la construcción se estimaba en 1 mil 695 millones de pesos, el costo final se elevó en 35.7 por ciento.

Los legisladores esperaban inaugurar el recinto el 20 de noviembre del año pasado para coincidir con los festejos del centenario de la Revolución Mexicana, pero por problemas del presupuesto designado, el proyecto licitado en 2007 se retrasó.

El Senado analiza demandar a GAMI, la constructora de su nueva sede, por constantes fallas e irregularidades en el complejo, así como por el retraso en su entrega.

El objetivo de la obra era ahorrar 60 millones de pesos al año, pues 10 de los 12 inmuebles en que operaba el Senado eran rentados y significaban una carga al erario de 400 mil pesos diarios.

La oficina de cada legislador tiene, en promedio, 120 metros cuadrados, en donde tienen su despacho personal habilitado con envío neumático de mensajería, telecomunicaciones, circuito cerrado y de televisión, identificador biométrico de control de accesos, estaciones de trabajo para su equipo de asesores y staff; en algunos casos incluye salas de juntas.