Pasa a comisiones propuesta de pena capital

México, DF. – La presidencia de la Cámara de Diputados recibió del Congreso de Coahuila, la iniciativa de reforma a los artículos 14 y 22 de la Constitución por los cuales se pretende instaurar la pena de muerte a los secuestradores que asesinen a sus víctimas.

De inmediato la Mesa Directiva en San Lázaro envió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia el texto de la propuesta, para su análisis, estudio y dictaminación.

Antes de iniciar la última sesión del quinto periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura, el titular de la Mesa Directiva, Horacio Duarte Jaques dio entrada a la iniciativa aprobada por el Congreso del estado de Coahuila y la turno para ser incluida en la agenda del día del sesión.

Horacio del Bosque, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Coahuilense, descartó que la propuesta contenga tintes electorales.

“¡No! De ninguna manera, esto tiene un propósito distinto que nada tiene qué ver con las cuestiones electorales, además hay un distancia todavía muy significativa como para poderse interpretar como un asunto de carácter electoral.

Esto responde al sentir y a un reclamo popular, que es muy evidente, donde más del 75 por ciento está totalmente de acuerdo en la instrumentación de la pena máxima para los secuestradores que matan a sus víctimas”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, reiteró su rechazo a aplicación de la pena de muerte y para el empresario Alejandro Martí, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado, más que implantar la pena de muerte se debe luchar contra la impunidad.

Tras asistir a la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2008 en Los Pinos, el ombudsman nacional señaló en torno a la propuesta del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que representa un retroceso cuando lo que debe hacerse, es ensanchar las garantías individuales.

Indicó que mientras 99 por ciento de los delincuentes anden en la calle, gozando de total impunidad, “ni la pena de muerte, ni la bomba atómica” van a resolver la delincuencia.

Soberanes consideró que este planteamiento evidentemente es electoral y se pronunció porque los gobernadores mejor se preocupen en resolver los problemas de seguridad pública, ya que “en este año ya llevamos 5 mil 500 homicidios violentos, que se atribuyen al crimen organizado, es decir, este año se han cometido más homicidios del crimen organizado que en todo el sexenio de Fox”.

Y recordó que México tiene un compromiso internacional en el Pacto de San José y que cuando un país elimina la pena de muerte no la puede volver a establecer.

También señaló que el gobierno del presidente Felipe Calderón es “claroscuros” en materia de derechos humanos, porque si bien hay avances también, hay pendientes en temas como cárceles, seguridad pública, migrantes e indígenas.

Para Martí, entrevistado también en Los Pinos, lo más importante es mejorar los sistemas de impartición de justicia.

“Las leyes como están sin quitar la vida de nadie están bastante bien, 40, 50 y 60 años no es nada malo, es como una pena de muerte en vida”, refirió.

REYES BAEZA RESPALDA DEBATE SOBRE PENA DE MUERTE. En tanto, el gobernador de Chihuahua, el priísta José Reyes Baeza representó una voz discordante, al insistir que esta alternativa tiene que ser debatida, porque ante una circunstancia atípica de inseguridad es importante buscar medidas extraordinarias.

Explicó, en entrevista, que la sociedad demanda bajar la impunidad y aplicar penas más severas.

Mencionó que las encuestas realizadas en esa entidad señalan que 70 por ciento de los entrevistados están a favor de la pena de muerte.

Luego de que en Chihuahua se inició una consulta ciudadana sobre el tema, recomendó escuchar a la población más allá de fijar posiciones y descalificar a priori un planteamiento que pretende resolver a la gravedad del problema.

Consideró que la realidad social debe moldear paulatinamente las normas jurídicas, incluso los textos constitucionales y los propios tratados internacionales.