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Chihuahua, Chihuahua



Martes 30 de octubre de 2007

Pedir no empobrece; solidarizarse engrandece

La petición de subsidio al gas que hace el Congreso, el ejecutivo, la IP y la sociedad debe enfocarse al consumo familiar


Las temperaturas extremas que padecemos en el estado de Chihuahua obligan a que las autoridades locales, el comercio organizado y la sociedad en general soliciten legítimamente y my bien fundado, que el ejecutivo federal y el Congreso de la Unión autoricen tarifas eléctricas con sentido social y competitivas para el desarrollo industrial, como también, que se nos apoye para acceder a precios más amables del gas L.P., al menos en la temporada invernal.

Siendo Chihuahua la quinta economía de la Nación, justo sería que los legisladores y el ejecutivo federal negocien una partida presupuestal para conceder a la entidad tarifas eléctricas más accesibles y permitir a las familias más necesitadas obtener gas L. P. a precios razonables; sin embargo, tal petición resulta controversial desde el punto de vista presupuestal para el gobierno federal por lo siguiente y lo explico.

Nuestro país cuenta con grandes yacimientos de gas, tanto en el golfo de México como en el norte, pero a falta de recursos económicos y por ende, de una infraestructura adecuada para extraerlo, obliga a importarlo de la región sur de los Estados Unidos, precisamente una de las más caras del orbe. Como consecuencia, en toda la franja fronteriza, el gas que se utiliza es de esta región norteamericana.

En el caso de la energía eléctrica, de alguna forma sucede lo mismo, producir tan ansiada energía le cuesta muy caro al gobierno de la república, no en vano las multimillonarias inversiones en presas para satisfacer parcialmente la demanda; la otra, es que la legislación federal en la materia, permite la compra de energía a particulares que la producen, pero aun así es insuficiente. Mientras no se resuelva la urgencia de modificar la constitución y las leyes secundarias, seguiremos padeciendo los cortes en el suministro de luz y continuaremos pagando tarifas elevadas ante la falta de competencia para generarla, porque solo la CFE produce la mayor parte pero es insuficiente, sobre todo por la falta de recursos para invertir en mayor infraestructura.

El problema es entendible y quisiéramos fuese atendible pero no resulta fácil, porque la presidencia de la república no es quien determina los precios del gas L.P., sino que éstos se rigen por la oferta y la demanda, eso lo entienden muy bien los empresarios y comerciantes, con más razón nuestros primos que tienen bien desarrollado el apetito empresarial. Por eso cuando el ejecutivo federal exhorta a los legisladores federales y a los gobiernos estatales hacer a un lado las posiciones ideológicos y los intereses partidistas, no lo hace por mera pose mediática, sino porque en la realidad es urgente contar con una reforma amplia e integral en materia fiscal y energética, de tal suerte, que el gobierno de la república cuente con fondos suficientes para hacer frente a las demandas sociales, sobre todo en los rubros citados.

Por otra parte, hay que dejar bien claro: la petición del subsidio que hace el Congreso del estado, el ejecutivo estatal, la iniciativa privada y la sociedad en general debe enfocarse exclusivamente para apoyar el consumo familiar, en el caso del gas L.P., esto nos lleva a la realización de estudios técnicos elaborados por instituciones educativas y el INEGI para determinar las regiones y los beneficiarios, porque sería inequitativo, en caso de prosperar la iniciativa, que los grandes consorcios obtuvieran precios preferenciales que sin duda alguna pueden costear desahogadamente; en todo caso, ellos tienen tarifas eléctricas como parte de los estímulos que reciben de los tres ordenes de gobierno.

Otro escollo que resulta infranqueable para el gobierno federal es que nuestra entidad no es la única que padece temperaturas extremas; lo son también las entidades de las costas mexicanas que utilizan aire de refrigeración para atenuar los calores extremos y húmedos. Los estados del norte en su mayoría y los del centro de la república, también tienen comunidades muy marginadas donde las temperaturas invernales descienden varios grados del nivel de congelación.

En el caso que solo se concediese una partida presupuestal solo para Chihuahua implicaría un reclamo justo de las otras entidades que tienen la misma problemática, y eso, pondría en jaque las finanzas de la federación, que por otro lado, tiene que resolver con el presupuesto tan ajustado con el que cuenta, alcanzar el 8% del PIB (poco menos de la mitad del presupuesto federal) que sugiere la Unesco se destine a educación. En materia de salud se exige el 6% del PIB; la inversión en tecnología reclama el 1%. Como podremos apreciar, las obligaciones y las necesidades son amplias pero la cobija para cubrirlas es tamaño individual.

Una alternativa para avanzar en este tema es que las entidades federativas se comprometan a cubrir por lo menos un tercio del subsidio que solicitan, recursos que pueden disponer de los que le corresponden de los excedentes petroleros, tal y como ya lo ha hecho Sinaloa (no le afecta en su presupuesto); así, la carga presupuestal sería compartida (en un gesto de solidaridad social y republicana) y muy seguramente se satisface la exigencia, en tanto los legisladores federales se deciden a apoyar las reformas amplias en materia fiscal y energética. El mismo tratamiento se le puede aplicar al FONDEN del gobierno federal, creando uno estatal que destine recursos para hacer frente a las contingencias naturales